Los testigos indicaron a Carabineros que desde el interior del Apart Hotel, un hombre de similar edad, sacó arrastrando el cuerpo, para posteriormente abandonarlo y volver a ingresar al Apart Hotel. Luego de unos minutos, el sujeto, que ya estaría identificado, escapó del lugar. Hasta la emisión de esta nota, el sujeto es intensamente buscado por las policías.

Personal de la ECOH tomó luego el procedimiento para decretar diligencias de la BH de la Policía de Investigaciones que hasta esta hora, continuan realizando diligencias.

Recordemos que fue en este mismo Apart Hotel donde se produjo un femicidio en Marzo del 2023, en el cual  una mujer fue asesinada por su pareja quien no resistió el violento ataque en una de las habitaciones del Apart Hotel.

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En fallo unánime (causa rol 722-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Christian Le-Cerf Raby, Marcela Sandoval Durán y la fiscala judicial Pilar Aravena Gómez– confirmó la resolución recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.

“Que tal como se advierte del fundamento tercero de la sentencia impugnada, la defensa de la condenada Cortés Cortés alegó como fundamento principal la infracción de garantías constitucionales de su representada, que la hizo consistir, en la vulneración del artículo 7 del Código Procesal Penal, puesto que, no obstante existir sospechas fundadas de participación en el delito imputado a esta, no fue reconocida en tal calidad desde los inicios del procedimiento, lo que tuvo como consecuencia, que prestara declaración desde los albores de la investigación, en diferentes oportunidades, diversos días y en varios horarios, encontrándose cansada y agobiada por el actuar policial, desencadenando una confesión”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Pero más aún en el mismo considerando décimo se concluye que ‘la ponderación y escucha de las declaraciones de los testigos que detentaban la calidad de policías al desarrollar la investigación, aparece claramente que desde la denuncia del hecho hasta el momento en que aporta elementos que mutan su situación procesal, Anita Cortés fue siempre considerada, no solo formalmente, sino sustantivamente como víctima de un robo y como testigo del mismo. No se evidenciaron elementos que permitieran afirmar que los funcionarios policiales manejaban en su fuero interno o en sus conversaciones de trabajo, algún indicio que les hiciere pensar que ella podía tener algún tipo de actuación o injerencia en la ejecución del delito. Por el contrario, se pudo distinguir nítidamente el momento en que su calidad procesal, en el avance de la investigación, mutó de testigo al de imputada, adoptándose en ese momento por quien dirigía la investigación, las medidas de resguardo de sus garantías como tal, las que de hecho ejerció al hacer uso de su derecho a guardar silencio, debidamente asesorada por su abogado defensor”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “Tampoco es posible cuestionar, ni la cantidad de declaraciones ni su extensión, porque tal como se indicó precedentemente, ellas no se verificaron durante solo una jornada, las primeras lógicamente próximas a la denuncia, y las restantes ocurrieron posteriormente, espaciadas en tiempo y duración, por lo que tampoco puede advertirse en este punto ninguna ilegalidad”.

“Si toda afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente, se ha cumplido en la especie, toda vez que la declaraciones efectuadas por los diferentes deponentes, corroboradas entre sí y por los demás elementos de convicción, bajo el cumplimiento y fundamentación en los términos que preceden, aparecen provistos de elementos de credibilidad de sus testimonios que se afincan en los parámetros precisados con antelación, no divisándose la ausencia de una razón para concluir la ejecución de los hechos antes descritos”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el defensor penal público don Carlos Rodrigo Cerda Aguirre en representación de la condenada, en contra de la sentencia definitiva dictada por una sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad el veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, en la causa RIT N° 25-2023, RUC N° 2200585540-7, y en consecuencia, se declara que dicho fallo no es nulo, como tampoco el juicio oral que lo precedió”.

