Tras la toma de razón del decreto promulgatorio por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, envió al Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) para concretar el último paso para su entrada en vigencia como Ley de la República. Se espera que el texto sea publicado en el Diario Oficial el lunes 29 de septiembre.

Esta Ley fue impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de avanzar en simplificar la obtención de permisos, entregando mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes. La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos de los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional que verán reducido los tiempos de tramitación en un 50%. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

El proyecto que ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado por el Congreso luego de 18 meses de tramitación, ha sorteado todas las etapas clave para convertirse en ley. El pasado 4 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) culminó el control de constitucionalidad, resolviendo que el articulado cumplía con la Carta Fundamental. Luego, el día 17 de septiembre se firmó el decreto promulgatorio que fue enviado a Contraloría para la toma de razón, la que ocurrió el 23 de septiembre.

“Estamos a punto de cumplir toda la tramitación para que este proyecto se convierta en Ley. Esta es una normativa muy esperada por el sector privado y para los trabajadores, ya que facilitará la creación de más y mejores empleos. Nuestro principal objetivo es que quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar la inversión, pilar fundamental del crecimiento y así impulsar la creación de más y mejores empleos”, indicó el ministro de Economía, Álvaro García.

La ley 21.770 es una reforma estructural que moderniza el Estado, simplificando y modernizando los procesos administrativos. De esta forma, incorpora diversas materias orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

Tramitación paralela de autorizaciones

Una de las primeras medidas que empezará a regir es la tramitación paralela de autorizaciones, un nuevo principio clave en la simplificación administrativa que permitirá a los titulares de proyectos tramitar de forma más ágil y simultánea los permisos, salvo que una ley indique lo contrario. De esta forma, se prohíben expresamente las exigencias de trámites secuenciales.

En este sentido, explica García, el Ministerio de Economía está preparado para esta nueva etapa, que implica la dictación de al menos 29 reglamentos tanto para ejecutar la Ley Marco como para intervenir las 46 leyes sectoriales como Código de Aguas, Servicios Eléctricos, Código de Minería, entre otros. Hay que tener en cuenta que de inmediato empieza a regir la posibilidad de tramitar en simultáneo los permisos requeridos para partir o ampliar una obra o emprendimiento, sin tener que esperar como ocurría en el pasado, el término de un trámite para iniciar otro.

Paulina Elgueta Castillo, SEREMI de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Coquimbo, destacó que “la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ha sido fruto de un trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con los órganos sectoriales involucrados y con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad más ágil, moderna y eficiente, que facilite el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige”.

En la misma dirección, Camila Sabando Vega, SEREMI(s) de Gobierno de la Región de Coquimbo, subrayó que “la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es un compromiso cumplido del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que responde al objetivo de mejorar las condiciones de inversión, con la finalidad de generar más y mejores empleos para el país y su gente. Asimismo, busca dar más certezas a los titulares de inversiones sostenibles, de que sus proyectos serán evaluados con exigencias y plazos bien definidos, sin que ello implique sacrificar los estándares técnicos y ambientales”.

Principales soluciones

Es importante destacar que, entre las principales soluciones que establece el proyecto, está las normas mínimas de tramitación, ya que establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales, tales comon el inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.

Además, introduce las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), que permiten reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios y crea la Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER, que transforma en política de Estado permanente la plataforma SUPER, la cual, tras su plena implementación, funcionará como entrada única y trazable para todas las solicitudes de autorizaciones sectoriales.

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La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores, confirmando la plena vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021 del proyecto Dominga.

Se trata de un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental. Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización.

Con este dictamen se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga: una oportunidad largamente esperada por la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo.

El fallo ratifica lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024 y confirma que las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares, con vicios de legalidad, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento, y solo queda pendiente el cumplimiento de dicha sentencia ante el 1TA.

“Este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”, destacó Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron.

La empresa recordó que el proyecto superó un proceso de evaluación ambiental exigente, con ICE favorable y aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en 2021, y que actualmente avanza en la obtención de permisos sectoriales para iniciar su construcción.

En el ámbito judicial, solo queda pendiente una discusión de carácter procesal, radicada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa al cumplimiento incidental del último fallo del Primer Tribunal Ambiental.

Asimismo, destacó que los intentos judiciales presentados en los últimos meses para frenar el proyecto fueron rechazados en todas las instancias, lo que reafirma la solidez de la aprobación ambiental de Dominga.

El proyecto contempla una inversión de US$ 2.500 millones, la creación de cerca de 30.000 empleos durante la construcción y un robusto plan de mitigación, compensación y monitoreo ambiental. Producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley (magnetita) y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

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