Quienes serán parte de este registro, son los deudores de manera parcial o total de las pensiones por tres meses consecutivos o cinco discontinuos. Estará a cargo del Registro Civil , cuyo acceso será remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona que quiera consultar, ya sea el deudor de alimentos o el demandante. También podrán consultar o los representantes legales, los tribunales con competencia en asuntos de familia y las personas o entidades obligadas a consultar el registro.

¿Qué pasará con los deudores?

Las consecuencias de  ser parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos están relacionadas con la retención de devolución de impuestos, retención de remuneraciones, imposibilidad al renovar documentos. En detalle:

• En el caso de la venta de inmuebles o vehículos, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir la transferencia, sólo en la medida que se acredite que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos adeudados.
• En la etapa de la devolución de impuestos producto de la Operación Renta, la Tesorería General de la República podrá retener el dinero a las personas deudoras de pensión de alimentos.
• Las personas deudoras de pensiones de alimentos no podrán renovar sus licencias de conducir ni tampoco sus pasaportes. En algunos casos, deberán acreditar al tribunal la necesidad de tales documentos
• Cuando alguno de los poderes del Estado realice contrataciones o ascensos, al deudor de la pensión se le retendrá un porcentaje de su sueldo para pagar la deuda.
• Las personas que están obligadas a efectuar Declaración de Intereses y Patrimonio deberán declarar sus deudas alimenticias.
• Los solicitantes que postulen a la adopción de un menor, se verificará que no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Inscribir a alguien en el Registro de Deudores

La inscripción al Registro Nacional de Deudores se hará mensualmente en el tribunal de Familia, que es quien  le ordena al Registro Civil ingresar a quienes tengan deudas de alimentos.

La resolución y liquidación se notifica a las partes interesadas de manera electrónica y es objetadas en un plazo de tres días. En caso de que la persona deudora no pague, será inscrita al registro.

Para salir de este registro, quien debe la pensión tendrá que pagar la totalidad de lo adeudado o suscribir un acuerdo de pago serio. Además de efectuar el monto, tendrá que solicitar al tribunal salir del padrón de deudores.

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En conversación con El Diario de Cooperativa desde Birmingham, Alabama, Parisi planteó que “desde el momento en que yo decidí ser candidato mi vida cambió y siempre viene este fenómeno de la judicialización”.

“Este es un juicio reservado, aquí hay niños menores involucrados, por ley eso no debió haber sido puesto en el aire. Dicho eso, es un juicio en el que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso o como quieran llamarlo”, puntualizó.

Parisi insistió en que “no puedo hablar del tema, es un juicio reservado (…) los tribunales son los que tienen que decidir”.

“Lo que está ocurriendo acá es que hay un aprovechamiento político de una situación que la tienen que ver los tribunales”, aseveró el candidato.

Al ser consultado sobre la orden de arraigo que pesa en su contra, Parisi respondió que “según lo que dijo mi abogado, eso se va a levantar, así que no hay problema con eso. Es una orden de arraigo bastante rara, porque yo estoy fuera de Chile (…) es bastante curioso”.

“Yo puedo entrar sin ningún problema a Chile, soy una persona completamente libre”, sentenció.

Parisi también adelantó que regresará a Chile “cuando sea el momento correcto, nosotros tenemos un calendario y se va a saber en su momento oportuno”.

“Nosotros creemos que las redes sociales son lo más importante. Yo estoy en contacto con el partido todos los días, dedico entre cuatro y cinco horas a entrevistas con los candidatos a core, diputados y senadores”, destacó.

Fuente: Cooperativa

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La autoridad de Monte Patria lo que pide es que se estudie la medida de condonarles las deudas sin postergación para que no tengan que pagar y cargar con la pesada mochila que se suma a la dramática situación hídrica, de serie de heladas y realidad pandémica que existe en estos momentos.

“Condonen la deuda del INDAP, liberen a nuestros pequeños productores agropecuarios de esta carga que es esta deuda. Y, además, para nuestros crianceros se requiere también una solución y respuesta más inmediata. Nosotros contamos con recursos que son muy pocos que son del Gobierno Regional en términos del 5% de emergencia para alimentación de ganado caprino, las cabras se están muriendo, están malpariendo y no hay leche. Es dramático y queremos que las autoridades puedan responder con medidas más claras y no con medidas parche, sino que, en apoyo real a nuestros pequeños productores agropecuarios”, enfatizó el edil de Monte Patria.

