La sentencia determinó que el establecimiento asistencial actuó de manera negligente durante el proceso de parto al no adoptar oportunamente las medidas médicas que exigía la condición de riesgo del embarazo, retrasando la realización de una cesárea de urgencia hasta que aparecieron signos clínicos adversos.  

De acuerdo con el fallo, la decisión médica no se ajustó a los estándares técnicos esperables para este tipo de casos, situación que terminó provocando un evento hipóxico-isquémico perinatal que dejó al menor con un daño neurológico severo e irreversible.  

La resolución judicial sostiene que, además de la demora en la resolución del parto, tampoco se desplegaron todas las medidas terapéuticas disponibles para intentar mitigar las consecuencias una vez producido el episodio de falta de oxígeno, configurándose así un funcionamiento deficiente del servicio de salud.  

El informe pericial incorporado en la causa concluyó que el niño presenta un compromiso neurológico grave, trastorno convulsivo, dependencia respiratoria, necesidad de traqueostomía y cuidados médicos permanentes, condiciones que lo mantienen en una situación de discapacidad profunda y permanente.  

Al momento de fijar la indemnización, el tribunal consideró tanto las consecuencias irreversibles que enfrenta el menor como el impacto emocional que ha debido soportar su madre, quien asumió una dedicación permanente para su cuidado y vio profundamente alterado su proyecto de vida.  

La sentencia destaca que el daño provocado no solo afecta la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo personal del niño, sino que también genera una carga emocional y de cuidado permanente para la madre, situación que se extenderá durante toda la vida del menor.  

Por estos antecedentes, el tribunal acogió la demanda presentada contra el recinto asistencial y ordenó el pago de $100 millones para la madre y otros $100 millones para el hijo afectado, sumando una indemnización total de $200 millones por concepto de daño moral.  

La resolución concluye que el Hospital San Juan de Dios de La Serena es responsable por falta de servicio en la atención de salud brindada durante el parto, estableciendo que las decisiones adoptadas por el equipo médico fueron determinantes en el daño sufrido por el recién nacido.  

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La decisión se adoptó tras la renuncia de tres integrantes de la directiva regional: Esteban Villalobos, Cristóbal Andía y Verónica Pizarro, quienes presentaron su dimisión el pasado 8 de junio.

Según información a la que tuvo acceso Radio Guayacán, existen antecedentes al interior del partido que establecen que, en casos de renuncias masivas dentro de una directiva regional, se produce la vacancia inmediata de dicho órgano.

Por lo mismo, y de acuerdo con lo señalado en el documento, “la directiva regional se encuentra disuelta desde el 8 de junio de 2026”.
La resolución está firmada por Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano.

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Durante una entrevista en Radio Guayacán, Smittmans confirmó que ya tomó conocimiento de la denuncia y que sostuvo una reunión con las organizaciones que suscribieron el documento. Según explicó, existen canales institucionales dentro del Ministerio de Obras Públicas para abordar este tipo de situaciones y manifestó su disposición a entregar todos los antecedentes que sean requeridos.

“Conocí la carta hace un par de días, me reuní con la asociación de funcionarios. Lo conversamos y establecimos que había un canal formal donde se ven todas estas instancias dentro del Ministerio de Obras Públicas. Estoy llano a aportar todos los antecedentes que se me requieran”, señaló.

La denuncia, fechada el 5 de junio y firmada por dirigentes de distintas asociaciones de funcionarios, sostiene que desde la llegada de Smittmans se habría generado un ambiente de tensión al interior de la Seremi. Entre las principales acusaciones se mencionan cuestionamientos a las horas compensadas de algunos trabajadores, escasas instancias de diálogo, gritos o alzamientos de voz hacia funcionarios, uso de sarcasmos, retrasos en la gestión de documentos y presuntas conductas que podrían constituir acoso laboral.  

El documento también plantea inquietudes respecto a una insistente solicitud de acceso con llaves al edificio institucional fuera del horario habitual de funcionamiento, situaciones relacionadas con la administración del inmueble y cuestionamientos sobre la forma en que se estarían desarrollando algunas relaciones laborales dentro de la repartición.  

