Las dificultades se acrecentaron en el Consejo de Gabinete del lunes, en donde la Senadora Andrea Balladares (presidenta de RN) y el diputado Guillermo Ramirez (presidente de la UDI) pidieron explicaciones por el comportamiento de personeros Repúblicanos. Los problemas se agudizaron en RN, pues según reveló el medio The Clinic, se refirieron al sector republicano como “derecha merluciana”, aludiendo a una descripción asociada a los términos “amateur” e “impulsivo”

Tuvo incluso que salir el presidente de la colectividad que hoy encabeza el gobierno, Arturo Squella, a pedir disculpas por el impás y entregar su apoyo a los partidos de la derecha más liberal.

Para el diputado Marco Sulantay (UDI) “lo que hay son roces que son totalmente legítimos, pero roces que nosotros no estamos de acuerdo con algunos diputados, con algunos personeros, personajes muy puntuales. Yo le puedo nombrar al diputado Agustín Romero, quien ha tenido una actitud muy odiosa desde hace mucho tiempo, como diputado republicano, presidente de Hacienda. Y nosotros estamos muy preocupados por esa actitud como que él ha manifestado muchas veces”.

“Si esto no se para, sí pueden haber roces. Eso sí, esto tiene que ser detenido ahora con estos personajes que son odiosos en el discurso. Con nombre y apellido: Agustín Romero, revise su actuación para atrás, insisto, hasta el periodo anterior, en Twitter, en todos los medios, siempre con sus calificativos. El diputado Cristian Araya también fue bien odioso en la anterior, ahora ha calmado las aguas, ya está fuera de este ranking. Pero el diputado Agustín Romero no, para nosotros, es un personaje bien criticable dentro de la cara nuestra, porque siempre ha tenido estas actitudes, estos motes de referirse en el discurso político, el debate con motes comunicacionales, este tipo de cosas, a mí de verdad no me gustan”, puntualizó Sulantay.

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Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la reforma constitucional con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República

Posteriormente, se respaldaron con más de 110 votos a favor, otras seis normas cuya votación separada fue solicitada.

Con esta aprobación, la reforma será comunicada al Presidente de la República para su promulgación.

Consejo Constitucional

Escaños pueblos originarios

El Consejo podrá estar integrado, además, por uno o más miembros de los pueblos originarios reconocidos en la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. El número de escaños se obtendrá de sumar el total de votos válidamente emitidos en la circunscripción nacional indígena. Si dicha suma representa un porcentaje igual o superior al 1,5% respecto del total de votos del resto del padrón nacional, se elegirá un escaño.

Si es superior al 3,5% serán dos cargos. Además, por cada dos puntos adicionales sobre el 3,5% se asignará un escaño adicional.

Comisión Experta

La Cámara de Diputados y el Senado elegirán, doce cada uno, a los 24 miembros de la Comisión Experta. Esta comisión deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, y realizar las demás funciones que esta reforma le fija. Su integración también será paritaria.

Comité Técnico de Admisibilidad

Cronograma del proceso

La reforma establece la elección de 50 miembros para el Consejo Constitucional el 7 de mayo de 2023. Estos serán electos siguiendo las normas de la elección de los integrantes del Senado.

Asimismo, se fijó el inicio del trabajo de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, el 6 de marzo de 2023.

La reforma también estableció la celebración de un plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, el 17 de diciembre de 2023. En dicho plebiscito el electorado dispondrá de una cédula que contendrá la siguiente pregunta, “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”.

Bases institucionales

La reforma aprobada dejó establecido que la propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, entre otras, las siguientes bases institucionales y fundamentales:

Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. 

Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común.

Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. 

Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo bicameral.

Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.

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El diputado de la Región de Coquimbo destacó que “es una buena noticia. Esta será una instancia para conocer las distintas posiciones que han existido al respecto, las investigaciones que se está llevando a cabo, los antecedentes que tiene la Aduana que se ha querellado por contrabando y el Sernac que ha interpuesto una demanda colectiva”.