Desde la organización gremial de pequeños agricultores comentaron que llevan tiempo planteando a las máximas autoridades la problemática que existe por la prolongada sequía que están enfrentando. Y eso, sumado a las heladas en tiempos que no corresponden ha generado que muchos agricultores no puedan cultivar, sembrar y están a la deriva, lo que ha causado también que no puedan cumplir con el compromiso que tienen con el INDAP.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores Valle El Palqui, Fidel Salinas, sostuvo: “Nosotros lo que solicitamos al Estado es el castigo contable a los agricultores y que sea una solución de verdad o sea sacar la mochila de endeudamiento campesino, eso ya se hizo tiempo atrás, y entonces porqué eso no se puede hacer ahora con la problemática que existe”, explicó.

Otra situación que señaló el edil, es que el proempleo finaliza en el mes de septiembre. “Le hemos solicitado al delegado presidencial que realice las gestiones. El proempleo es por escasez hídrica, es por sequía… y nada de eso ha cambiado para mejor, lo que ha pasado es que ha cambiado todo para peor. Entonces, pedimos que el pro-empleo se mantenga y además, que haya más y nuevos cupos para abordar desde septiembre en adelante, para que ya desde el mes de octubre que debiera promulgarse el nuevo decreto del nuevo proempleo con más cupos para nuestra comuna de Monte Patria y por un tiempo mayor.

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En el documento se confirma que el déficit de la municipalidad supera los 25 mil millones de pesos, al 31 de diciembre de 2019. Otro de los puntos que también llaman la atención, son el gasto de más de 1.800 millones de pesos en pagos de horas extras durante el periodo investigado por la entidad fiscalizadora.

Para el concejal Fernando Viveros, el problema del déficit municipal de Coquimbo queda en evidencia desde el año 2016, cuando la  deuda de la entidad consistorial alcanzaba sólo los 7 mil millones de pesos. “Hoy día terminando el periodo municipal estamos pasando los 25 mil millones, pero tiene que ver con una forma, un método, una rutina financiera de no priorizar los temas importantes”, señaló el concejal.

Otra de las grandes dificultades que hace presente Viveros, es una de las cuentas en donde se imputan las contrataciones a honorarios, que aparecen en el informe de Contraloría con graves incumplimientos administrativo. “En cuanto a otros prestadores, tales como asesorías, son contrataciones que no tienen ningun tipo de control y esta es la cuenta que más observa Contraloría, hay incumplimiento de las jornadas laborales de los funcionarios directos que trabajan con el alcalde, pagos de facturas y de los operativos médicos”.

En tanto, para el concejal Mario Burle la principal dificultad con que se encuentran en su función como autoridades es falta de atribuciones para fiscalizar las contrataciones a honorarios. “En materia de contratación de honorarios, el único que tiene facultades para ello es el alcalde, él no requiere acuerdo del concejo, por lo tanto, los concejalñes no tenemos ninguna participación en la contratación”, afirmó Burle.

Además, el edil UDI explicó que cada vez que realizan modificaciones presupuestarias en el concejo municipal, son amenazados que de no aprobarlas, impedirán el pago de remuneraciones de los funcionarios municipales. “Si no aprueban esto, no podemos pagar sueldo y ya nosotros le dijimos esta bueno, basta que nos presionen, porque aquí hay autoridades , dentro de la municipalidad, que deben asumir su responsabilidad de proveer los fondos necesarios para pagar sueldos”, denunció el concejal.

Puedes ver la entrevista desde el minuto 44.

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De acuerdo con la información entregada por el Poder Judicial, a nivel nacional las retenciones por deudas de pensiones de alimentos, asociadas al retiro del 10% de los fondos previsionales, superan los $300 mil millones de pesos.

Consultada sobre este tema, la Jueza de Familia de La Serena, Pamela Pérez, indicó que a nivel regional existen 22.045 escritos solicitando la retención del 10% para el pago de deuda de alimentos. En cuanto al estado de ellos, la magistrado aclaró que se han efectuado 8.133 liquidaciones de los créditos, es decir, que se han calculado las deudas de aquellas 22.045 solicitudes, pero que se han encontrado con acreedoras que han presentado en más de una oportunidad esta retención del 10% o que en algunos casos no corresponde, porque no había deuda. Con respecto a las órdenes de pago que se han despachado a las AFPs estas alcanzan las 3.641 órdenes de pago.

Por otra parte, sobre la demora en el pago, Pérez explicó que existen varios factores, como las múltiples solicitudes respecto a una misma persona, también la oposición de quien debe esos alimentos, alegando que ha apagado o fuera de la libreta, lo que se debe resolver antes de ordenar el pago. Otro factor, que no depende del Poder Judicial, es la demora en las órdenes de pago por parte de las AFPs.

