La controversia por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales sumó este jueves un nuevo capítulo. Además de anunciar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, parlamentarios de oposición solicitaron investigar eventuales responsabilidades penales. En paralelo, el Gobierno reconoció que enfrenta una crisis, mientras aumentan las diferencias dentro del oficialismo por la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener al secretario de Estado.

La situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúa complicándose. Este jueves 29 de octubre, la oposición anunció nuevas acciones para determinar eventuales responsabilidades penales relacionadas con los decretos que permitieron reducir condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, además de otros delitos graves.

Los parlamentarios solicitaron al fiscal nacional designar a un persecutor especial para investigar posibles ilícitos, luego de cuestionar la información entregada por Rabat durante su comparecencia ante la Cámara de Diputadas y Diputados. En particular, sostienen que el ministro habría proporcionado antecedentes falsos o imprecisos al referirse a decisiones similares adoptadas durante el Gobierno anterior.

La solicitud de investigación penal constituye una acción distinta de la acusación constitucional anunciada por las bancadas opositoras, cuya presentación se proyecta para la próxima semana. Hasta ahora, estos cuestionamientos no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.

GOBIERNO RECONOCE UNA CRISIS

Uno de los antecedentes políticos más significativos de la jornada fueron las declaraciones del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien reconoció que el Ejecutivo enfrenta una crisis importante por los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales.

Aunque defendió la determinación presidencial de mantener a Rabat, admitió que esa decisión podría revisarse, señalando que su permanencia no está definitivamente resuelta.

El reconocimiento marca un cambio en el tono de La Moneda, que hasta ahora había concentrado sus esfuerzos en respaldar la actuación del ministro y atribuir parte de las dificultades a deficiencias del sistema judicial.

El Presidente José Antonio Kast, por su parte, ha insistido en que el problema excede la responsabilidad individual de una autoridad y requiere corregir las fallas del mecanismo de reducción de condenas. Sin embargo, su decisión de mantener al ministro lo sitúa en el centro de la controversia política.

CÁMARA PIDIÓ LA SALIDA DE TRES AUTORIDADES

La crisis se profundizó luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este miércoles, por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, una resolución solicitando al Presidente la salida del ministro Fernando Rabat, del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, su importancia política radica en que también recibió respaldo de parlamentarios del oficialismo, evidenciando diferencias entre el Partido Republicano y sectores de Chile Vamos.

La división se ha manifestado especialmente en Renovación Nacional y la UDI, donde distintas autoridades han cuestionado la conveniencia de mantener a Rabat en su cargo.

El conflicto representa una dificultad adicional para Kast, que necesita preservar la coordinación de los partidos de Gobierno para avanzar en su agenda legislativa.

DENUNCIA POR PREVARICACIÓN 

Entre las novedades conocidas este jueves destaca la gestión de los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC), quienes solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva.

Los parlamentarios cuestionan que el Ministerio de Justicia haya aplicado criterios derivados de fallos judiciales para conceder rebajas de condenas, pese a la existencia de disposiciones legales que, según su interpretación, debían impedir esos beneficios.

El punto central es determinar si la autoridad administrativa podía extender criterios de la jurisprudencia a situaciones que no estaban directamente comprendidas en las resoluciones judiciales.

La denuncia deberá ser investigada por el Ministerio Público y no constituye, por sí misma, una acreditación de delito.

NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE EL RIESGO PARA LAS VÍCTIMAS

El origen de la controversia está en las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Una investigación de Bío Bío permitió identificar a 33 beneficiados que ya se encontraban en libertad, algunos de los cuales registraban informes de Gendarmería que advertían factores de riesgo de reincidencia, ausencia de reconocimiento del delito o falta de empatía con las víctimas.

Otro aspecto especialmente cuestionado es que las víctimas no habrían sido notificadas de las reducciones que adelantaron la salida de los condenados.

Durante su comparecencia ante el Congreso, Rabat reconoció deficiencias en la participación de las víctimas dentro del procedimiento, pero defendió la legalidad de las decisiones adoptadas.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL PODRÍA PRESENTARSE EL 3 DE NOVIEMBRE

De acuerdo con los antecedentes conocidos este jueves, la oposición proyecta ingresar la acusación constitucional el martes 3 de noviembre, con la expectativa de que pueda ser votada durante la segunda quincena de ese mes.

De prosperar en la Cámara y posteriormente en el Senado, Rabat podría ser destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.

Sin embargo, el procedimiento también representa un desafío para el oficialismo, debido a que distintos parlamentarios de RN y la UDI han expresado posiciones críticas sobre la continuidad del ministro.

