Ampuero por reintegro de $10 millones: “Vamos a respetar la institucionalidad y pagar lo que corresponde”

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El informe final de la Contraloría General de la República reveló que la consejera regional de Coquimbo, Ximena Ampuero, militante del Frente Amplio y funcionaria a contrata del Hospital San Pablo de Coquimbo, habría recibido pagos por funciones que no habría desempeñado. Según el organismo fiscalizador, entre enero y septiembre de 2024 no se encontraron registros de funciones asignadas ni de asistencia. Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó al hospital el reintegro de $10.466.208 por concepto de horas no trabajadas.

En este sentido, en conversación con Radio Guayacán, la consejera se refirió al informe y aseguró que existió un problema de descoordinación administrativa que terminó perjudicándola y enfatizó en la falta de notificación formal del caso por parte de las instituciones involucradas. Según relató, fue recién esta semana cuando recibió información directa desde el Consejo Regional y el hospital sobre los cuestionamientos señalados por Contraloría: “El día lunes me avisaron desde el consejo regional y el día de hoy en el hospital de Coquimbo me llamo el subdirector de gestión de las personas para poder notificarme de esta situación”.

La consejera explicó que cumple funciones gremiales dentro del hospital y que mensualmente entregaba certificados que acreditaban sus horas destinadas tanto a labores sindicales como a su rol como autoridad regiona; “mensualmente entregamos un certificado con las horas gremiales que nosotras ocupamos en el caso de la FENPRUSS que es mi gremio y son 44 horas semanales”, indicó. 

Además, aclaró que, desde su elección como consejera regional, contaba con horas asignadas para cumplir sus labores públicas: “Cuando empecé electa en el periodo anterior se entrega un certificado en el cual se dicta que efectivamente yo salí electa candidata y bajo la ley tengo 12 horas correspondiente para ir a las comisiones e ir a las sesiones que son lunes y martes en esta región”. 

Igualmente, recalcó que su asistencia al Consejo Regional y sus funciones como dirigenta gremial estaban acreditadas y reportadas, ya que, “mensualmente entrego mis certificados tanto que me entrega el Gobierno Regional por las horas o días que estoy presente en el Consejo Regional, y además, el certificado del gremio donde dice que 32 horas me corresponden como gremio y las 12 horas que faltan lo hago bajo lo que tengo que realizar como consejera regional electa democráticamente”.

En este sentido, la autoridad regional expresó su molestia con el hospital por no haberle notificado oportunamente sobre esta situación pese al tiempo que inicio esta investigación, “esto tiene que haber pasado en diciembre y aun así el hospital tampoco me dice lo que está procediendo. Nunca llegó la conversación, hoy día expresé mi molestia al subdirector de Recursos Humanos en el hecho de que siempre estuve ahí y nunca me dijeron nada”.

Respecto al pronunciamiento de Contraloría, Ampuero fue clara en señalar que respetará lo que determine el órgano fiscalizador: “Si lo hubiese sabido obviamente también lo expongo, pero no teníamos la información frente a esto y obviamente como hay que ser transparente y hay que respetar la institucionalidad de retribuir ese dinero como corresponde”. Igualmente, añadió que, “a lo que voy yo es al desorden administrativo que me perjudica, el hecho que después de todos estos años digan que ingresaron las 44 horas semanales sin considerar una retribución, ya sea por ir a trabajar en estas 12 horas o una devolución desde mi remuneración.”  

Finalmente, la consejera enfatizó que este caso no solo debe resolverse con el reintegro de los recursos, sino que también debe abrir la puerta a una revisión profunda de los procedimientos internos del hospital y del rol que cumplen las distintas unidades responsables en estos procesos administrativos. “Vamos a respetar la institucionalidad y pagar lo que corresponde. Pero también debemos hacer un proceso administrativo de responsabilidad de quienes están a cargo. Somos más de dos mil trabajadores, cada uno con condiciones distintas, y esto debe regularizarse”.

 

 

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