Según el Municipio el “Gobierno Regional no ha realizado la licitación 2021 de los camiones aljibes para Illapel, por lo que el servicio se encuentra paralizado, exigiendo que previo a ello el municipio solicite reducción del número de los camiones antes mencionados. Esto nos pone en una situación muy incómoda, dada la grave sequía que afecta a nuestra zona”.

Consultado al respecto, tras una reunión del comité hídrico, la autoridad provincial aclaró que el municipio de Illapel no quiso recibir y levantar la ficha alsa para poder adquirir los camiones aljibes, por lo que la Gobernación se hará cargo de estos camiones y así entregar el agua a las familias a partir de este viernes 8 de enero. “Si las personas no han recibido agua estos días, ha sido porque el municipio no ha hecho la pega”, criticó Gálvez.

En cuanto a la reducción de camiones aljibes, el Gobernador Provincial del Choapa explicó que en todas las comunas del Choapa tienen cuatro camiones y con la misma cantidad de beneficiarios. Gálvez también confirmó que se mantiene la cantidad de 600 mil litros de agua, 50 litros por persona diarios, que se entrega cada 7 días.

Puedes ver la entrevista desde el minuto 43.

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El documento fue extendido en respuesta a una solicitud hecha por organizaciones de Salamanca, quienes tenían previsto la realización de una caravana de vehículos el día 18 de octubre, en conmemoración del primer aniversario del estallido social en Chile.

PUEDES VER ESTA NOTA: Gobernador de Choapa prohíbe todas las manifestaciones políticas desde el 13 al 18 de octubre

En conversación con el programa “Sexto Sentido” de Radio Guayacán FM, el Gobernador de la Provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez, justificó su decisión, “esta semana nos llegaron 3 solicitudes, dos de ellas fueron denegadas debido a que tuvimos una reunión  con un comité policial con el encargado del Ejército en la provincia. Y porque esta semana se cumple un aniversario del 18 de octubre, lo que decidimos que cualquier tipo de manifestación de carácter político o que pueda generar controversia en la vía pública no la autorizamos, sin perjuicio que después de esta fecha no teníamos ningún problema en autorizar”.

“Esto se debe a una decisión de seguridad pública, hemos tenido una merma importante en la fuerza policial debido a la pandemia, así es que es un temas que se relacionan con la seguridad y la dotación que tenemos”, agregó la autoridad.

Para justificar la decisión, el Gobernador del Choapa explica que “esto se tomó en base a lo que ha ocurrido en Santiago, donde lamentablemente estas autorizaciones son mal entendidas y la gente piensa que les da derecho a ejercer actos violentos. Sin perjuicio a que si no ocupan la vía pública, cualquier persona puede manifestarse de acuerdo a lo que señala la constitución”.

“El año pasado tuvimos dos actos muy violentos sobre todo enfocado en las dos mineras. La quema completa en la entrada de Minera Los Pelambres, como la parte de geología de Minera Tres Valles, fueron pérdidas de varios millones de dólares, se provocaron atentados incendiarios en estas instalaciones que después terminaron en un fallecido”, puntualizó Gálvez.

Respecto a los argumentos de la resolución, la autoridad provincial reconoce que “no se trata de temas políticos, creo que la redacción podría haber sido distinta, esto se analiza caso a caso, no es una medida general. No es una resolución para otro tipo de eventos. Es precisamente para los eventos que esta gente pidió permisos”.

Aquí puedes escuchar la entrevista al Gobernador, desde el minuto 59:50

INDH IRÁ A CONTRALORÍA

Desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), su jefa regional Tarcila Piña, señaló que “nos preocupa que la Gobernación Provincial de Choapa haya prohibido por entero la realización de una actividad pública, solicitada previamente por particulares, porque esta prohibición supone a nuestro entender una vulneración al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, ambos de rango constitucional. Protegido además por tratados internacionales sobre DD.HH. como es el Pacto Internaciones de Derechos Civiles y Políticos”.