“La Polar ha mentido a los chilenos, con campañas de marketing falaces. Pareciera que Multitiendas La Polar cree que los chilenos son bobos. Hoy día los chilenos no saben si la ropa que compraron en La Polar es falsificada, de saldos o simplemente no es lo que le están vendiendo”, criticó.

Al respecto, el diputado del PS Daniel Melo agregó que la aprobación de esta comisión da “una señal clara a la ciudadanía que estamos de parte de la defensa de los derechos de los consumidores”.

“Tenemos que poner una verdadera muralla a este tipo de malas prácticas. Ayer constatamos cómo La Polar tiene toda una política para poder lavar su imagen pública en relación a los productos que venden”, señaló el legislador de la Región Metropolitana.

En los próximos días, las bancadas designarán a los 13 integrantes de la comisión. Probablemente durante enero, la instancia iniciará su labor fiscalizadora citando a las instituciones pertinentes que dependan del Estado.

En esa línea, el diputado socialista Leonardo Soto instó a que “tiene que haber mano dura contra las empresas que abusan de sus clientes. Ellos en el pasado fueron condenados por falsificar repactaciones y engañar al mercado de capitales, y hoy día esta generación de legisladores no vamos a permitir que se naturalice el engaño a millones y millones de clientes. Se acabó el chipe libre para La Polar”, cerró.

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Esto tras que el Gobierno decidiera optar por entregar los permisos de explotación de este mineral a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

“No me parece que entre cuatro paredes, cuando el Gobierno esta haciendo las maletas para irse, transfiera por 30 años este recurso de los chilenos. Nosotros no lo vamos a permitir”, señaló uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado socialista, Leonardo Soto.

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Esto ha generado diversas opiniones en los parlamentarios de la región como el Diputado Daniel Núñez (PC), quien indicó que el Presidente debe declinar ejercer el cargo, mientras se tramita la acusación constitucional.

“Piñera está inhabilitado moralmente para conducir el país, si hubiera un acto ético que le puede pedir es que él declinara ejercer el cargo de Presidente de la República, mientras esté pendiente la votación en el Senado”, expresó Núñez.

Por su parte, el parlamentario oficialista Francisco Eguiguren (RN), criticó la aprobación del libelo acusatorio. “Lo único que provoca esta acusación es inestabilidad en un país, que lo único que necesita es estabilidad y certezas, un país que crecer, tener empleo, mejorar pensiones, salud y educación, pero le entregamos mensajes equivocados a la gente”, sostuvo Eguiguren.

Opinión que es compartida por el Delegado Presidencial, Ignacio Pinto (UDI). “Lamentablemente nos avergüenza a quienes somos parte de la clase política, el espectáculo que dio el Congreso el día de ayer ha desencantado a muchas personas respecto a la función pública, fue un triste espectáculo”, indicó Pinto.

Por otro lado, el diputado y candidato a senador Marcelo Diaz (UNIR), cuestionó la ausencia del diputado Pedro Velásquez.

“Él (Velásquez) debe una explicación a las y los coquimbanos, no sólo votábamos la acusación constitucional por falta a la probidad, por dañar el honor del país, sino también por atentar contra el derecho de las y los chilenos, especialmente de nuestra región de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero uno tiene el deber de dar la cara, independientemente si vota a favor o en contra, pero estar ahí”, crítico Díaz.

Tras la aprobación de la acusación, será el Senado quien actuará como juez y tendrá que decidir el futuro del Presidente Piñera, quien a diferencia de otros libelos, no quedará suspendido de sus labores, aunque no podrá viajar fuera de Chile mientras dure el proceso. En la Cámara Alta la oposición necesita 29 votos a favor para aprobar el juicio político contra el jefe de Estado.

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El texto contiene dos capítulos: El primero, acusa que el mandatario incurrió en faltas graves a la probidad; mientras que el segundo, sostiene que puso en tela de juicio el honor de la nación.

Esto ha generado diversas opiniones en los parlamentarios de la región como el Diputado Daniel Núñez (PC), quien fue uno de los 15 parlamentarios firmantes del libelo, donde espera que el Presidente en esta oportunidad sea destituido de su cargo.