El Gobierno deberá decidir si mantiene su respaldo político durante la tramitación de la acusación o adopta medidas para evitar que la controversia siga afectando su agenda.

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Después de varios meses alejado de la primera línea política regional, Andrés Guerra reapareció esta semana en la administración pública, tras concretarse su contratación como jefe de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Ovalle.

El nombramiento llama la atención debido a que Guerra, excandidato a gobernador regional y expresidente del Partido Republicano en Coquimbo, había quedado fuera de los primeros cargos designados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, pese a su trayectoria política y cercanía con sectores del oficialismo.

La información fue confirmada a Radio Guayacán por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, que, ante las consultas sobre su incorporación, entregó la siguiente declaración:

“Respecto a la contratación de Andrés Guerra como jefe de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Ovalle, ésta se realizó conforme a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Bienes Nacionales, cumpliendo con los requisitos exigidos para el cargo”.

Con esta respuesta, la cartera confirmó la contratación de Guerra y defendió la regularidad administrativa del procedimiento. Sin embargo, la declaración no entrega antecedentes sobre el proceso de selección ni las circunstancias políticas que habrían rodeado la decisión.

EL ANTECEDENTE QUE VINCULÓ A GUERRA CON LA INVESTIGACIÓN POR ROBO DE CABLES

Uno de los aspectos que vuelve a poner su nombre en el debate público es su relación política con Francisco San Martín, ex militante republicano y excandidato a alcalde de Coquimbo, imputado en una investigación por una organización criminal dedicada al robo y comercialización de cobre.

En 2025, Guerra y el entonces candidato presidencial José Antonio Kast fueron convocados por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que abordaba el robo de cables de cobre en el país.

La citación surgió después de conocerse fotografías de una reunión social en la que aparecían ambos dirigentes junto a Francisco San Martín, sindicado por la Fiscalía como líder de la organización investigada en la denominada Operación Oro Rojo.

La investigación penal permitió desarticular una estructura vinculada al robo, acopio y comercialización de cobre, con operaciones en distintas regiones del país.

Cabe precisar que la citación parlamentaria a Andrés Guerra tuvo por objeto conocer eventuales antecedentes sobre San Martín y no implica que Guerra haya sido imputado o que exista responsabilidad penal acreditada de su parte.

NUEVO CARGO

Otro elemento que rodea la llegada de Guerra a Bienes Nacionales apunta a las decisiones adoptadas previamente para cubrir el cargo provincial.

De acuerdo con antecedentes proporcionados por fuentes de Radio Guayacán, la persona inicialmente considerada para asumir la jefatura de la oficina de Ovalle habría sido Alejandra Valdovinos, exseremi de Justicia.

Sin embargo, esta designación no se habría concretado luego de una intervención atribuida por esas mismas fuentes a Catalina Ugarte, jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast.

BIENES NACIONALES DEFIENDE EL PROCEDIMIENTO

Antes de conocerse la declaración oficial, la llegada de Guerra había quedado en evidencia mediante dos publicaciones realizadas por el propio exdirigente republicano en sus redes sociales, desde su nuevo lugar de trabajo.

Posteriormente, la Seremi de Bienes Nacionales confirmó su contratación y aseguró que se cumplieron los requisitos establecidos para el cargo.

No obstante, la respuesta institucional deja pendiente preguntas sobre los criterios que determinaron su elección, la eventual existencia de otros postulantes y las razones por las cuales se habría modificado una decisión inicial, según las fuentes consultadas.

Por ahora, la contratación está confirmada oficialmente. Lo que resta por esclarecer son los antecedentes políticos y administrativos que precedieron su llegada a la jefatura provincial de Bienes Nacionales en Limarí.

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El consejero regional por la provincia de Elqui, Francisco Corral Macías, anunció su renuncia al Partido Republicano, acusando diferencias políticas insalvables, desconsideración hacia la militancia regional, falta de respuestas de las dirigencias y cuestionamientos a las decisiones del Tribunal Supremo. Pese a su salida de la colectividad, confirmó que continuará ejerciendo su cargo y manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Un nuevo episodio de tensión interna enfrenta el Partido Republicano en la Región de Coquimbo. Este miércoles 28 de octubre, el consejero regional Francisco Corral Macías comunicó oficialmente su decisión de abandonar la colectividad, mediante una declaración pública y una carta dirigida a las directivas nacional y regional, además de los militantes de la zona.

En ambos documentos, el representante de la provincia de Elqui expone los motivos de su alejamiento, aunque la carta interna contiene cuestionamientos más específicos y severos sobre el funcionamiento del partido, el trato hacia sus militantes y la actuación de sus principales autoridades.