Asimismo, para poder acelerar la tramitación de este proceso, se va a contar con la colaboración de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal para ayudar a tramitar estas solicitudes de retención del 10%.

Plataforma

Para poder realizar las consultas, los usuarios deben ingresar con su cédula de identidad a su causa y ver -en un lenguaje visual muy sencillo- en qué etapa está su causa y lo que resta para completar la tramitación.

Para consultar ingrese aquí: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/consulta10.php

Puedes ver la entrevista desde el minuto 28.

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Aquí puedes escuchar la entrevista a Patricio Bacho.

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Junto con esto, refieren haber iniciado un “paro de labores administrativas”, en el que los profesionales manifiestan que durante este plazo seguirán prestando atención a la comunidad, pero afectando los registros de producción que los distintos centros deben enviar al Ministerio de Salud. “Queremos que la comunidad sepa que nuestro objetivo es que el Municipio entienda que la situación es crítica, que enmiende el rumbo y permita garantizar la seguridad de la atención y la continuidad de los servicios”-explicó la Dra. Romina Veas, vocera de los médicos de Coquimbo.

Por su parte Marco Simunovic, representante del capítulo odontológico comunal manifestó que esperan una pronta respuesta, ya que la situación financiera y administrativa del Departamento de Salud “ha alcanzado un déficit nunca antes visto, afectando la atención de salud”.

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Los fundamentos jurídicos para evitar la orden de arresto contra el jefe comuna de Salamanca, fue desechada, siendo fundamentada esta decisión de los Ministros conforme a la sentencia resuelta este jueves 27 de junio, teniendo especialmente presente para
ello que:

N° 1 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades –cuyo alcance está en cuestión-, fue incluida por el artículo único de la Ley N° 19.845, de 14 de diciembre de 2002, de cuya historia fidedigna de su establecimiento, aparecen sus fines explicitados en el mensaje presidencial, expresando que: “tiene por objeto fundamental restringir el arresto como medida de apremio por deudas del municipio o de las corporaciones municipales, sólo a los casos de aquellos alcaldes en cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio”.

En el análisis de fallo pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., y Jorge Dahm O. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos en comisión de servicios, se concluye que de forma inequívoca, “el espíritu del legislador ha sido limitar los efectos del arresto como medida de apremio, en relación a deudas del respectivo municipio o de las corporaciones municipales, exclusivamente respecto de aquellos alcaldes en cuyo período se contrajo la deuda que dio origen al juicio, y que en el presente caso, se inició por la Demanda de Cumplimiento Forzado de Contrato con Indemnización de Perjuicios, por parte de Ingeniería y Construcción Puerto Principal, la que fue dirigida en contra de la Municipalidad de la comuna de Salamanca, como consecuencia de la existencia de facturas impagas por parte de dicha entidad, de fecha treinta de marzo de 2017 en adelante, las que tienen su origen en el contrato “Proyecto de Soterramiento de Avenida Infante, Salamanca” de fecha uno de junio de 2016, data en la que desempeñaba el cargo de Alcalde de la citada comuna don Gerardo Rojas Escudero, y no el amparado, Sr. Fernando Gallardo Pereira, quien recién asumió como máxima autoridad edilicia con fecha seis de diciembre de 2016″.

En consecuencia, la orden de arresto decretada respecto de la recurrente en los autos Rol N° C-830-2017 del Juzgado de Letras de Illapel, “carece de sustento tanto fáctico como jurídico, toda vez que aparece decretada para un caso no previsto por la ley, lo que autoriza a que el recurso de amparo sea acogido”.

En lo concreto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, “se revoca la sentencia apelada de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena en el Ingreso Corte N° 72-19, y en su lugar se declara que se rechaza la acción constitucional de amparo deducida en favor de don Fernando Alfredo Gallardo Pereira“.

Ante al resolución, el edil de Salamanca, Fernando Gallardo Pereira, puede ser detenido en cualquier momento por un lapso de 5 días, conforme a lo dictaminado en primera instancia por el Juzgado de Letras de Illapel.

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Rojas hace alusión a la orden de arresto que tiene el actual edil, Fernando Gallardo, luego de una resolución del Juzgado de Letras de Illapel, debido a la deuda con la empresa constructora que efectuó trabajos de arreglos y soterramiento de cables en calle Infante.

Cabe recordar, que el jefe comunal culpó a la administración de Rojas de dejar esta deuda con la empresa Puerto Principal, que finalmente demandó al municipio de Salamanca.