Consultado por estas acusaciones, el seremi sostuvo que existen aspectos de distinta naturaleza dentro de la carta y que algunos de ellos ya pudieron ser conversados con los dirigentes.

“Habían temas que son bastante graves y por lo tanto hay que seguir trabajando con ellos. Habían otros temas que son cuestiones mucho más objetivas y tuve la oportunidad de explicárselas”, indicó.

Respecto a las denuncias de maltrato laboral, la autoridad aseguró rechazar cualquier conducta de ese tipo, aunque reconoció que su estilo de trabajo puede ser percibido como exigente.

“No voy a descartar que puedo ser una autoridad exigente, eventualmente sí, pero estoy completa y absolutamente en contra de cualquier tipo de maltrato. Rechazo cualquier tipo de maltrato de plano. Eso es un hecho”, afirmó.

En la entrevista, Smittmans también abordó las dificultades propias de asumir recientemente el cargo y liderar una institución compuesta por cientos de funcionarios.

“Yo llevo poco más de dos meses en este puesto. Son más de 350 funcionarios. Uno tiene que acomodarse a las distintas velocidades que puede tener cada una de las instituciones. Hay que respetarlas y acomodarse. Estoy llano a hacer las adecuaciones que correspondan”, señaló.

La autoridad agregó que su principal objetivo ha sido impulsar una gestión enfocada en avanzar en los desafíos de la región, reconociendo que ello puede generar tensiones durante los procesos de adaptación institucional.

“Yo no vine a ocupar un cargo, vine a intentar sacar la región adelante, y eso puede generar externalidades. Me hago cargo de eso absolutamente”, sostuvo.

Mientras tanto, las asociaciones de funcionarios solicitaron que los antecedentes sean analizados a través de los mecanismos establecidos por el Ministerio, señalando que las situaciones descritas podrían eventualmente contravenir normas vinculadas al Estatuto Administrativo, la Ley Karin y los procedimientos internos sobre prevención y sanción del acoso laboral.  

Por ahora, el caso deberá seguir su curso mediante las instancias formales del MOP, donde se determinará si corresponde o no iniciar investigaciones administrativas respecto de los hechos denunciados.

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El hecho ocurrió en Avenida La Paz, donde funcionarios que efectuaban patrullajes a pie detectaron una venta de sustancias ilícitas en el sector de las escaleras Marta Aranda. La rápida intervención policial permitió interceptar a los involucrados antes de que la transacción se concretara.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó 67 envoltorios de pasta base de cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular que quedó a disposición de la investigación que dirige el Ministerio Público.

Como resultado del operativo fueron detenidos tanto el presunto vendedor como el comprador de la droga. Ambos corresponden a ciudadanos chilenos y mantienen antecedentes penales.

Por instrucción de la Fiscalía, el imputado por el delito de microtráfico fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención, mientras que el comprador quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, permaneciendo en libertad a la espera de una citación por parte del Ministerio Público.

Desde Carabineros destacaron que este procedimiento es consecuencia directa de los patrullajes preventivos que se desarrollan de forma permanente en distintos sectores de Ovalle, permitiendo detectar oportunamente delitos asociados al tráfico de drogas y otras incivilidades.

El subteniente Diego Benítez, de la Tercera Comisaría de Ovalle, señaló que la presencia constante de personal policial en terreno permite actuar con rapidez frente a este tipo de situaciones y contribuir a la recuperación de espacios públicos para la comunidad.

Asimismo, indicó que el combate al tráfico de drogas sigue siendo una de las prioridades operativas de la institución, tanto en su modalidad de microtráfico como en investigaciones dirigidas a organizaciones criminales de mayor alcance.

El caso continuará siendo investigado por el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades adicionales y el origen de las sustancias incautadas durante el procedimiento.

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El procedimiento se enmarca en una estrategia de reforzamiento de los servicios preventivos que la institución mantiene en este sector de Coquimbo, considerado uno de los puntos con mayor concentración de casos policiales de la provincia de Elqui.

El operativo contempló patrullajes, fiscalizaciones y controles apoyados tanto por personal en terreno como por medios aéreos, lo que permitió ampliar la cobertura policial y aumentar la vigilancia en distintos puntos de la localidad.