Corral fundamentó su decisión en la existencia de profundas diferencias respecto de la conducción política de la colectividad y su proyecto de futuro.

“Hoy, sin embargo, existen diferencias insalvables sobre la visión política necesaria para construir un proyecto común frente a los desafíos actuales y futuros del Partido y del país”, sostuvo.

A ello agregó discrepancias respecto de la gestión y las decisiones adoptadas por las dirigencias nacional y regional, señalando que las condiciones actuales hacen imposible continuar trabajando bajo un mismo proyecto político.

LA CARTA INTERNA 

Uno de los aspectos más relevantes de esta renuncia aparece en la carta dirigida a la estructura partidaria, cuyo contenido va más allá de lo expresado en la declaración pública.

En el documento, Corral denuncia “reiteradas desconsideraciones hacia una parte importante de la militancia regional” y cuestiona la falta de respuesta de las directivas frente a situaciones que, según asegura, fueron comunicadas por canales oficiales y directamente a distintas autoridades republicanas.

El consejero regional también apunta a una supuesta inconsecuencia entre las actuaciones del Tribunal Supremo y la Directiva Nacional ante hechos que califica como graves.

Asimismo, critica la escasa valoración del mérito al momento de adoptar decisiones respecto de los representantes de la colectividad.

Estos planteamientos introducen un elemento adicional a la renuncia: no se trataría únicamente de diferencias ideológicas o estratégicas, sino también de un conflicto relacionado con la conducción interna, los procedimientos partidarios y la representación de la militancia.

Sin embargo, la carta no identifica los episodios concretos que originaron estas críticas ni individualiza a los dirigentes responsables, por lo que tales antecedentes requieren ser aclarados.

CONTINUARÁ COMO CONSEJERO REGIONAL 

Pese a su salida del Partido Republicano, Francisco Corral confirmó que continuará desempeñándose como consejero regional de la provincia de Elqui hasta el término de su período.

El representante aseguró que mantendrá su compromiso con las necesidades de la Región de Coquimbo, por encima de los intereses partidarios.

También estableció una distinción entre su renuncia a la colectividad y su relación con la administración del presidente José Antonio Kast.

“Mantengo mi disposición a seguir colaborando con el Gobierno, como lo he hecho desde el principio: apoyaré todo aquello que considere positivo para la región y el país, y expresaré mi opinión cuando no lo considere así”, afirmó.

No obstante, acompañó ese respaldo condicionado con una advertencia sobre el funcionamiento del Ejecutivo, señalando que el país necesita un Gobierno que no sea complaciente con sus integrantes ni busque excusas frente a los errores, sino que mantenga altos estándares de cumplimiento.

La declaración adquiere relevancia política porque, si bien Corral se distancia de la estructura partidaria que contribuyó a llevar a Kast a La Moneda, no plantea una ruptura con su administración.

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“Ante la declaración del gobierno, que ha reconocido que fue un error esto de la rebaja de penas de 56 monstruos, entre violadores y violadores de Derechos Humanos, primero queremos decirle al gobierno que esto no fue un error, esto fue un horror. Y es por eso que emplazamos al gobierno inmediatamente a pedir la renuncia al ministro Rabat y al subsecretario Irarrázaval”, dijo Salinas Maya.

El diputado comunista agregó que, ante esto, el mejor gesto que puede hacer el Presidente Kast como gesto de “dignidad y de reparación es pedir la renuncia y dar una señal absolutamente distinta con respecto a esta rebaja”.

“Creo que lo mínimo que puede hacer son los responsables directos, porque no solamente han cometido un horror gigantesco, sino que han golpeado el discurso del propio presidente de la República, que en su campaña dijo que jamás rebajaría penas ni indultaría a violadores y abusadores de niños, niñas y adolescentes”, detalló Salinas.

El legislador añadió que el Presidente “se contradice, pero además es una segudilla de mentiras, donde no ha sido transparente. Los casos no se han transparentado”, recalcó el diputado comunista.

Bernardo Salinas detalló que fue la propia Presidenta de la Corte Suprema, Ministra Gloria Ana Chevesich, quien tuvo que salir al paso de las declaraciones del titular de Justicia, para descartar alguna intervención en estas rebajas de condenas.

“No solamente aquí amerita la destitución del ministro, la destitución del subsecretario, sino que además tiene que ser tremendamente consistente en abtenerse ahora y a futuro de cualquier medida de este tipo, porque grava y daña profundamente la conciencia de todos los chilenos, pero particularmente vuelve a victimizar a los familiares, a las víctimas directas”, expresó Salinas.

