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En fallo unánime (causa rol 722-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Christian Le-Cerf Raby, Marcela Sandoval Durán y la fiscala judicial Pilar Aravena Gómez– confirmó la resolución recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.

“Que tal como se advierte del fundamento tercero de la sentencia impugnada, la defensa de la condenada Cortés Cortés alegó como fundamento principal la infracción de garantías constitucionales de su representada, que la hizo consistir, en la vulneración del artículo 7 del Código Procesal Penal, puesto que, no obstante existir sospechas fundadas de participación en el delito imputado a esta, no fue reconocida en tal calidad desde los inicios del procedimiento, lo que tuvo como consecuencia, que prestara declaración desde los albores de la investigación, en diferentes oportunidades, diversos días y en varios horarios, encontrándose cansada y agobiada por el actuar policial, desencadenando una confesión”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Pero más aún en el mismo considerando décimo se concluye que ‘la ponderación y escucha de las declaraciones de los testigos que detentaban la calidad de policías al desarrollar la investigación, aparece claramente que desde la denuncia del hecho hasta el momento en que aporta elementos que mutan su situación procesal, Anita Cortés fue siempre considerada, no solo formalmente, sino sustantivamente como víctima de un robo y como testigo del mismo. No se evidenciaron elementos que permitieran afirmar que los funcionarios policiales manejaban en su fuero interno o en sus conversaciones de trabajo, algún indicio que les hiciere pensar que ella podía tener algún tipo de actuación o injerencia en la ejecución del delito. Por el contrario, se pudo distinguir nítidamente el momento en que su calidad procesal, en el avance de la investigación, mutó de testigo al de imputada, adoptándose en ese momento por quien dirigía la investigación, las medidas de resguardo de sus garantías como tal, las que de hecho ejerció al hacer uso de su derecho a guardar silencio, debidamente asesorada por su abogado defensor”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “Tampoco es posible cuestionar, ni la cantidad de declaraciones ni su extensión, porque tal como se indicó precedentemente, ellas no se verificaron durante solo una jornada, las primeras lógicamente próximas a la denuncia, y las restantes ocurrieron posteriormente, espaciadas en tiempo y duración, por lo que tampoco puede advertirse en este punto ninguna ilegalidad”.

“Si toda afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente, se ha cumplido en la especie, toda vez que la declaraciones efectuadas por los diferentes deponentes, corroboradas entre sí y por los demás elementos de convicción, bajo el cumplimiento y fundamentación en los términos que preceden, aparecen provistos de elementos de credibilidad de sus testimonios que se afincan en los parámetros precisados con antelación, no divisándose la ausencia de una razón para concluir la ejecución de los hechos antes descritos”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el defensor penal público don Carlos Rodrigo Cerda Aguirre en representación de la condenada, en contra de la sentencia definitiva dictada por una sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad el veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, en la causa RIT N° 25-2023, RUC N° 2200585540-7, y en consecuencia, se declara que dicho fallo no es nulo, como tampoco el juicio oral que lo precedió”.

El fallo de primer grado ratificado dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 22 horas del 15 de junio de 2022, al interior de un inmueble ubicado en el sector de Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, lugar destinado al comercio de abarrotes en el primer piso y que en su segundo piso servía de domicilio a Aníbal Santiago Cortes Muñoz, “ingresó Andrés Miguel Cortina Domínguez, quien previamente concertado con la hija de Cortés Muñoz, Anita Isabel Cortés Cortés, que ya estaba en ese lugar, tomó por la espalda a la víctima, para inmovilizarlo y permitir que Anita Isabel Cortés Cortés propinara múltiples puñaladas en el cuerpo de su padre, con un arma cortopunzante”.

Cortés Muñoz intentó defenderse, pero cayó al suelo, lugar en donde Cortina Domínguez lo apuñaló con un cuchillo en el pecho. Entre las numerosas heridas, una cortopenetrante torácica en sector izquierdo con recorrido intracorporal de 13 centímetros le causó la muerta a la víctima; lesión necesariamente mortal aun con socorros médicos oportunos.

Para la ejecución del crimen, Cortés Cortés le facilitó el mismo día de los hechos, a Andrés Cortina un elemento corto punzante, unos guantes y una capucha; acordando, además, actuar en el horario de cierre del local comercial. Asimismo, y con la finalidad de no ser descubiertos, sustrajeron dinero que la víctima guardaba, eliminaron el soporte de videograbación de las cámaras de seguridad del negocio y Anita Cortés se infirió heridas simulando una agresión de terceros, para generar la apariencia de haber sufrido un robo en el local.

