El problema se origina tras un documento firmado por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que modifica el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el marco de un recorte global de 32.721 millones, que impacta a diversos programas sociales a nivel nacional. La medida afectaría a cerca de 40 centros en todo Chile y dejaría sin empleo a alrededor de 150 trabajadores, además de impactar directamente a cientos de beneficiarios en distintas regiones, incluyendo la comuna de Coquimbo.

La posible clausura de centros comunitarios de la Fundación Las Familias encendió las alarmas a nivel nacional, luego de que se informara un recorte presupuestario que compromete su continuidad. Esto reduce los recursos destinados a la fundación con 515 millones, según denunciaron los trabajadores, provocaría su cierre definitivo entre mayo y junio.

En la región, el centro comunitario ubicado en la Parte Alta de Coquimbo en convenio con Sernameg, cumple un rol clave en el desarrollo social, entregando apoyo a adultos mayores, madres solteras y jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante talleres educativos, programas de alfabetización y actividades de prevención.

De acuerdo con lo señalado, esta situación no solo implica la pérdida de empleos, sino también la interrupción de programas sociales que llevan más de 30 años de funcionamiento, afectando directamente a sectores que ya presentan alta vulnerabilidad. Además, se advierte que la infraestructura financiada en parte con cooperación internacional podría quedar abandonada, aumentando riesgos de deterioro y uso indebido.

El senador Daniel Núñez apuntó a responsabilidades políticas en la decisión, cuestionando la coherencia del Gobierno frente a los anuncios de protección social, “Aquí no hay una razón financiera suficiente para cerrar la fundación; lo que vemos es una decisión política que termina debilitando el apoyo a los sectores más vulnerables”, afirmó, agregando que solicitará explicaciones formales a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Como salida a la crisis, se espera que el Ejecutivo aclare el futuro de los recursos y garantice la continuidad de los programas sociales, ya sea restituyendo el financiamiento o implementando medidas alternativas. Mientras tanto, trabajadores y comunidades permanecen en incertidumbre, a la espera de una resolución que evite el cierre definitivo de estos espacios y asegure la atención a quienes más lo necesitan.

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Uno de los hitos centrales de la gestión fue la disminución del endeudamiento municipal en un 83,6%, pasando de cerca de $40 mil millones en 2021 a alrededor de $5 mil millones en 2025. A esto se suma la baja en la deuda flotante, que descendió desde más de $3.300 millones a poco más de $228 millones, reflejando un proceso de ordenamiento financiero sostenido.

Este ajuste en las finanzas permitió aumentar el gasto en áreas clave. Entre ellas, la inversión social registró un crecimiento superior al 2.000% respecto al inicio de la actual administración, alcanzando más de $1.688 millones destinados a ayudas como becas deportivas, aportes para estudios, alimentación, exámenes médicos y apoyo en insumos básicos.

Durante la presentación, realizada en una sesión solemne del concejo municipal con presencia de autoridades locales y regionales, el jefe comunal enfatizó que el manejo responsable de los recursos ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes. Según indicó, este orden ha permitido fortalecer programas sociales, mejorar espacios públicos y ampliar la oferta de actividades comunitarias.

En paralelo, los recursos destinados a organizaciones comunitarias aumentaron en un 21%, reforzando el trabajo territorial y la participación social. Además, se desarrollaron iniciativas enfocadas en personas mayores, deporte y recreación, junto con espacios como el Centro Armonía y el Parque Urbano de Tierras Blancas.

En materia habitacional, durante 2025 se concretaron 1.132 soluciones, mientras que nuevos proyectos proyectan beneficiar a 3.690 familias, con una inversión superior a los $83 mil millones.

El crecimiento también se reflejó en infraestructura. La inversión en esta área aumentó desde más de $46,6 mil millones en 2024 a más de $53,4 mil millones en 2025, financiando mejoras en sectores como La Pampilla, Fortín Motta, Parque O’Higgins y el Barrio Inglés. A esto se suman intervenciones en recintos deportivos y culturales, incluyendo gimnasios municipales y el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En seguridad, el municipio consolidó su plan comunal, fortaleciendo la dotación de la Dirección de Seguridad a 142 funcionarios e incorporando tecnología como cámaras, drones, vehículos de patrullaje y el número de emergencias 1420.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de mantención urbana, con más de 8 mil luminarias intervenidas y la reparación de 963 baches, evidenciando mejoras en el espacio público.

Otro de los aspectos destacados fue el posicionamiento de Coquimbo en materia de transparencia, ubicándose entre las diez comunas mejor evaluadas del país y superando el promedio nacional en más de un 18%.