“Por eso, Presidente de la República, el mejor gesto que puede hacer usted de dignidad y de reparación es pedir la renuncia y dar una señal absolutamente distinta con respecto a esta rebaja”, concluyó el diputado por la Región de Coquimbo.

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Esto, luego de conocerse que de estas 56 causas, 33 corresponderían a pederastas con alto riesgo de reincidencia.
“Son los derechos más importantes de las personas en nuestro país. Imagínate, la indignidad sexual de niños y niñas de nuestro país. ¿Cómo eso no va a ser lo más importante? Ellos mismos han tenido un discurso todos estos años de que los niños primero, que los niños no se tocan, y son ellos mismos quienes dejan en libertad a las personas que cometieron estos delitos que son terribles”, dijo la parlamentaria.

La diputada agregó que “estamos hablando de delincuentes que son pederastas y violadores de derechos humanos. Y acá creo que eso no puede tener una justificación. Han dicho que en la ley hay un vacío legal y que aquí hay que cambiar la ley, y que van a presentar algunos proyectos con discusión inmediata para que esto se solucione ahora ya”.

“Entonces, a mí me parece que es como una seguidilla de explicaciones que ninguna por sí sola te puede dar una respuesta coherente. Y en ese sentido, a mí me parece que el ministro (de Justicia, Fernando) Rabat debiera dar un paso al costado. Nosotros lo dijimos con fuerza la semana pasada”, puntualizó Tello.

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El Presidente José Antonio Kast reconoció este lunes un error de su Gobierno por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, descartó solicitar la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien firmó los cuestionados decretos.

Desde La Moneda, el mandatario calificó lo ocurrido como un hecho grave e inaceptable. “No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel”, sostuvo, agregando que “el Estado les falló”.

Pese a los cuestionamientos, Kast ratificó a Rabat en su cargo y le encargó esclarecer lo ocurrido, revisar los decretos y promover modificaciones legales que impidan nuevos beneficios para condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el ministro había descartado renunciar, defendiendo el criterio jurídico utilizado para conceder las rebajas. No obstante, reconoció que la normativa no contemplaba una consideración suficiente de las víctimas y anunció una propuesta para reforzar su participación e incorporar control judicial en estos procedimientos.

La controversia mantiene abierto el debate sobre las responsabilidades políticas del Ministerio de Justicia y la protección efectiva de las víctimas frente a los beneficios penitenciarios.

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Un fuerte intercambio de declaraciones se produjo  entre el senador Daniel Núñez y el  vocero de Gobierno de la Región de Coquimbo, luego de que el parlamentario cuestionara públicamente el desempeño del delegado presidencial regional, Víctor Pino, acusando lentitud en diversas gestiones y exigiendo un papel más activo de la autoridad para dar respuesta a las necesidades del territorio.

Las críticas provocaron la respuesta del secretario regional ministerial de Gobierno, Darwin Cortés, quien salió en defensa del delegado y aseguró que Pino mantiene una agenda permanente de trabajo para impulsar proyectos estratégicos. Además, cuestionó al senador, señalando que sus críticas no contribuyen a resolver los problemas de la región.

“QUE SALGA DEL ESCRITORIO”

El senador Daniel Núñez sostuvo en entrevista de Ciudad Despierta de Radio Guayacán, que, pese a que el Presidente de la República ha recogido distintas demandas de la Región de Coquimbo, existen procesos administrativos e iniciativas que continúan avanzando con lentitud, situación que, a su juicio, exige una mayor capacidad de coordinación y gestión de las autoridades regionales.

En ese contexto, dirigió sus cuestionamientos directamente al delegado presidencial, Víctor Pino, recordando su anterior desempeño como diputado y las críticas que formulaba a la administración pasada. “Cuando era diputado era el especialista en criticar al gobierno anterior y que todo era lento. Bueno, que salga del escritorio, se pare un poquito y haga gestión”, expresó el parlamentario.

Núñez argumentó que muchas de las demoras podrían reducirse mediante una coordinación más efectiva con los ministerios, los servicios públicos y las comunidades involucradas. “Todas estas cosas que se retrasan, que son trámites, cuando uno hace gestión, cuando uno habla con las autoridades, cuando uno resuelve temas, cuando uno hace diálogo con las comunidades, se hacen más rápido”, afirmó.

El senador insistió en que las autoridades que representan al Ejecutivo en la región deben involucrarse activamente en la resolución de los problemas y asumir una mayor responsabilidad frente a los retrasos. “Yo espero que asuman el cargo que tienen y se pongan las pilas”, concluyó.