“Piñera pasará a la historia como el peor presidente electo de la historia de Chile, él debió ser destituido por las brutales violaciones a los Derechos Humanos que él amparo y ordenó como presidente en el marco del estallido social y ahora, debe ser destituido su involucración en este caso de corrupción que rodea a Minera Dominga y por los intereses familiares y amigos íntimos con este proyecto minero”, expresó Núñez, destacando la importante de combatir la corrupción en el país.

Por su parte, el parlamentario Raúl Saldívar (PS) sostiene que el libelo ingresado esta jornada es bastante contundente en representar el actuar del presidente. “Esta acusación concentra elementos propios de la actuación del presidente de la República en el ámbito de su relación con los negocios, la multiplicidad de transacciones comerciales con los que ha tenido relación y el desempeño de su cargo, el que no ha podido separar, pese a que se constituye una incompatibilidad entre ambos campos y que desgraciadamente ha traído problemas al país, a su persona y a la democracia”, señaló Saldívar.

En tanto, el diputado oficialista Francisco Eguiguren (RN), indicó que la acusación presentada por la oposición tiene un fin netamente político. “La verdad tiene que buscarse siempre, duela lo que duela, pero cuando existe una motivación más bien política electoral de buscar la verdad me genera un conflicto enorme, la Acusación Constitucional no va a buscar la verdad o resolver el problema, va a buscar tener un resultado electoral que permita a la izquierda lograr un objetivo en las próximas elecciones del 21 de noviembre”, sostiene Eguiguren.

Opinión que es compartida por el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida (UDI). “Sin duda es una acusación netamente política, desde el punto de vista legal no tiene ningún sustento, la acusación solo procede por actos o hechos ocurridos dentro del periodo de su mandato, cosa que acá no ocurre”, indicó Fuenzalida.

Los parlamentarios que conformarán la comisión revisora serán los diputados Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN). Según se indicó, la instancia sesionará de manera presencial.

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Anteriormente, la COEVA era presidida por el intendente de cada región. Pero ahora, con la creación del cargo de gobernador, la figura de intendente pasó a ser la delegado presidencial, siendo este último el autorizado para presidir la instancia.

Esta confusión se generó cuando asumieron los gobernadores regionales, a quienes no se le transmitió esta facultad, quedando en manos del delegado presidencial.

Recientemente se vivió un conflicto con la aprobación del proyecto Dominga. La gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo no pudo participar en la comisión que aprobó esta polémica iniciativa, ya que fue el delegado presidencial, Pablo Herman, quien la presidió.

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El diputado Raúl Saldívar (PS), indicó que pese a ser en una primera instancia positivo, finalmente existe una focalización en la entrega de la ayuda y no ayuda a gran parte de chilenos que la siguen pasando bastante mal. “Empieza con una selección que va reduciendo el foco de la llegada de estos recursos, por eso hay que mirar con atención. Sobre el otorgamiento de prorrogas para el tipo de pago de patentes que cobra el municipio y que generará consecuencias en el presupuesto de la municipalidad, también habrá consecuencias. Además, los adultos mayores están ausentes en estos anuncios, quienes tienen muchas necesidades y es necesario considerarlos”.

Asimismo, el diputado Matías Walker (DC) dice que la apuesta debe ir por una Renta Universal. “El Gobierno sigue equivocando el camino, recurriendo a una extrema focalización en la entrega de todo tipo de bonos, vinculados a requisitos y letra chica, que, al ser vinculados a cuarentena, va a ser más engorroso”, señaló Walker, agregando que era más sencillo entregar una renta universal de emergencia de 400 mil pesos para todas las familias vulnerables y clase media.

Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) indicó que valora esta ayuda, pero que tiene muchas restricciones. “Es mucho más contundente, más maciza e incluye nuestra idea de aumentar el monto de 400 a 500 mil pesos. Sin embrago, sigue estando llena de letra chica y de restricciones, lo que hace que este bono llegue a muchas menos personas de lo que está proyectada”, manifestó Eguiguren.