Desde la sociedad civil, el representante del consejo comunal, Richard Espinoza, valoró la gestión, destacando especialmente la inversión en infraestructura y programas sociales, señalando que estos avances son visibles en el territorio.

Finalmente, el alcalde subrayó el enfoque integral de la administración, señalando que el trabajo no solo se ha centrado en ordenar las finanzas, sino también en fortalecer servicios, infraestructura y apoyo social, consolidando un modelo de desarrollo con foco en la comunidad.

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Durante el último año a perjudicado a pequeños y medianos productores, debido a restricciones sanitarias, pérdidas de cosechas y mayores costos operativos, en un contexto de control y prevención liderado por organismos del agro. A nivel general, la plaga genera consecuencias de largo plazo en la agricultura local, afectando la competitividad y exportación de productos.

En un año las restricciones de movimiento de fruta y los controles sanitarios pueden traducirse en pérdidas millonarias, menor productividad y deterioro de la calidad. Solo en Monte Patria, se han destinado cerca de 8 mil millones de pesos en campañas de control, mientras que una solución temprana, según estimaciones locales habría costado cerca de 90 millones. En los registros recientes, el 2025 marcó el inicio de focos más críticos, mientras que en 2026 la situación se ha profundizado con mayores restricciones y costos acumulados para el sector.

Una reunión sostenida esta mañana, el Subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, abordó tanto la emergencia fitosanitaria como el escenario estructural que enfrenta el agro. La autoridad detalló que, junto con el control de la plaga, se trabaja en enfrentar el alza de costos productivos y la escasez hídrica mediante instrumentos de riego y tecnificación, “Existen herramientas disponibles y, además, el Gobierno Regional tiene la disposición de destinar recursos adicionales a iniciativas que permitan fortalecer al sector agrícola y apoyar a los productores”, sostuvo.

Destacó que, en cuanto a los fondos de apoyo los pueden disponer adicionalmente el gobierno regional cuando se le presentan proyectos que son de interés regional “La región de Coquimbo ha sido muy proactivo con la actividad agrícola, tanto en proyectos de riego como en proyectos a través de usuarios de INDAP para lo que es estudio e investigación” aseguró el Subsecretario. 

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, informó en la entrevista con Radio Guayacan sobre que, durante la reunión el Subsecretario nunca había abordado ningún tipo de fondo adicional de ayuda al sector “A nosotros no nos entrego esa información, los consejeros regionales fueron quienes se llevaron nuestras inquietudes y manifestaron que había un plan de prevención alrededor de 160 millones (…) A nosotros no nos dio a conocer que fondos habrían” comentó la autoridad.

El alcalde Herrera expuso un diagnóstico crítico sobre la situación en la comuna, donde actualmente existen cinco focos activos que han generado un daño sostenido en la economía local, tales como Higueras de Rapel, El Peñón, Las Mollacas, Carén y Dos Ríos. “Llevamos cerca de un año con esta emergencia, con impactos profundos y sin herramientas suficientes para enfrentarla. Además, los procesos se han centralizado, lo que retrasa decisiones clave, con autorizaciones que pueden demorar hasta un mes”, afirmó, cuestionando los tiempos de respuesta desde el nivel central.

El jefe comunal también advirtió que las restricciones sanitarias han provocado pérdidas difíciles de cuantificar, especialmente en zonas donde los productores deben esperar autorizaciones para comercializar su fruta, lo que muchas veces deriva en caída de producción o venta con un precio bajo. A esto se suman problemáticas como robos de maquinaria en sectores rurales y la falta de coordinación con las comunidades en la toma de decisiones.

Desde el territorio recalcan que la crisis no solo es sanitaria, sino también económica y social, por lo que insisten en la necesidad de medidas urgentes, mayor descentralización y recursos efectivos. De no mediar soluciones oportunas, la presencia de la mosca de la fruta podría seguir profundizando el deterioro del sector agrícola en la región de Coquimbo, afectando tanto a productores como al abastecimiento local. 

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La controversia surge tras conocerse el informe de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), que cifra en 3.600 millones de dólares la disponibilidad en caja fiscal a marzo de 2026, contradiciendo el discurso inicial del Ejecutivo que aseguraba una escasez crítica de recursos.

El diputado cuestionó directamente esta narrativa, asegurando que las decisiones adoptadas por el gobierno no responden unicamente al contexto internacional, marcado por el alza del precio del petróleo cercano a los 100 dólares por barril, sino a una determinación interna de no aplicar mecanismos de estabilización como el MEPCO.

