El imputado fue formalizado y está en prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de La Serena.

El fiscal subrogante, Lucas Rivera, dijo que “se intentará recopilar más información sobre la dinámica de los hechos y se realizará prueba de ADN a las especies incautadas en el departamento del imputado y en otras encontradas en el sitio del suceso, en la vía pública”, dijo.

De acuerdo hasta ahora con el desarrollo de la investigación, encargada a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, los hechos tuvieron ocurrencia la madrugada del 8 de junio del 2023, cuando el sujeto con el fin de dar muerte, agredió con arma cortante a la víctima en la zona torácica, en la región precordial. ” Se hizo un trabajo científico técnico del sitio del suceso, levantamiento de cámaras y testigos presenciales, para detener al presunto autor a raíz de una orden de detención emanada desde el Juzgado de Garantía de La Serena”, dijo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.

“Gracias al trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI más la declaración de testigos, prueba audiovisual y biológica que se encontró en el sitio del suceso, se pudo lograr que el tribunal accediera a la medida cautelar”, dijo Rivera.

La investigación tiene 100 días de plazo para culminar las diligencias.

Homicidio en Punitaqui

Por otra parte, la Fiscalía de Ovalle sometió a control de la detención a un sujeto por homicidio ocurrido en el sector Las Ramadas de Punitaqui el fin de semana.

El sujeto quedó con ampliación de la detención por espacio de 48 horas.

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La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que, en la región de Coquimbo, el promedio es de un 95% de personas que afirman tener una baja sensación de garantías para asegurar los Derechos Humanos en la población, cifras que, a nivel nacional, llegan a un 68%.

En este contexto, un 93,3% de la población regional considera que hay grupos de personas específicos que se ven vulneradas, donde destacan miembros de la comunidad LGTB y personas mayores, con cifras que llegan a un 33,7% y un 32,55% en la región, respectivamente.

La encuesta también tomo en cuenta la percepción de las personas con instituciones que pueden vulnerar sus derechos, en este ámbito, se observó una gran diferencia entre los números nacionales y regionales.

A nivel nacional, Carabineros fue considerado como el principal ente violador de DDHH, con un 36,6%. Mientras que, en la región, fue el estado, en todo su conjunto de instituciones, quien fue considerado como un actor principal a la hora de transgredir DDHH, con un 55,9%.

Respecto a la discriminación, la encuesta indicó que existe un porcentaje menor a la tendencia nacional de personas que se han sentido discriminadas en un servicio público durante los últimos años, con un 21,6% versus el 40,7% que afirmó sentirse discriminado a nivel nacional.

En esta línea, un 34,2% de las personas que se sintieron discriminadas en un servicio público de la región, afirmo que fue por su sexo, ya sea mujer u hombre. En este contexto, existe un alto índice de encuestados con una baja tolerancia ante hechos de violencia a la mujer, con un 83%.

El instituto destacó principalmente las diferencias entre los resultados nacionales y regionales, haciendo énfasis en el alto porcentaje de encuestados que calificaron la situación de los derechos humanos actual con una nota 4 o inferior, cifras que llegan a un 62,5% y 77,7% correspondientemente.

En este aspecto, los encuestados fueron consultados si consideraban que el respeto a los DDHH esta en mejor o peor situación que hace cinco años atrás, donde solo un 10,7% de las personas de la región afirmó que se respetan más que años anteriores.

Sin embargo, se observa que existe una percepción positiva respecto al respeto de los DDHH en cinco años más, ya que, un 63,1% de los participantes de la región afirmaron que se respetarán más en los próximos cinco años.

El informe completo lo puedes leer en la página web del Instituto https://www.indh.cl/

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Desde el Centro Científico CEAZA advierten que la inadecuada manipulación del equipo puede ser peligrosa, debido a que puede provocar descargas eléctricas. Se trata de un equipo utilizado para prospecciones geofísicas y de aguas subterráneas, que sólo es útil para la investigación científica.

El equipo se encuentra dentro de una mochila negra y está compuesto por una pequeña pantalla conectada a una caja de color negro. El nombre de esta herramienta de trabajo es equipo geofísica TEM – FAST 48, su número de serie es Stealth-2 2C48-4179 y corresponde al modelo 13W32-38K-2016/S2.