GOBIERNO RESPONDE

Las declaraciones del parlamentario encontraron una respuesta directa del seremi de Gobierno, Darwin Cortés, quien rechazó los cuestionamientos y defendió el trabajo desarrollado por Víctor Pino desde la Delegación Presidencial Regional. “Víctor Pino está todos los días haciendo gestiones por la Región de Coquimbo. Mientras el delegado trabaja por las necesidades de la región, al senador Núñez solo lo vemos criticando. La gente necesita autoridades que gestionen y ayuden a buscar soluciones”, afirmó el vocero regional.

Cortés sostuvo que la gestión del delegado se refleja en una serie de reuniones y coordinaciones con autoridades nacionales para avanzar en proyectos de infraestructura que considera prioritarios para la región. Entre los antecedentes mencionados, destacó que en marzo Pino abordó con el Ministerio de Obras Públicas iniciativas como la desaladora de El Panul, la circunvalación de La Serena y la Ruta CH-41.

Asimismo, señaló que en julio el delegado volvió a reunirse con el titular de Obras Públicas para impulsar estas iniciativas y abordar materias relacionadas con el Paso Internacional Agua Negra.

El seremi agregó que, durante septiembre, Pino sostuvo una reunión con la directora general de Concesiones para revisar los avances de la desaladora y la circunvalación, además de las acciones necesarias para continuar la tramitación ambiental del proyecto correspondiente.

PASO AGUA NEGRA 

Como ejemplo del trabajo territorial del delegado, Cortés destacó que durante esta semana Pino se trasladó hasta la cordillera para participar en gestiones destinadas a la habilitación del Paso Internacional Agua Negra, en el marco de los preparativos para una nueva temporada de ingreso de turistas argentinos a la Región de Coquimbo.

Según el vocero, estas actividades reflejan que la autoridad presidencial no solo mantiene reuniones con organismos del nivel central, sino que también desarrolla coordinaciones en terreno para abordar necesidades regionales. “Esas son gestiones concretas por la región. El delegado está trabajando y haciendo seguimiento a proyectos importantes para las familias de Coquimbo. Las críticas no reemplazan el trabajo”, concluyó Cortés.

GESTIONES Y RESULTADOS

El enfrentamiento deja en evidencia las diferencias entre el senador Núñez y el Ejecutivo regional respecto de la conducción de proyectos considerados estratégicos para Coquimbo.

Mientras el parlamentario exige mayor rapidez en la tramitación de iniciativas y una intervención más activa del delegado presidencial, el Gobierno defiende las reuniones, coordinaciones ministeriales y actividades en terreno como parte de las acciones desarrolladas para impulsar esas mismas demandas.

La controversia también instala una discusión sobre los resultados concretos de estas gestiones, especialmente en proyectos como la desaladora de El Panul, la circunvalación de La Serena y la apertura del Paso Agua Negra, cuyos avances, plazos y ejecución tienen impacto directo en la conectividad, el abastecimiento hídrico y el desarrollo económico regional.

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La Fiscalía Nacional resolvió remitir a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, para investigar eventuales delitos asociados a las operaciones financieras de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en medio de la controversia por las millonarias pérdidas registradas en los ahorros previsionales.

La decisión fue formalizada mediante el oficio N.º 1363/2026, fechado el 21 de octubre, a través del cual el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir.

El Ministerio Público deberá examinar los hechos denunciados y determinar si existen antecedentes que permitan establecer eventuales responsabilidades penales en las decisiones de inversión adoptadas por las administradoras.

La presentación de los parlamentarios apunta particularmente a la posible configuración del delito de administración desleal, ante las interrogantes sobre operaciones financieras que habrían expuesto los ahorros previsionales a riesgos significativos.

FONDO E ACUMULA CAÍDA DE 10,39% Y AUMENTA LA PREOCUPACIÓN

La controversia se intensificó luego de conocerse que el Fondo E, considerado el más conservador del sistema de multifondos, registró una rentabilidad real acumulada de -10,39% entre enero y septiembre de 2026, según antecedentes de la Superintendencia de Pensiones.

Parte de las pérdidas de valorización se relaciona con operaciones mediante instrumentos financieros derivados conocidos como swaps de tasas de interés, que permiten asumir exposición a las variaciones de tasas de interés sin adquirir directamente los bonos subyacentes.

Estas operaciones quedaron bajo cuestionamiento luego de movimientos adversos en los mercados financieros internacionales, especialmente en las tasas de interés estadounidenses.