“Esto fue una decisión política y el gobierno lo sustentó. Esta decisión política en una mentira, decir no hay plata, que es lo que todos escuchamos durante todo este tiempo, que el país está quebrado, que Chile se cae a pedazos” señaló.

A su juicio, provocó un alza directa en el costo de la vida, afectando no solo el precio de los combustibles, sino también la inflación y el crecimiento económico, “Lo que nosotros hemos visto es una seguidilla de mentiras que han afectado a la gente”, afirmó el parlamentario, apuntando a que el argumento de la falta de recursos fue utilizado para justificar medidas que, en la práctica, golpean el bolsillo de los ciudadanos.

En esa línea, advirtió que el propio discurso de “país quebrado” tiene efectos negativos en la percepción internacional y en el riesgo país. Los puntos más críticos fue la información de la DIPRES, que desmintió las cifras iniciales del gobierno respecto a la caja fiscal, “El gobierno dijo que había recibido 46 millones de dólares, pero el informe oficial muestra que hay 3.600 millones de dólares disponibles”, sostuvo, agregando que el debate no es sobre deuda, sino sobre la existencia real de recursos para enfrentar contingencias económicas.

“Esto fue una decisión política y el gobierno lo sustentó. Esta decisión política en una mentira, en decir no hay plata, que es lo que todos escuchamos durante todo este tiempo, que el país está quebrado, que se cae en pedazos, etcétera”, añadió, argumentando que lo que en su minuto el actual gobierno utilizó como discurso de campaña no se condice con la realidad actual, careciendo de la seriedad necesaria” argumentó.

El parlamentario también vinculó esta situación con una eventual reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, que según indicó reduciría impuestos a grandes empresas y sectores de mayores ingresos, con un costo fiscal estimado en 900 millones de dólares anuales.

Advirtió que estas decisiones podrían profundizar los efectos negativos en la economía, proyectando un crecimiento por debajo del 2,5% y un aumento de la inflación.

Cuestionó el manejo general del gobierno en sus primeras semanas, señalando errores comunicacionales, falta de claridad en las políticas públicas y medidas que han generado incertidumbre. Enfatizó que el Ejecutivo deberá dar explicaciones claras ante el Congreso y la ciudadanía, en un escenario donde la confianza pública se ha visto debilitada.

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A casi tres semanas de iniciado el gobierno del presidente José Antonio Kast en Chile, el ex Senador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, analizó el desempeño del Ejecutivo, enfocándose en los principales desafíos que enfrenta el país: seguridad, reactivación económica y empleo.

Según planteó, el contexto internacional (marcado por la guerra en Irán ) impacta directamente en la economía nacional, especialmente en el alza del precio de la bencina, petróleo, afectando el transporte, energía, logística y el costo de vida de los ciudadanos.

Uno de los puntos más críticos abordados fue el aumento en los combustibles, conocido como “bencinazo”, que tiene efectos directos en la inflación y el endeudamiento de las familias. El incremento del petróleo eleva el IPC y, con ello, indicadores como la UF, encareciendo créditos hipotecarios, bancarios y de consumo. “El Gobierno no ha sabido enfrentar y no la ha sabido explicar”, afirmó, cuestionando la decisión de no utilizar el Fondo de Estabilización del Petróleo para amortiguar el impacto.

Pizarro también abordó el impacto político de las primeras decisiones del gobierno, señalando que la falta de claridad y “señales contradictorias” han generado incertidumbre y unificación de la oposición. Advirtió una fuerte caída en la aprobación del Ejecutivo, que habría descendido entre 20 y 30 puntos en apenas 10 días, reflejando un rápido deterioro en la percepción chilena.

En el plano internacional, criticó la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, la cual contaba con respaldo de países como México y Brasil. “Yo creo que el presidente Kast cometió un error grave, porque él podría no haber dicho nada, podría haber dejado que la candidatura siguiera sin manifestarse a favor o en contra”, argumentó.

Finalmente, cuestionó declaraciones desde el Ejecutivo sobre la situación económica del país, asegurando que afectan la imagen internacional de Chile. “Los países no quiebran. Y Chile menos que nadie, no está quebrado”, sostuvo, enfatizando que este tipo de mensajes debilitan la confianza externa e interna en un país que, según recalcó mantiene estabilidad institucional y económica.

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La Municipalidad de Coquimbo fue reconocida dentro de los 10 municipios con mayor nivel de cumplimiento en Transparencia a nivel nacional el 2025. Este resultado consolida el trabajo en acceso a la información y probidad impulsado durante la gestión del alcalde Ali Manouchehri.