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En la audiencia de (re)formalización de la investigación, la magistrada Andrea
Rojas Cortés aplicó en la valoración de los hechos, la perspectiva de género y
el tratado internacional “Belém do Pará”, y ordenó el ingreso en prisión de
M.E.P.M., por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad
de la víctima y de la sociedad. Además, mantuvo en 90 días el plazo de
investigación, fijado en la audiencia de formalización realizada el 7 de mayo
pasado, oportunidad en que le fueron imputados por Fiscalía los delitos de
lesiones menos graves y violación de morada.

Al resolver la cautelar a imponer al imputado, la magistrada Rojas Cortés
sostuvo que, el “Tribunal debe ponderar que si bien tiene irreprochable
conducta anterior, las medidas cautelares que se deben imponer aquí deben
poner especial énfasis en resguardar la integridad de la ofendida, no solamente
de la seguridad de la sociedad. Y aquí hablamos de un hecho que ha generado
alarma, ha generado incluso repercusiones a nivel social; se trata de una mujer
que fue gravemente violentada por un tercero extraño, ajeno a su grupo social
y familiar, que no tuvo ningún reparo para dejarla en las condiciones que el
tribunal pudo advertir a través de la incorporación de pruebas o antecedentes
fotográficos”.

“Por lo tanto, se resuelve restringir momentáneamente la libertad ambulatoria,
sino que justifica que hay pruebas de proporcionalidad al momento de echar
mano a una medida cautelar que ha sido definida como de ultima ratio y que
solamente está explícitamente autorizada para aquellos delitos, aquellos
hechos, que por su gravedad, por su impacto y por las características de los
mismos, debe restringirse la libertad ambulatoria de los presuntos hechores.
Por todas estas consideraciones, el tribunal se ha formado convicción y hará
lugar a la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva solicitada por
Ministerio Público y querellante”, añadió.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las ocho de la mañana del 6 de
mayo de 2023, el imputado en estado de ebriedad, ingresó forzando y
rompiendo el seguro de una ventana, al domicilio de la víctima, ubicado en el
sector de Peralillo, comuna de Illapel. La dueña de casa huyó al patio del
inmueble, pero fue alcanzada por M.E.P.M., quien la lanzó al suelo, la agredió

en el rostro con golpes de puño, le presionó los ojos e intentó besarla, mientras
la amenazaba con violentarla sexualmente.
Luego, mientras la arrastraba hacia la vivienda, la víctima logró huir en
dirección a la vía pública dando gritos de auxilio; sin embargo, nuevamente fue
alcanzada por M.E.P.M., la arrojó al suelo y continuó golpeándola en el rostro y
cabeza, amenazándola con darle muerte. Momento en que la víctima fue
auxiliada por un tercero, quien retuvo al imputado hasta la llegada de personal
de Carabineros.

A consecuencia de las agresiones, la víctima resultó con diversas lesiones
clínicamente de mediana gravedad, según diagnóstico del Servicio Médico
Legal.

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Precisamente, la denunciante advirtió que una de las especies sustraídas, una tabla de windsurf avaluada en 7 millones de pesos, era ofrecida en redes sociales a un precio mucho menor.

Al reconocer estos elementos para la práctica deportiva, se comunica con la Brigada de Investigación Criminal La Serena y tras el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, los detectives logran ubicar las especies y a la responsable de su comercialización en la vía pública, en la Avenida del Mar de La Serena mientras mantenía la tabla de windsurf y sus implementos en un automóvil.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena, donde su detención se consideró ajustada a derecho y las especies fueron recuperadas y devueltas a su propietaria”, informó el subprefecto Fabián Anguita, jefe de la Brigada de Investigación Criminal La Serena.

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La defensa, encabezada por el abogado Isidro Solis, reviso en radio Guayacan las acusaciones más graves, entre ellas, la malversación de recursos públicos y fraude al fisco, además, se le acusa de no haber cumplido con sus responsabilidades en la ejecución del presupuesto regional, lo que habría afectado el desarrollo de importantes proyectos, igualmente, se le acusa de hacer un uso irregular de vehículos oficiales y viajes al extranjero sin justificación.