El fallo de primer grado ratificado dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 22 horas del 15 de junio de 2022, al interior de un inmueble ubicado en el sector de Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, lugar destinado al comercio de abarrotes en el primer piso y que en su segundo piso servía de domicilio a Aníbal Santiago Cortes Muñoz, “ingresó Andrés Miguel Cortina Domínguez, quien previamente concertado con la hija de Cortés Muñoz, Anita Isabel Cortés Cortés, que ya estaba en ese lugar, tomó por la espalda a la víctima, para inmovilizarlo y permitir que Anita Isabel Cortés Cortés propinara múltiples puñaladas en el cuerpo de su padre, con un arma cortopunzante”.

Cortés Muñoz intentó defenderse, pero cayó al suelo, lugar en donde Cortina Domínguez lo apuñaló con un cuchillo en el pecho. Entre las numerosas heridas, una cortopenetrante torácica en sector izquierdo con recorrido intracorporal de 13 centímetros le causó la muerta a la víctima; lesión necesariamente mortal aun con socorros médicos oportunos.

Para la ejecución del crimen, Cortés Cortés le facilitó el mismo día de los hechos, a Andrés Cortina un elemento corto punzante, unos guantes y una capucha; acordando, además, actuar en el horario de cierre del local comercial. Asimismo, y con la finalidad de no ser descubiertos, sustrajeron dinero que la víctima guardaba, eliminaron el soporte de videograbación de las cámaras de seguridad del negocio y Anita Cortés se infirió heridas simulando una agresión de terceros, para generar la apariencia de haber sufrido un robo en el local.

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El imputado fue formalizado y está en prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de La Serena.

El fiscal subrogante, Lucas Rivera, dijo que “se intentará recopilar más información sobre la dinámica de los hechos y se realizará prueba de ADN a las especies incautadas en el departamento del imputado y en otras encontradas en el sitio del suceso, en la vía pública”, dijo.

De acuerdo hasta ahora con el desarrollo de la investigación, encargada a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, los hechos tuvieron ocurrencia la madrugada del 8 de junio del 2023, cuando el sujeto con el fin de dar muerte, agredió con arma cortante a la víctima en la zona torácica, en la región precordial. ” Se hizo un trabajo científico técnico del sitio del suceso, levantamiento de cámaras y testigos presenciales, para detener al presunto autor a raíz de una orden de detención emanada desde el Juzgado de Garantía de La Serena”, dijo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.

“Gracias al trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI más la declaración de testigos, prueba audiovisual y biológica que se encontró en el sitio del suceso, se pudo lograr que el tribunal accediera a la medida cautelar”, dijo Rivera.

La investigación tiene 100 días de plazo para culminar las diligencias.

Homicidio en Punitaqui

Por otra parte, la Fiscalía de Ovalle sometió a control de la detención a un sujeto por homicidio ocurrido en el sector Las Ramadas de Punitaqui el fin de semana.

El sujeto quedó con ampliación de la detención por espacio de 48 horas.

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Según vecinos del sector, durante la madrugada se escucharon gritos y forcejeos, lo que indicaría que los hechos se habrían provocado por un altercado. Hasta el momento, se investiga la participación de terceras personas.

El jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, el Subprefecto José Cáceres, indicó que las pericias indican que la muerte del sujeto se debería a un arma cortopunzante a la altura del tórax, lo que provocó su deceso en el lugar.

🟢#Guayacaninforma procedimiento #policial en Gaspar Marín con Nicaragua sector #LasCompañías, por presencia de un cuerpo en la vía pública. #PDI se encuentra realizando las respectivas diligencias. #LaSerena #Coquimbo #Ovalle pic.twitter.com/mSGaQv5Sae

— Guayacán CL (@guayacancl) June 8, 2023

“Por solicitud del Ministerio Público, personal de la Policía de Investigaciones -en este caso la Brigada de Homicidios- se dirigieron al lugar del sector de calle Gaspar Marín a realizar pericias por homicidio con arma corto punzante a sujeto N.N.”, señalo Cáceres.

“En este minuto se están realizando un empadronamiento junto al personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para establecer las causas y circunstancias en las que se produjo el hecho”, puntualizó el subprefecto.

Finalmente, al lugar se dirigió personal del Servicio Médico Legal para hacer levantamiento del cuerpo y determinar la causa de muerte del sujeto.