En esta última medición, Coquimbo alcanzó el primer lugar a nivel regional y el noveno a nivel nacional con un 99,7% de cumplimiento, avanzando significativamente respecto al año anterior, cuando se ubicó en el puesto 15.  Este ascenso posiciona al municipio entre los 10 más transparentes del país y como líder en la materia en la región de Coquimbo.

El alcalde Ali Manouchehri destacó que este logro es reflejo de un compromiso constante con la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y la correcta aplicación de los procesos administrativos. “Este reconocimiento es fruto de un trabajo constante, responsable y honesto, siempre ajustado a la probidad y alejado de la corrupción. Hemos demostrado que una gestión eficiente y transparente es posible, y este resultado es una muestra clara de ello”, afirmó.

Cabe recordar que desde los primeros días de la administración se adoptaron diversas medidas que han sido fortalecidas con el Lempo, como la modernización de los sistemas de acceso a la información, la rendición de cuentas permanente y la digitalización de procesos administravos. Estas acciones han permitido mejorar los estándares de transparencia y reforzar la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que este reconocimiento representa tanto un orgullo como un desato. “Nuestro compromiso con la transparencia es permanente. No se trata solo de cumplir con las normas, sino de instalar una cultura de transparencia y servicio público que garantice el buen uso de los recursos de todos los coquimbanos”, concluyó.

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Este equipo responde a las prioridades territoriales, incluyendo la seguridad pública y el desarrollo productivo en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. “Hemos conformado un equipo con experiencia, compromiso y vocación de servicio, que nos permitirá avanzar con fuerza en las prioridades de la región y en mejorar la calidad de vida de las personas”, señaló el delegado presidencial, Víctor Pino.

A continuación, el detalle de cada una de las autoridades designadas y sus respectivos perfiles:

• Economía, Fomento y Turismo: Martín Argaluza Olaeta.
• Educación: Marcelo Salvo Meneses.
• Medio Ambiente: Jovanka Rendic Véliz.
• Minería: Juan Carlos Salinas Marabolí.
• Salud: Karen Irribarra Vergara (confirmada como titular en informaciones previas).
• Trabajo y Previsión Social: Viviana Torres Olivares
• Energía: Fabián Páez.
• Justicia y DD.HH.: Humberto Bermúdez Ramírez
• Transporte y Telecomunicaciones: Marcelo Rojas
• Desarrollo Social y Familia: Gonzalo Cortés Urra
• Ciencias: Maite Arenas
• Mujer: Rudy Rivera
• Obras Públicas: Cristian Smitmans Bonilla
• Deporte: Ismael Zapata
• Trabajo: Viviana Torres
• Seguridad: María José Duarte 
• Agricultura: Vicente Cortés
• Vivienda: Pablo Cuadra
• Bienes Nacionales: Gloria Paredes Diaz
• Justicia: Humberto Bermúdez
• De Gobierno: Darwin Cortés Palma
• Cultura: Darwin Castro

Con estos nombramientos, el Ejecutivo completa la nómina de autoridades regionales que encabezarán las distintas reparticiones ministeriales en la Región de Coquimbo.

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El Gobernador Regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega, afirmó que la región no estaría dentro de las prioridades del Gobierno, luego de sostener una reunión en Santiago junto al delegado presidencial, Víctor Pino y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. La autoridad regional señaló que, tras las conversaciones, quedó con la “sensación” de que las iniciativas relevantes para la zona no están siendo consideradas con urgencia.

Respecto de su encuentro con autoridades y organismos como la Dirección de Presupuestos (Dipres), Juliá abordó la crítica situación hídrica que afecta a la región, recalcando que se trata de una zona en emergencia que requiere atención prioritaria: “Salí con la sensación de que las obras para la región no están dentro de las prioridades. Llevamos más de ocho años sin proyectos emblemáticos que mejoren la calidad de vida de las personas”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de no avanzar en soluciones estructurales, señalando que la escasez de agua podría agravarse en el corto plazo.

“Si el próximo año no tenemos lluvias, incluso podríamos enfrentar racionamiento en ciudades como Ovalle, sin considerar la crítica situación del mundo agrícola, que ya presenta problemas de abastecimiento”, indicó, enfatizando la necesidad de políticas públicas permanentes que otorguen certeza hídrica.

La autoridad también se refirió a proyectos estratégicos pendientes, como mejoras en la Ruta 41, el acceso a puertos y el desarrollo logístico ferroviario, junto con iniciativas para fortalecer sectores productivos como la pesca. En este contexto, destacó que se está trabajando con organismos como Corfo y Sercotec, aunque llamó a revisar la focalización de los apoyos destinados al sector.