“Si bien el ejercicio del derecho a la reunión puede tener ciertas restricciones, estas solo pueden ser las necesarias en una sociedad democrática, o en interés de la seguridad nacional, del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. En otras palabras, se puede restringir el ejercicio del derecho a la reunión cumpliendo ciertos requisitos, pero en este caso, se llegó al punto de su prohibición”, agregó Piña.

Debido a esto, es que el INDH estamos evaluado  “acudir a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de este acto administrativo que prohibió el ejercicio de estas garantías constitucionales”.

EXPERTA DICE QUE RESOLUCIÓN “CARECE DE FUNDAMENTO”

La abogada Carolina Salas, doctora en Derecho Constitucional de Dignitas Asociados, indicó que en la resolución de la Gobernación de Choapa carece de fundamento, “en un Estado de Derecho las decisiones de la autoridad deben ser fundamentadas, eso significa que debe utilizar una norma jurídica que avale la objetividad de la resolución”.

Según Salas, el permiso administrativo no es un medio de restricción del derecho a reunirse, pues no es un requisito exigido por la Constitución.” Al ser un derecho fundamental, la Carta exige que sea pacífica y sin armas, por ende el permiso administrativo (regulado en un decreto) tiene por objetivo sólo la coordinación con la fuerza pública”, dijo.

Agregó que la respuesta administrativa de la resolución tiene solo un fundamento político. “El Gobernador se funda en razones políticas, usando presunciones de cómo será la manifestación en Salamanca, usando como referente lo ocurrido en Santiago. Esa es una razón política”, reafirmó la abogada.

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Los trabajadores emitieron un comunicado denunciando estas irregularidades acusando que se hizo un traslado de la Residencia desde los Vilos a Illapel en medio de un estado de catástrofe, lo que evidentemente puso en riesgo tanto la salud de los trabajadores como de los menores.
Según el comunicado, desde un comienzo la nueva directora del centro se sacó la mascarilla, rompiendo el protocolo para combatir la enfermedad y desde Gobernación vía WSP anuncian reducción de salarios.

Ante esta situación, el diputado Núñez, junto con pedir la renuncia del Gobernador Gálvez, indicó que emitirá un oficio “exigiendo a la Defensoría de la Niñez que se involucre en este caso, por la evidente vulneración que existe, a la situación de estos niños que están en esta Residencia y solicitaré un sumario administrativo a la Contraloría para determinar las responsabilidades que tiene el gobernador en toda esta situación”.

Fue el viernes 19 de junio que la directora se entera de que está con síntomas de Covid19 y presenta su renuncia en medio del cambio de lugar de la residencia. No se activó el protocolo del contacto estrecho que tuvo con los colaboradores. Una vez que se sabe de esta situación, en la Residencia de Menores no se activa ningún protocolo, ninguna cuarentena para nadie y se continúa con “vida normal” e ingresan 3 funcionarias nuevas.

“Esto es extremadamente grave. Hay una negligencia culposa, al haber acometido con el traslado de esta residencia de Los Vilos a Illapel, además se incumplió el protocolo del proceso de contagio del Coronavirus y todo ellos derivó en que hoy día tengamos una cantidad importante de niños y niñas internados con coronavirus, lo mismo que los trabajadores. El actuar negligente e irresponsable de la autoridad que ordenaron el traslado de este centro ha puesto en riesgo la vida de los niños, por lo que sus derechos han sido vulnerados, el responsable es el gobernador Juan Pablo Gálvez”, afirmó el diputado Daniel Núñez.

Los trabajadores denunciaron también que despidieron a todos los funcionarios que quedaron en la Residencia, en represalia por haber realizado el comunicado, para atemorizar y ocultar la información que hoy se da a conocer.

Recién el 20 de junio pasado el Servicio de Salud de Coquimbo da orden de cuarentena a todo contacto estrecho con el primer caso de Covid19 (la ex directora). El personal trabajó en forma normal hasta el 26 en dicho centro, poniendo en riesgo la vida de muchas personas.

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