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Peritos del Laboratorio de Criminalística Regional se trasladaron hasta las calles Waldo García con Pedro Montt, en la población Ariztía de Ovalle, para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso,  donde un hombre cayó herido en la vía pública, tras sufrir una agresión, alrededor de las 20 horas de ayer jueves. La victima fue trasladada  de urgencia al hospital de la comuna, donde falleció por una herida cortante en el tórax.

Los detectives se encuentran realizando  diversas diligencias para identificar al o a los autores del delito contra la víctima de 37 años de edad

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En la audiencia de formalización, la magistrada Loreto Figueroa Tolosa ordenó el ingreso de B.A.G.R. al Centro de Internación Provisoria de La Serena, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 75 días el plazo de investigación.

Al resolver la cautelar la magistrada Figueroa Tolosa consideró que: “Cualquier cautelar del artículo 155 va a ser insuficiente para garantizar la seguridad de la sociedad en atención a las circunstancias que rodean la comisión del hecho, a la conducta desplegada por el menor y al hecho que en caso de una eventual sentencia condenatoria la pena probable a imponer es la privativa de libertad.

Por tanto, tomando en consideración lo expuesto se accede a lo solicitado por el Ministerio Público y se decreta la medida cautelar de internación provisoria respecto del menor B.A.G.R.”.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 17 horas del 6 de enero de 2023, el B.A.G.R. y E.M.P.F. (con orden de detención vigente) previamente concertados, llegaron a bordo de una moto marca Suzuki hasta la esquina del pasaje H de Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, lugar donde se encontraban las víctimas, M.P.P.B. y V.G.R.R., a quienes les dispararon en reiteradas oportunidades con las armas de fuego que portaban (pistolas), tras lo cual huyeron del lugar.

A consecuencia de los disparos, M.P.P.B. resultó fallecido por un hemotórax derecho  necesariamente mortal, aunque hubiese recibido auxilio médico en forma oportuna y eficaz. En tanto, V.G.R.R. salvó ileso.

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En la audiencia de formalización, el magistrado Cristóbal Geldun Mancilla ordenó el ingreso de L.A.Z.Z. al Complejo Penitenciario de Huachalalume de La Serena por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además,  fijó en 70 días el plazo de investigación.

Al resolver la privación de libertad del imputado, el magistrado Geldún Macilla sostuvo que: “Los antecedentes dan cuenta de una lesión mortal respecto de la víctima que el imputado, en base a la declaración de los de los testigos, se habría ido del lugar para luego retornar a dicho lugar y cometer el accionar mortal. Teniendo presente eso, no es posible advertir, al menos en este estadio procesal, una eximente incompleta en los términos señalados por la defensa”.

“Existen antecedentes pretéritos del imputado, más la pena de crimen asignada al delito, considera el tribunal que se dan los antecedentes suficientes para decretar la medida cautelar de prisión preventiva por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad”, añadió.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 18:30 horas del 6 de noviembre de 2022, el imputado se encontraba en la vía pública en calle Condell del sector de Guanaqueros, comuna de Coquimbo, lugar donde procedió, con la intención de provocarle la muerte, a agredir a la víctima, E.F.M.R., con un elemento contundente y cortopunzante que le enterró en el sector derecho del pecho, ocasionándole la muerte
por una herida toraco cardíaca a las 22:30 horas, aproximadamente, en el Hospital de Coquimbo.

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La Fiscalía acreditó en juicio oral desarrollado en agosto del 2022 los hechos que dieron cuenta de los acontecimientos ocurridos el pasado 10 de agosto del 2021, cuando el Ministerio Público de la comuna de Los Vilos se apersonó en el lugar donde estaba enterrada la víctima, en una fosa contigua a un sembradío de cannabis.

Los hechos del homicidio ocurrieron entre los días 24 y 26 de febrero del año 2021, en el sector de Mincha, comuna de Canela.

Los sujetos fueron detenidos por la Policía de Investigaciones que trabajó el caso junto al Ministerio Público y los imputados fueron sometidos a juicio oral.