Sobre el contexto político-administrativo, Juliá reconoció que aún no se ha completado el gabinete regional, señalando que actualmente hay siete seremis designados de un total de 19. Si bien indicó que estos procesos requieren evaluación, sostuvo que es necesario avanzar con mayor celeridad para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

Finalmente, el gobernador abordó el impacto del alza de los combustibles, calificándola como una medida “impopular” que afectará directamente el costo de la vida, especialmente en la clase media. Asimismo, criticó la forma en que se comunicó la decisión, señalando que faltó un enfoque más claro y cercano a la ciudadanía:  “Muchas veces lo comunicacional termina afectando la intención. Las personas necesitan entender qué va a pasar y por qué, desde una mirada más humana”, concluyó.

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La autoridad valoró estos nombramientos, destacando su relevancia para avanzar en las prioridades del Gobierno.

“Hoy damos un paso importante en el fortalecimiento de nuestro gabinete regional, en línea con el mandato del Presidente José Antonio Kast, incorporando autoridades en áreas clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Salud, Vivienda y Obras Públicas son fundamentales para avanzar en mayor equidad territorial y responder a las demandas de nuestras comunidades”, señaló el Delegado Víctor Pino.

Los designados:

• Karen Irribarra Vergara, Seremi de Salud
• Pablo Cuadra Corrales, Seremi de Vivienda y Urbanismo
• Cristian Smitmans Bonilla, Seremi de Obras Públicas

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La acción se fundamenta en antecedentes que evidencian un incumplimiento reiterado del artículo 55 N de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el cual establece que los trabajadores deben recibir una parte de los ingresos generados por la cesión de cuotas pesqueras. El documento ingresado ante Contraloría advierte que, pese a que estas operaciones generan importantes ingresos para los armadores, los tripulantes no han recibido el pago que les corresponde, generando un perjuicio económico directo y sostenido en el tiempo.

El director del sindicato, Eduardo Calderón, explicó que esta situación se arrastra desde hace años en la región:

“Es una venta de cierta cantidad de toneladas de pesca que tienen los armadores, cerco de pesca en la Región de Coquimbo. El problema principal es que esto se ha hecho de años atrás y ahora recién nosotros hicimos las consultas sobre la parte que nos debe tocar a nosotros que se tiene que pagar y eso no se ha hecho nunca. Entonces recién ahora se está incluyendo al pescador artesanal, tripulante de las embarcaciones, para que se le pague lo que corresponda con respecto a la venta”.

El dirigente agregó que, si bien los armadores sí han recibido pagos por estas cesiones, los tripulantes han sido excluidos:

“Esta cuota se vende a la industria. Entonces por esta cesión de pesca se paga una cantidad de dinero y nosotros, los armadores sí recibían el dinero, pero nosotros no recibíamos nada con respecto a las cesiones anteriores y a esta última que se está haciendo. Nosotros con el senador que nos ha apoyado vamos a recibir parte del pago que se está haciendo a ciertos tripulantes, pero no como debiera ser legalmente”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez señaló que la presentación busca corregir un vacío de fiscalización que ha permitido este incumplimiento: “Junto al sindicato de trabajadores tripulantes artesanales de la Región de Coquimbo, hemos solicitado y tenido una reunión con la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, para plantear la necesidad que la Contraloría se pronuncie y establezca el deber que tiene el Servicio Nacional de Pesca de fiscalizar y asegurar que cada vez que se hace una cesión de derechos o una venta desde el sector artesanal, de cuotas de pesca a la industria pesquera se pague la parte que corresponde a los tripulantes artesanales”.

Asimismo, enfatizó que se trata de un problema estructural que afecta la equidad en el sector. “Acá hay un negocio que genera ganancias para los armadores y la ley estipula claramente que ante esa situación debe también verse beneficiado el tripulante. Eso no se ha respetado desde hace muchos años en la Región de Coquimbo y queremos generar el precedente de que las leyes están para cumplirse”.

El documento ingresado advierte que actualmente no existen mecanismos efectivos de verificación ni fiscalización del pago a tripulantes en estas operaciones, lo que ha permitido que se materialicen cesiones de cuotas con beneficios económicos que no se distribuyen a los trabajadores. Por ello, se solicitó a la Contraloría emitir un dictamen que establezca con claridad que el pago a tripulantes es una obligación legal, que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura debe fiscalizar su cumplimiento y que dicha fiscalización debe incluir la cadena de pagos asociada a estas operaciones.

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