Entre los detenidos destacan personas con 26, 20 y 18 reiteraciones policiales, principalmente vinculadas a delitos contra la propiedad y otras infracciones. Todos mantenían órdenes judiciales pendientes al momento de ser ubicados por Carabineros.

Además de los prófugos, durante el despliegue fueron detenidas otras cuatro personas por distintos delitos, elevando a nueve el total de aprehendidos durante la jornada.

El procedimiento también permitió la detención de dos individuos por porte o consumo de drogas, en el marco de la Ley 20.000, además de la incautación de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas.

En materia preventiva, Carabineros realizó 313 controles a personas y vehículos, junto con cursar 14 infracciones por diversas faltas detectadas durante el operativo.

El capitán David Sepúlveda, de la Segunda Comisaría de Coquimbo, señaló que este tipo de servicios buscan fortalecer la seguridad en sectores donde existe una alta demanda por presencia policial y control preventivo.

La autoridad policial indicó además que el operativo incorporó apoyo del helicóptero institucional recientemente integrado a las labores de vigilancia en la región, herramienta que permite reforzar el monitoreo desde el aire y complementar el trabajo desarrollado por las patrullas en terreno.

Desde Carabineros destacaron que estas intervenciones continuarán desarrollándose en distintos sectores de la comuna con el objetivo de localizar personas requeridas por la justicia, combatir delitos de alta connotación social y aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos.

El procedimiento forma parte de una serie de operativos focalizados impulsados por la institución durante las últimas semanas en diversos sectores de Coquimbo, orientados a fortalecer la presencia policial y recuperar espacios para la comunidad.

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A través del comunicado, la colectividad manifestó su rechazo a los hechos conocidos y aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a situaciones relacionadas con ilegalidades o conductas que puedan afectar la probidad en el ejercicio de cargos públicos.

Desde el partido señalaron que no respaldarán acciones que vulneren la confianza pública y enfatizaron que quienes desempeñan funciones públicas deben actuar con apego a la ley y a los principios de transparencia.

Asimismo, indicaron que esperan que la investigación avance conforme a derecho y que la justicia determine las eventuales responsabilidades que correspondan, aplicando las sanciones contempladas en la legislación vigente si así procede.

En el mismo documento, la colectividad informó que la directiva nacional decidió remitir los antecedentes del caso a su Tribunal Supremo, instancia interna encargada de evaluar posibles medidas disciplinarias respecto de sus militantes.

La declaración concluye reafirmando el compromiso del Partido Republicano con el cumplimiento de la ley, la transparencia y los estándares éticos que, aseguran, deben regir el actuar de quienes ejercen responsabilidades públicas.

El pronunciamiento se produce horas después de conocerse la resolución judicial que dejó a la concejala con arraigo nacional mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos en un centro comercial de Coquimbo.

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La comunidad del barrio Las Torres y Sindempart celebró la inauguración de la nueva Plaza del Encuentro, proyecto que permitió recuperar un espacio históricamente deteriorado y convertirlo en un punto de reunión para niños, adultos mayores y familias del sector.

La obra, emplazada en la intersección de avenida Alessandri con calle Los Copihues, fue desarrollada gracias al trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Coquimbo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del programa Quiero Mi Barrio y la comunidad organizada.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, destacó que esta intervención es el resultado del trabajo conjunto y la participación ciudadana. “Hace mucho tiempo cuando empezamos a levantar el programa Quiero en mi Barrio y las postulaciones, escogimos este lugar, este barrio tan importante que permitía que este tipo de iniciativas recuperaran espacios públicos que se construyeran a través de la comunidad y que, en el apoyo también recibido por el Ministerio de Vivienda, por el Consejo Regional, con la municipalidad y con todos los profesionales, más la junta de vecinos se tienen estos resultados tan positivos”, señaló.

La autoridad comunal agregó que el desafío ahora es cuidar este nuevo espacio. “Este es un espacio de la comunidad y tenemos que habitar y convivir en estos espacios siempre como corresponde. Esta recuperación tan bonita les pertenece a los niños, a los adultos mayores y a la familia completa”, indicó.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, valoró la alianza con el municipio para avanzar en la recuperación de espacios públicos. “Hemos estado trabajando de la mano con el alcalde Ali Manouchehri para recuperar espacios que habían sido abandonados y entregados a la delincuencia. A través del programa Quiero Mi Barrio entregamos apoyo económico y un trabajo social junto a la comunidad para identificar sus necesidades. Hoy estamos entregando algo concreto y seguro para nuestros niños”, expresó.

