Contraloría dictamina que Rubilar cometió infracción a probidad administrativa al ayudar a su pareja

Este viernes la Contraloría General de la República declaró irregular la actuación de la ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar tras determinar que hizo mal uso de un chat institucional en favor de la campaña a diputado de su pareja, el periodista Christian Pino.

El dictamen apunta a la irregularidad cometida al entregar instrucciones a funcionarios públicos de su gabinete y departamento de Comunicaciones a través de un chat institucional de su cartera, vulnerando el principio de prescindencia política en periodo electoral.

El informe establece que “en dichas conversaciones se advierte que aquella entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja; conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social”.

La determinación se tomó a partir de las denuncias hechas por un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo social en Reportajes de Tele13 emitido en octubre pasado, donde aseguraron dejar sus labores públicas para centrarse en distintas labores comunicacionales para la campaña política de la pareja de la ministra Rubilar.

“Si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la Ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”, agrega el informe de Contraloría.

Una vez emitido el reportaje periodístico, hasta Contraloría llegaron nuevas denuncias anónimas de trabajadores del ministerio que aportaron a la resolución. El 18 de octubre pasado, el órgano fiscalizador del Estado ya había requerido un oficio al ministerio para aclarar los antecedentes expuestos, los cuales llegaron el pasado lunes 8 de diciembre desde la Subsecretaría de Evaluación Social.

Los antecedentes recopilados fueron remitidos a la Cámara de Diputados para que el Congreso determine los pasos a seguir.

Fuente: T13

Marcela Salas Salazar