La situación ha generado preocupación entre los afiliados, particularmente entre quienes se encuentran próximos a jubilar y cuentan con una menor capacidad de recuperación frente a fluctuaciones de sus ahorros.

MANOUCHEHRI: “SI HUBO DELITOS, QUE LOS RESPONSABLES PAGUEN CON CÁRCEL”

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía Nacional, el diputado Daniel Manouchehri valoró el avance de la denuncia y reiteró sus cuestionamientos a la gestión de las administradoras.

“El portonazo de las AFP, gracias a nuestra denuncia, será investigado por la Fiscalía Centro Norte. Hay gente que está por jubilar y el portonazo de las AFP les ha sacado parte importante de sus ahorros. Exigimos que respondan con su patrimonio y, si hubo delitos, que los responsables paguen con cárcel”, señaló el parlamentario.

La denuncia busca esclarecer si las decisiones financieras de las administradoras respondieron exclusivamente a criterios de rentabilidad y seguridad de los fondos o si existieron otros intereses que pudieran haber perjudicado a los afiliados.

CICARDINI EXIGE SANCIONES Y COMPENSACIONES PARA LOS AFECTADOS

Por su parte, la senadora Daniella Cicardini destacó la decisión de remitir los antecedentes a la fiscalía regional, subrayando la necesidad de investigar las eventuales responsabilidades de quienes participaron en las operaciones cuestionadas.

“La Fiscalía acoge a trámite nuestra denuncia que hicimos junto al diputado Manouchehri, que va a dar inicio a una investigación. Estas son buenas noticias para la búsqueda de sanciones, de justicia y de compensación para miles de trabajadores que estaban a punto de jubilar o afectados por la irresponsabilidad de las propias AFP al jugar con la plata de la gente”, afirmó.

La legisladora agregó que “si existen responsabilidades de los ejecutivos, que paguen y que compensen tanto con su patrimonio como con penas de cárcel, si se corrobora nuestra fundada sospecha de la existencia de delitos”.

SUPERINTENDENCIA INICIÓ PROCEDIMIENTOS CONTRA LAS SIETE AFP

La investigación penal se suma a las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, organismo que inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras para determinar si existieron incumplimientos de sus obligaciones en la gestión de los recursos previsionales.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, informó el 20 de octubre que solicitó antecedentes al regulador sobre la caída del Fondo E y las medidas adoptadas para proteger los ahorros de los trabajadores.

La autoridad sostuvo que corresponde esclarecer las circunstancias de las operaciones financieras y determinar eventuales responsabilidades, resguardando el debido proceso.

En paralelo, parlamentarios de oposición solicitaron la designación de un fiscal con dedicación exclusiva, debido a la magnitud y complejidad de las operaciones investigadas.

¿QUÉ DEBERÁ ESCLARECER LA INVESTIGACIÓN?

Entre los principales aspectos que deberán examinarse se encuentran los criterios utilizados para adoptar las decisiones de inversión, los mecanismos de evaluación de riesgos, la información disponible al momento de realizar las operaciones y la existencia de posibles conflictos de interés.

También será relevante determinar si las actuaciones de las AFP se ajustaron a sus obligaciones legales de administrar los recursos previsionales en beneficio de los afiliados.

La Fiscalía Nacional precisó que la remisión de la denuncia no constituye un pronunciamiento sobre la existencia de delitos ni sobre responsabilidades penales.

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Una dura crítica a la capacidad de respuesta del Estado frente a las emergencias formuló el alcalde de Illapel, Denis Cortés, quien denunció que las consecuencias de los temporales de julio siguen afectando gravemente a distintos sectores de la comuna y de la provincia del Choapa, sin que hasta ahora existan soluciones definitivas para recuperar toda la infraestructura dañada.

En entrevista con el programa Ciudad Despierta de Radio Guayacán, este miércoles 21 de octubre, el jefe comunal cuestionó especialmente la rapidez con que el Gobierno responde a las emergencias en distintos territorios y advirtió sobre la necesidad de garantizar criterios de igualdad durante el próximo proceso de reconstrucción.

“El Estado tiene que llegar con la misma rapidez a todos lados. Y si llega así de rápido a Las Condes, también tiene que llegar de rápido a Illapel”, sostuvo.

PEQUEÑOS MINEROS LLEVAN MÁS DE DOS MESES SIN INGRESOS

El alcalde describió una situación especialmente preocupante para la pequeña minería, una de las actividades productivas relevantes de la provincia del Choapa.