Una opinión compartida por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien señaló que es una buena noticia, pero que debe seguir mejorándose en el Congreso. “Debemos velar que esos recursos también lleguen a aquellas personas que, habiendo sufrido los efectos de la pandemia, no están recibiendo ningún tipo de ayuda”, indicó Fuenzalida.

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En el caso de la región de Coquimbo, durante el día de ayer, el ahora ex Consejero Regional, Marco Sulantay (UDI) renunció a su cargo para postularse en las siguientes elecciones como candidato a Gobernador Regional y también si se da la posibilidad, de diputado por la región.

Durante esta mañana se conoció la renuncia del concejal de Coquimbo, Alejandro Campusano (DC), quien criticó a los parlamentarios por no aumentar los plazos, lo que finalmente los obliga a renunciar un año antes de las elecciones a sus cargos.

Asimismo, Campusano confirmó que quiere postularse a diputado por la región de Coquimbo. “Es difícil para alguien que no tiene tantos recursos, llegar a un escaño de esa magnitud, pero tengo la convicción y el apoyo de la gente”, afirmó. Sin embargo, Campusano todavía confirma si lo hará o no con por la Democracia Cristiana. “Aun no lo sé, la encuesta que realizó la Democracia Cristiana, para elegir su candidato a alcalde, fue poco democrático”.

Quien también renunció durante esta jornada, fue el Concejal de La Serena, Pablo Yáñez (DC), quien dejó su cargo para postularse a diputado. La renuncia se válida a partir de este viernes.

Lo mismo sucederá en estos días con el actual Gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón (RN), quien renunciará a su cargo, para postularse como diputado o constituyente.

En el caso del alcalde de Illapel, Denis Cortes (Independiente), quien por ley no podrá repostularse en su actual cargo, todavía se encuentra analizando si renunciará o no a su cargo para unas futuras elecciones, aunque su nombre suena fuerte también como candidato a diputado.

Puedes ver la entrevista desde el minuto 55.

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Luego que el Gobierno anunciara a través del Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg que llevará esta iniciativa al Tribunal Constitucional y que el propio Presidente de la república Sebastián Piñera insinuara un eventual veto, las posiciones se polarizaron aun más.

Esta mañana en la zona de debates del programa “Ciudad Despierta” fue una prueba de ello. Los Diputados Francisco Eguiguren y Daniel Núñez discutieron en torno a este tema.

Uno de los puntos álgidos de este cruce de ideas fue cuando se abordó la injerencia del Tribunal Constitucional, en este punto el diputado Eguiguren señaló que siempre plantearon como conglomerado que se trataba de un mal proyecto debido a que contraviene la carta fundamental. “Siempre o calificamos como un muy mal proyecto, porque si bien estamos de acuerdo en que debemos rebajar la jornada de los trabajadores, siempre hemos dicho que el proyecto es inconstitucional porque modifica las bases de cáculo de los trabajadores del sector público y genera gastos al Estado que ha sido refrendado por dos informes consecutivos e la Dirección de Presupuestos”, dijo el parlamentario.

Para Núñez esta justificación responde a un ánimo de la derecha política de invalidar el debate legislativo con lo que consideran una tercera cámara, “ellos acostumbran a presentar mociones parlamentarias para aumentar las penas, si eso pasara muchas personas con penas remitidas van a la cárcel, y si van a la cárcel hay más gastos para el Estado, por lo tanto acá es bloquear un debate democrático, porque cuando ellos pierden y se acaba la mayoría se acaba la democracia, y lo que hacen cuando pierden recurren a la amenaza y el Tribunal Constitucional”.

El debate subió de intensidad cuando el parlamentario de Renovación Nacional retrotrajo la discusión del Tribunal Constitucional a su creación en los años sesenta. Escucha el intenso debate.

Respecto a la discusión del proyecto, el diputado Eguiguren indicó que existe un informe de la Dirección de Presupuestos en donde se esbozan gastos directos o indirectos en los que podría incurrir el ejecutivo de promulgarse esta ley.

Un elemento que fue desvirtuado por el parlamentario comunista, quien considera que esto no significa aumento de gastos en el sector público, pues los funcionarios no verán incrementadas remuneraciones.

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