El abogado señaló que la defensa alude a la inocencia de Naranjo, indicando que las acusaciones no son suficientes para pedir la destitución de la gobernadora. “Nuestro planteamiento es que los cargos no revisten la gravedad que la ley exige ni existe una pluralidad de cargos establecidos, me topo con un requerimiento que hace muchas afirmaciones que no se condicen con los medios de pruebas con los que contamos”, manifestó

Solis indicó que los cargos presentados en contra de la gobernadora se encuentran fuera de la jurisdicción del Tribunal de Elecciones, como la acusación por uso indebido del vehículo fiscal, que es competencia de la Contraloría General de la República.

“Presentar esta acusación directamente al TRICEL está totalmente fuera de su competencia, es contraloría quien tiene la facultad de investigar y sancionar eventuales ilícitos, por tanto, la decisión de remoción de la gobernadora solo puede ser tomada una vez contraloría dicte la sanción de termino ante la gobernación regional”, manifestó.

El abogado defensor de la gobernadora Krist Naranjo, Isidro Solis, criticó el hecho de que la ley no disponga de un ente para presentar apelaciones, argumentando que el TRICEL asumió como un Tribunal Pleno, por tanto, no existe ente apelativo en caso de que se dictamine la destitución de la autoridad regional.

“Si nosotros tuviéramos una sentencia expulsiva no tenemos donde recurrir para una apelación, se ve afectado la garantía al pleno proceso, nosotros hemos pedido que se corrija, estamos esperando una resolución en ese sentido, porque esto genera una discusión a nivel constitucional,” argumentó.

“Hay una contradicción en la ley, si la sentencia de primera instancia ordena la destitución, el funcionario queda suspendido en el cargo mientras se lleve a cabo la apelación, sin embargo, en estos casos no existe ente apelativo, nosotros advertimos ese defecto así que estamos a la espera de lo que dictamine el TRICEL”, señaló.

Escucha la entrevista completa al abogado de Krist Naranjo aquí.

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El director del Departamento de Seguridad del municipio de Coquimbo, David Díaz, aseguró que la empresa sí contaba con los permisos de construcción, pero que la Dirección de Medio Ambiente constató que la empresa cometió infracciones a las ordenanzas municipales por movimientos de tierra en bienes nacionales de uso público.

“Ellos (la empresa) desconocían que esto fuera una falta a la ordenanza municipal, por tanto, fueron infraccionados por nuestros inspectores municipales (…) pudimos conversar para que esta situación no se repita, la empresa tiene una responsabilidad social con el entorno en que se emplaza”, comentó.

En esta línea, el director mencionó que, tanto el equipo municipal como la Dirección de Obras Municipales, hizo entrega de una lista de mejoras para regularizar los trabajos, y que ya cuentan con un plazo para aplicarlas. “Esta en conocimiento de los encargados de la empresa, estas mejoras deben ser aplicadas”, aseguró.

Escucha la entrevista completa aquí.

The post Municipio de Coquimbo en reunión con vecinos de Guanaqueros y resort Rosa Agustina por polémica construcción en Dunas. appeared first on Radio Guayacan.

La denuncia se realizó luego de que, por redes sociales, se difundieran imágenes de la intervención realizada en el sector de Dunas de Guanaqueros, que se encuentran aledaños a la construcción del Resort Rosa Agustina.

Los vecinos acusan que de un día para otro se comenzó a intervenir con máquinas, lo que impactó en la flora y fauna endémica del lugar.
Guzmán indicó que la Delegación Municipal de Guanaqueros desconocía de esta situación, hasta tal punto que no sabían si la empresa contaba con los permisos correspondientes para la construcción. “Desde la delegación me dijeron que no tenían idea, no se les había comunicado sobre lo que se estaba haciendo en los terrenos, después del llamado llegaron a inspeccionar”, comentó.

A su vez, mencionó que la principal preocupación de los vecinos es el impacto en la duna de Guanaqueros, que corresponde a un ecosistema esencial para la flora y fauna endémica de la zona, que ha permitido el registro de las especies que anidan en el sector costero. “Nos da susto que se pase a llevar la naturaleza endémica por la prosperidad de las personas”, añadió.

El Seremi de Medio Ambiente, Leonardo Gross, indicó que, debido a sus dimensiones, el resort no requiere de autorizaciones medioambientales para su construcción, no obstante, debe contar con los permisos sectoriales de la comunidad, por lo que llamó a que los vecinos denuncien estas situaciones para que las obras puedan ser fiscalizadas.

En el marco de esta acusación, en la jornada de hoy, 25 de abril a las 10:30 de la mañana, de realizó una reunión entre los vecinos de Guanaqueros y el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, para evaluar los daños y evaluar la continuación de los trabajos.