“Se acreditó que la víctima fue muerto por su compañero de delitos, ya que todos estaban dentro de una banda criminal. Fue muerto por su compañero y otros sujetos lo sepultaron en una fosa artesanal. Fue condenado el homicida y todos por inhumación ilegal”, dijo el fiscal jefe de Los Vilos, Rodrigo Gómez.

“No era fácil porque guardaron silencio, pero logramos acreditar el homicidio e inhumación ilegal que fue efectuado días después del hecho, cuando el cadáver estaba en estado de putrefacción total. Seguimos en la senda en favor de nuestra comuna para darle justicia a las personas”, agregó el fiscal Gómez.

En cuanto a las sentencias, un adolescente fue sentenciado a la pena mixta de dos años de régimen cerrado con programa de reinserción social y 3 de régimen semicerrado con programa de reinserción social como autor de un delito de homicidio.

En tanto, el mismo acusado junto a otro adolescente fueron sentenciados a 30 horas de prestación de servicios en beneficio a la comunidad por su responsabilidad en el delito de inhumación ilegal del cuerpo de la víctima, ocurrido el 26 de febrero del 2021

En tanto, otro sujeto fue sentenciado a 348 días de presidio y una multa de 6 UTM, también como autor de inhumación ilegal.

El Tribunal Oral de Ovalle que conoció el caso en juicio oral, estimó que ya algunas circunstancias de las sentencias en el caso de la inhumación ilegal se encontraban cumplidas a razón del tiempo que estuvieron privados de libertad.

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En la audiencia de formalización, el magistrado Luis Muñoz Caamaño ordenó el ingreso de C.T.P.D., al Centro de Detención Preventiva de Ovalle por considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Al resolver la privación de libertad de la imputada, el magistrado Muñoz Caamaño sostuvo que: “La víctima tiene múltiples heridas, ello da cuenta que debe descartarse la legítima defensa, porque la legítima defensa llega hasta cierto repeler un eventual ataque. En este caso, claramente, hay una intención de agredir y causar la muerte de la víctima, que se puede vislumbrar de las cuantiosas heridas que presenta en su cuerpo y especialmente en lugares sensibles del cuerpo donde lógicamente son capaces de
causar la muerte”.

“Por lo tanto, estima el tribunal que se encuentra, por ahora, justificada la existencia del delito de homicidio. Respecto a la participación de la imputada hay testigos que la ven en el lugar del hecho agrediendo a la víctima; no se ha puesto tampoco en duda su participación. En cuanto a la necesidad de cautela se trata de un delito de crimen, por lo cual la libertad de la imputada no puede sino calificarse de peligrosa para la
seguridad de la sociedad, siempre lo es cuando se priva a la sociedad de la vida de unos de sus integrantes”, agregó.

“En consecuencia, estima el tribunal que se dan todos los requisitos del artículo 140 y por ende se va a hacer lugar a petición del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva de la imputada”, concluyó.
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 23:04 horas del domingo 23 de octubre de 2022, en un inmueble de la población Bicentenario, comuna de Ovalle, la imputada provista de un cuchillo le propinó a su exconviviente múltiples heridas cortopenetrantes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la región torácica, abdominal, lumbar, cabeza, rostro y una herida cervical con compromiso de arterias que, en definitiva, le causaron la muerte en el lugar.

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La información preliminar advierte que el crimen habría sucedido, mediante una agresión con un arma cortante causando diversas heridas en la espalda de la víctima.

Los detectives en ese momento, realizaban diligencias en el sector y presenciaron el incidente, que le costó la vida a la víctima cuando era trasladada, por personal de salud, desde el sitio del suceso al hospital de la ciudad.

Los investigadores procedieron con la detención del imputado de 40 años y la recuperación del arma usada en este crimen. También aislaron el sitio del suceso, para los peritajes del Laboratorio de Criminalística Regional y detectives de la Brigada de Homicidios, que concurren por instrucción del Ministerio Público para desarrollar las primeras diligencias

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