“Yo salí del municipio hace dos años y medio, estoy dedicado a mis cosas particulares y desde hace mucho tiempo que estoy escuchando ser el responsable de todos los males de la actual administración”, dijo Gerardo Rojas.

Según el ex-edil “la verdad que fueron tres remesas una de ellas llegó en julio, la otras el 30 de noviembre y otra el 20 de diciembre, yo me fui el 18 de noviembre, eso está en los informes de la Contraloría si el quiere decir lo contrario y se quiere autoengañar a responsabilizar de sus errores a otras personas es problema de él, los recibos de la Contraloría son inobjetables, las fechas están ahí, y efectivamente había una deuda”.

Respecto a las deudas municipales Rojas explicó que “cuando entré el año 2004 al municipio también tenía una deuda casi un año de no pago de imposiciones a profesores, descuentos no autorizados, se le debía al proveedor de la basura. habría que preguntarle al alcalde cuando el municipio no tuvo deuda. Yo la entregue con la misma deuda pero con un patrimonio mucho mayor que cuando la recibí, deseo que el pueda solucionar su problema, pero si a él lo hace feliz echarme la culpa, allá él”.

La ex-autoridad reconoció además hacer dejado sus funciones como alcalde el 18 de noviembre (de 2016), “está en las actas del concejo, porque uno debía renunciar un año antes si quería postular a un cargo de elección popular, después entraron platas el 20 de diciembre, y si no había plata las obras de soterramiento se le hicieron a la empresa como una semana después que me fui, entonces lo que yo hubiese sugerido es que se parara la obra, si la deuda lo que dice la resolución del tribunal es que se generó en la actual administración”.

“El mismo informe de la Contraloría dice que el alcalde gastó las 690 millones de la remesa el 31 de diciembre, y los gastó bien en el pago de sueldos, y después fue pagando de a poco los estados de pago”, sostuvo Rojas.

DEUDA DE 4 MIL MILLONES

Respecto a los dichos del alcalde Gallardo respecto a que la administración anterior habría dejado una deuda de 4 mil millones de pesos, Rojas arremete con dureza: “yo le tuve que decir al municipio que presentara una querella porque desde que salí se me empezaron a achacar un montón de cosas, si, yo entregue el municipio con deudas, y la deuda está reflejada en los balances del 2016 que firmó él, el 2017 que firmó él y el 2018 que firmó él, y ningún balance de la ejecución presupuestaria aparece esa cifra, sino que aparece de deuda exigible bordea los 2 mil millones de pesos, es es lo que dicen los papeles que están ahí”.

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Radio Guayacán conversó con el edil respecto a esta materia, declarando su total inocencia en lo ocurrido y responsabilizando a la administración anterior del ex alcalde Gerardo Rojas.

Gallardo explicó que el programa Vive Salamanca de Minera Los Pelambres financió una obra de 1.995 millones de pesos para el soterramiento de cables y reparación de la calle Infante en esta comuna, la que comenzó el 2016. “Es una situación muy injusta, que le corresponde al alcalde anterior, teniendo las platas en la cuenta no se pagaron, porque además no estaban las platas tampoco, hoy nos demandaron y tenemos que asumir esta demanda, estamos viendo la posibilidad con nuestro equipo jurídico de dar vuelta este tema, pero en algún momento hay que responder”.

De acuerdo al jefe comunal se recibieron en la entidad consistorial dos remesas de este financiamiento el mismo año, fondos que nunca se habrían pagado. De hecho, en diciembre de 2018, cuando asume Gallardo, se recibió la última remesa sobre los 600 millones de pesos que fue cancelada de inmediato a la empresa Puerto Principal, que realizó los trabajos. “Aquí le llegaron a la administración anterior más de mil millones de pesos que se los gastaron y no le pagaron al contratista, a mi cuando nos legó la plata el 20 de diciembre de inmediato se lo pasé al contratista, así se deben hacer las cosas. Cuando yo asumo me encuentro con las cuentas en cero. Hay cuentas del Ministerio de la Vivienda, 900 millones que les traspasaron y también se los gastaron, todas las cuentas no estaba la plata, pero no estaban las obras tampoco”

Cabe señalar, el actual edil de Salamanca estima la deuda heredada municipal en 4 mil millones de pesos, y que actualmente cuenta con un presupuesto anual que sobrepasa los 5 mil quinientos millones de pesos.

Hoy se encuentra en evaluación del Ministerio de Hacienda un leaseback, préstamo que involucra la enajenación de bienes municipales y que permitiría amortizar la deuda que existe en la entidad consistorial.

Foto: David Noticias

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