Escucha la entrevista completa aquí.

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Con respecto al conflicto generado, Jorquera denunció que la situación surgió porque el conductor comento que el concejal ingresó a la maquina “pasado a marihuana”, hecho que fue señalado por el conductor y que molestó al concejal, el que luego fue increpado por estar pagando menos pasaje al que correspondía.

En tanto, Jorquera manifestó que, hasta el momento, no han recibido ningún contacto o disculpas por parte del concejal Ruiz, no así del municipio, ya que el propio alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, se disculpó con el presidente de la línea por la actitud de Seguridad Ciudadana.

Respecto a esto, Jorquera denunció que Seguridad Ciudadana ha sido negligente en sus funciones. “Las leyes de tránsito no la conocen, se saltan las luces rojas, los discos pares, se cruzan, te desvían, te cortan, hay un acoso constante por parte de ellos”, comentó.

El presidente añadió que, por parte de los trabajadores, no quieren recibir disculpas de las autoridades, señalando que la postura del gremio de trabajadores de la empresa es finalizar el proceso judicialmente. “Así sigue siendo el menosprecio de las autoridades con los trabajadores, solo se relacionan con los jefes”, señaló.

En este ámbito, Jorquera denunció que la SEREMI de transporte se comunicó con el presidente de la línea “pidiendo la cabeza del conductor”. “No podemos permitir que la autoridad avale estas conductas del concejal”, manifestó. Respecto a esto, se pidió a la SEREMI se pronuncie respecto a esta situación, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

“Nosotros no tenemos problemas con que llegue el alcalde, pero que se acerque al terminal que corresponde para disculparse el trabajador, aquí lo esperamos”, argumentó. Jorquera agregó que su colega no ha vuelto a trabajar ya que se encuentra trastocado por la situación que vivió, a tal punto que no ha podido volver a subirse a la micro. “Está muy afectado, entre temas de salud y temas personales”, comentó.

Escucha la entrevista completa aquí.

El concejal Camilo Ruiz ya emitió un comunicado oficial respecto al tema en el que lamenta los hechos y como se ha tratado el tema.

The post “Las disculpas ya no valen, esto fue un robo, estamos en nuestro derecho a huelga”: Presidente Sindicato N°2 de trabajadores Liserco por incidente entre concejal Ruiz y conductor de micro appeared first on Radio Guayacan.

Sin embargo, su acto heroico se desarmó tras comprobarse que el conductor marcó 0.0 de alcohol en la sangre, y que su condición se explicaba por problemas de lenguaje.

El concejal arrepentido señaló nuevamente redes sociales: “Cometí un error, por desconocimiento del procedimiento al manipular valores, devolviendo los pasajes a las personas, pido disculpas de antemano. Se devolvió la suma de $3.700, quedando la mayoría (incluido yo) sin su devolución, teniendo que pagar el pasaje en la siguiente máquina, evidenciando un problema mayor sobre el cual venimos trabajando, un transporte público inexistente en la Conurbación y la urgencia de su regulación”, comentó.

Se espera una respuesta de empresa Liserco y del conductor si iniciarán acciones legales contra el concejal porteño.

The post Concejal coquimbano protagoniza incidente con conductor de micro: Lo acusó de manejar ebrio y solo tenía problemas de lenguaje appeared first on Radio Guayacan.

Entre las acusaciones de los consejeros se encuentran viajes sin agenda clara a países como México y Egipto, el mal uso del vehículo fiscal, la baja ejecución presupuestaria en la región y faltas de acuerdos con el Consejo Regional, donde los propios consejeros la han catalogado de autoritaria.

La consejera Tatiana Cortes explicó que la acusación se llevó a cabo según las facultades con las que cuenta el Consejo y no por rencillas personales con la Gobernadora.

También se mostró conforme con la decisión de acoger la denuncia por parte del TRICEL, fue el concejero Wladimir Pleticosic, quien señaló “es nuestro rol fiscalizador que nos otorga la ley”.

Los consejeros fueron enfáticos en mencionar que cuentan con todos los antecedentes a disposición del TRICEL. Así lo mencionó Javier Vega.

Cristian Rondaleni recalcó la importancia de la labor fiscalizadora de los consejeros, y que están de acuerdo con sus facultades.

David Muñoz mencionó que es esta medida se llevó a cabo en virtud del bienestar de la región y espera que con esto pueda entregarle seguridad y certeza a la ciudadanía.

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