Según explicó, numerosos caminos que permiten acceder a las faenas permanecen intransitables, impidiendo que los trabajadores desarrollen sus actividades productivas. “Aún tenemos pequeños mineros que no pueden acceder a sus minas. Aún tenemos caminos intransitables para los pequeños mineros”, señaló.

Cortés afirmó que, pese a la disposición de recursos para enfrentar esta situación, estos han resultado insuficientes para recuperar los accesos. La autoridad subrayó que el problema resulta especialmente contradictorio considerando los elevados precios internacionales del cobre y del oro. “Hay pequeños mineros que llevan más de dos meses sin ningún ingreso”, advirtió.

Las consecuencias de la emergencia también siguen afectando al sistema educacional de la comuna. El alcalde reveló que todavía existe un establecimiento cuyos estudiantes deben recibir clases en una sede social, debido a las dificultades que persisten tras los temporales.

CANALES DAÑADOS 

Otro de los problemas expuestos por Cortés corresponde a la infraestructura de riego, cuyos daños podrían comprometer el aprovechamiento del agua acumulada durante las precipitaciones.

Si bien reconoció avances en las reparaciones, estimó que todavía queda por intervenir al menos un 30% de los canales correspondientes al ámbito de la Junta de Vigilancia del Río Illapel y un porcentaje mayor en sectores vinculados a la Junta de Vigilancia del Río Choapa, particularmente en el canal Buzeta. “Hay zonas donde van a pasar las lluvias, vamos a tener el agua embalsada y no necesariamente se va a poder usar”, alertó.

Esta situación representa un desafío para la actividad agrícola, considerando que la disponibilidad de agua almacenada no garantiza su utilización si los sistemas de conducción continúan dañados.

 PRESIÓN PÚBLICA PARA ZONA DE CATÁSTROFE

Uno de los cuestionamientos más severos del alcalde apuntó a la demora en la respuesta institucional durante la emergencia de julio. Cortés aseguró que fue necesario realizar gestiones y ejercer presión pública, junto con otros alcaldes, parlamentarios, autoridades y vecinos, para conseguir que se decretara zona de catástrofe.

“Tuvimos que hacer presión pública, alcaldes, parlamentarios, distintas autoridades y vecinos, para que se decretara zona de catástrofe. Estuvimos más de seis días sin que eso se realizara”, afirmó. Agregó que la maquinaria necesaria para responder a los daños provocados por los temporales tampoco estuvo disponible desde el comienzo. “Las maquinarias no estuvieron desde el minuto uno en julio pasado. Eso es así”, enfatizó.

Aunque reconoció que el Gobierno ha entregado asistencia a las familias damnificadas, sostuvo que esa ayuda no se ha traducido en una respuesta igualmente oportuna para recuperar la infraestructura vial.

RECONOCE AYUDA HUMANITARIA

El alcalde aclaró que sus críticas no desconocen las acciones desarrolladas por el Ejecutivo. En ese sentido, mencionó la entrega de cinco mil cajas de alimentos, la aplicación de fichas FIBE y la disposición de las autoridades para sostener reuniones de coordinación.

Sin embargo, planteó que existe una diferencia entre atender las necesidades inmediatas de las familias y disponer de la capacidad operativa para resolver los problemas estructurales que dejan las emergencias. “Hemos tenido reuniones, sí. Siempre hay disposición, sí. Pero a la hora de tener disponibles las maquinarias, tener una acción rápida, al menos en la conectividad, eso no lo hemos tenido”, cuestionó.

DEBILITAMIENTO DE VIALIDAD

Cortés también apuntó a las dificultades que enfrenta la Dirección de Vialidad para responder a las necesidades de las comunas de la provincia. Según denunció, el problema no se limita a la falta de maquinaria, sino que también comprende una reducción de la capacidad operativa y del personal disponible.

El alcalde aseguró que, cuando funcionarios se jubilan o dejan sus cargos, los cupos no siempre permanecen en la provincia y pueden ser trasladados a otras zonas de la región o del país. A su juicio, esta situación debilita progresivamente la capacidad institucional del Choapa para enfrentar contingencias y mantener la conectividad de sus localidades rurales.

Asimismo, recordó que la necesidad de fortalecer Vialidad fue planteada por las comunas de la provincia en una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) provincial, en la que también participó la autoridad de Gobierno.

PREOCUPACIÓN POR EL PRESUPUESTO 2027 Y LA RECONSTRUCCIÓN

Finalmente, Denis Cortés manifestó su preocupación por las decisiones que deberán adoptarse para financiar la recuperación de la infraestructura afectada por los temporales. El jefe comunal sostuvo que, más allá de los recursos que se contemplen en la Ley de Presupuestos 2027, las autoridades locales necesitan conocer los proyectos específicos que serán ejecutados, sus plazos y el cronograma de reconstrucción.