La nueva Plaza del Encuentro cuenta con juegos infantiles, mobiliario urbano, bancas, bicicleteros, zonas de sombra, paisajismo, pavimentos y nueva iluminación, elementos que buscan fortalecer la convivencia y la apropiación del espacio público por parte de la comunidad.

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El beneficio está dirigido a embarcaciones de hasta 12 metros de eslora que registren actividad extractiva durante el mes anterior. Sin embargo, Aguilera afirmó que la medida tiene una cobertura insuficiente y no responde a las necesidades reales de los pescadores artesanales.

Según explicó, el aporte solo cubre una parte de los costos de combustible y beneficia principalmente a las empresas distribuidoras. Además, criticó el requisito de acreditar actividad extractiva reciente, ya que factores climáticos, vedas y otras condiciones propias de la actividad pueden impedir las faenas durante largos períodos.

El dirigente también manifestó su preocupación por los efectos de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero. Según indicó, la normativa impediría el ingreso de cerca de cinco mil nuevos armadores al sistema, lo que afectaría indirectamente a unos 15 mil pescadores que podrían acceder a determinadas cuotas de extracción.

Aguilera señaló además que la Contraloría habría instruido acciones a la Subsecretaría de Pesca respecto de la implementación de la normativa y acusó falta de voluntad para corregir errores heredados de administraciones anteriores. A su juicio, esta situación ha profundizado las diferencias entre el sector artesanal y el industrial.

Finalmente, insistió en que las medidas relacionadas con la pesca artesanal “deberían ser consensuadas, conversadas y no asignadas de la forma en que lo están haciendo”. Por otra parte, asegura que las demandas del sector se extienden a nivel nacional y que espera una respuesta desde el ámbito político.

Por Josefa Robles

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La actividad, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), contempla tres jornadas de trabajo donde las autoridades comunales participan en exposiciones, paneles y mesas de discusión centradas en temas como legislación municipal, fiscalización, vivienda, urbanismo, descentralización, Ley del Lobby y Ley de Alcoholes.  

El encuentro ha sido catalogado como uno de los más masivos realizados para representantes comunales en Chile, consolidando a Coquimbo como sede de una instancia que busca fortalecer el trabajo de los concejos municipales y promover el intercambio de experiencias entre comunas con distintas realidades territoriales.  

Uno de los principales objetivos del congreso es generar espacios de aprendizaje y colaboración entre autoridades locales, permitiendo compartir iniciativas exitosas y debatir sobre las necesidades que enfrentan los municipios en áreas como seguridad, desarrollo urbano, servicios comunitarios y gestión pública.  

Durante las jornadas también se han abordado temas relacionados con el fortalecimiento de la descentralización y la necesidad de entregar mayores herramientas a los gobiernos locales para responder a las demandas de la ciudadanía.  

Los participantes han destacado además la posibilidad de conocer en terreno proyectos desarrollados en Coquimbo, especialmente iniciativas vinculadas a seguridad pública, recuperación de espacios urbanos, programas para adultos mayores y mejoramiento de infraestructura comunitaria.  

Representantes comunales de distintas zonas del país señalaron que este tipo de encuentros permite adquirir conocimientos y recoger experiencias que posteriormente pueden ser replicadas en sus respectivas comunas, fortaleciendo así el trabajo municipal a nivel nacional.  

La realización del congreso posiciona a Coquimbo como un punto de referencia para el debate sobre gestión local y descentralización, reuniendo durante varios días a autoridades que representan a comunidades de todo Chile y que buscan impulsar soluciones a problemáticas compartidas en los distintos territorios.  

El evento concluirá con una serie de conclusiones y propuestas orientadas a fortalecer el rol de los municipios y de los concejales en la toma de decisiones locales, en un contexto donde las demandas ciudadanas exigen cada vez una mayor capacidad de gestión y coordinación desde los gobiernos comunales.  

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