En particular, pidió certezas sobre la recuperación de puentes dañados, caminos rurales y otras obras indispensables para restablecer la conectividad. “Lo que me preocupa es que esta disparidad de criterio ojalá que no la veamos en el proceso de reconstrucción”, advirtió.

La declaración instala una preocupación que trasciende a Illapel y alcanza al conjunto de la provincia del Choapa: la necesidad de que la reconstrucción contemple recursos suficientes, plazos definidos y una respuesta institucional que no dependa de la ubicación geográfica de las comunidades afectadas.

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El próximo 2 de noviembre será una fecha decisiva para los gobiernos regionales, luego de que la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos acordara este martes postergar la votación de la Partida 31, correspondiente al financiamiento de las regiones, con el objetivo de permitir una nueva negociación entre el Ministerio de Hacienda y los gobernadores.

La decisión se produce después del empate registrado el lunes 19 de octubre, cuando la propuesta presupuestaria del Ejecutivo no consiguió los votos necesarios para avanzar en la subcomisión, evidenciando las diferencias respecto de los recortes planteados para el próximo año.

El acuerdo abre un espacio de negociación para revisar los montos y las condiciones de financiamiento, pero todavía no asegura una restitución de recursos ni establece cuánto recibirá finalmente cada región.

En el caso de Coquimbo, el proyecto original consideraba $98.293 millones para 2027, frente a los $105.304 millones de 2026. Esto representa una disminución cercana a los $7.012 millones, equivalente a un 6,7% nominal.

Por ello, la negociación que se desarrollará durante los próximos días será fundamental para establecer si el Gobierno está dispuesto a revertir total o parcialmente esa reducción.

HACIENDA Y GOBERNADORES TENDRÁN DIEZ DÍAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN

El entendimiento contempla una mesa formal de trabajo con representantes del Ejecutivo y los gobiernos regionales, destinada a revisar los criterios de distribución presupuestaria y buscar una fórmula que permita destrabar la discusión legislativa.

La presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta, senadora Yasna Provoste, destacó la apertura de este espacio de diálogo, luego de que las diferencias entre el Gobierno y los representantes regionales impidieran aprobar la partida en su formulación original.

Uno de los puntos centrales será determinar cuánto de los recortes iniciales puede ser revertido y qué mecanismos permitirán recuperar recursos durante el próximo año.

En Ñuble, por ejemplo, el Gobierno Regional informó que la nueva base de negociación considera una reducción aproximada de 3% respecto de 2026, en lugar del 8,7% inicialmente propuesto. Sin embargo, esa fórmula todavía no ha sido confirmada para Coquimbo.

COQUIMBO ENFRENTA NEGOCIACIÓN EN MEDIO DE NECESIDADES DE RECONSTRUCCIÓN

Para la Región de Coquimbo, el resultado de las conversaciones adquiere especial relevancia por las necesidades de inversión y reconstrucción surgidas tras los temporales de julio.

A la discusión por los recursos ordinarios del Gobierno Regional se suma la necesidad de precisar cómo se distribuirán los fondos extraordinarios destinados a recuperar infraestructura dañada.

El proyecto presupuestario contempla un Fondo de Reconstrucción Norte por $121.922 millones, compartido entre Coquimbo y Atacama. Hasta ahora, sigue pendiente conocer cuánto corresponderá específicamente a cada territorio y qué obras podrán ejecutarse con ese financiamiento.

Ambas discusiones son relevantes, pero diferentes: los recursos extraordinarios para reconstrucción no reemplazan necesariamente los fondos que el Gobierno Regional requiere para financiar su cartera habitual de inversiones.

EL 2 DE NOVIEMBRE 

La postergación permitirá evitar, por ahora, una definición legislativa sin acuerdo y entregar un nuevo plazo a Hacienda para presentar una fórmula que concite respaldo parlamentario. No obstante, la mesa de negociación deberá traducir los compromisos políticos en cifras concretas.

Para Coquimbo, las definiciones pendientes incluyen el monto definitivo del presupuesto regional, la eventual recuperación de los $7 mil millones inicialmente recortados, las condiciones de ejecución de los recursos y el financiamiento de proyectos comprometidos.

El 2 de noviembre será, por tanto, el primer examen concreto del acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores: establecer si la negociación logra modificar efectivamente los recursos contemplados para las regiones o si persisten las diferencias que han mantenido detenida la votación.

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