Además, los profesionales sufrieron el robo de objetos personales: 2 celulares, un reloj inteligente y artículos de camping (carpa marca doite para 4 personas, carpa para 2 personas, 2 sacos, colchonetas marca Doite, cocinilla y accesorios de cocina).

Llamado a la comunidad

Desde el Centro Científico CEAZA hacen un llamado a la comunidad, en el caso de que alguien vea este equipo y artículos personales robados, se les agradecerá contactarse al teléfono +56 51 220 4378 o al correo info@ceaza.cl

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Peritos del Laboratorio de Criminalística Regional se trasladaron hasta las calles Waldo García con Pedro Montt, en la población Ariztía de Ovalle, para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso,  donde un hombre cayó herido en la vía pública, tras sufrir una agresión, alrededor de las 20 horas de ayer jueves. La victima fue trasladada  de urgencia al hospital de la comuna, donde falleció por una herida cortante en el tórax.

Los detectives se encuentran realizando  diversas diligencias para identificar al o a los autores del delito contra la víctima de 37 años de edad

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En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada  le ordenó al establecimiento educacional abrir un procedimiento investigativo sobre los hechos denunciados; identificar y sancionar a las eventuales alumnas responsables; adoptar las medidas necesarias para asegurar la buena convivencia escolar, y capacitar a quienes cumplan funciones al interior del colegio sobre el manejo de situaciones de conflicto al interior de la comunidad escolar.

“Que del análisis del libelo pretensor se advierte que los actos impugnados corresponden a la eventual omisión de parte del Colegio Bernardo O’Higgins de Coquimbo en la adopción de medidas oportunas y adecuadas al interior del establecimiento a fin de comprobar la existencia de una situación de acoso escolar o bullying que habría sufrido la hija de la recurrente”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “(…) la buena convivencia escolar, definida también en la modificación legal referida, exige que la comunidad escolar y, especialmente, la dirección del establecimiento adopte políticas preventivas contra el maltrato escolar, creando las condiciones que permitan establecer un clima de tolerancia, respeto y coexistencia al interior de dicha comunidad y que propenda al desarrollo armónico de
sus integrantes a fin de lograr una coexistencia armónica y positiva entre ellos. Ello importa, por tanto, el adoptar todas las medidas pedagógicas y protocolos de actuación que no solo permitan, proactivamente, crear y desarrollar las condiciones óptimas de convivencia entre quienes integran la comunidad escolar, sino, además, regular las conductas contrarias a la misma a fin de que sean sancionadas, bajo las
exigencias de proporcionalidad y el respeto irrestricto del debido proceso, todo lo cual debe estar establecido en el reglamento interno respectivo”.

Por tanto, se resuelve que: “se ACOGE el recurso de protección deducido por (…) en favor de su hija, en contra del Colegio Bernardo O’Higgins de Coquimbo, el que deberá, conforme a su reglamento interno, incoar el respectivo procedimiento investigativo a fin de determinar la efectividad o no de los hechos denunciados por la recurrente, identificar a sus presuntos autores y aplicar las sanciones disciplinarias que se contemplen en el referido cuerpo normativo, debiendo especialmente determinar la posible existencia de otros miembros de la comunidad escolar afectados, adoptando, además, todas las medidas necesarias para asegurar la buena convivencia escolar conforme a su reglamentación interna y la normativa educacional y, especialmente, la realización y desarrollo de capacitaciones dirigidas al personal directivo, docente,
asistentes de la educación y quienes cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior del establecimiento referidas a la promoción de buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto al interior de la comunidad escolar”.

Conocida la resolución, el ministro Pulgar Bravo sostuvo que el fallo recoge lo preceptuado en la ley 20.536 sobre bullying o violencia escolar. “Esta ley establece, entre otras obligaciones, que los establecimientos educacionales deben capacitar permanentemente a los profesores con el fin primero de prevenir estos eventos, de detectarlos a tiempo y cuando se ejerce algún tipo de denuncia, como fue el caso, no omitir resolución, sino que al revés, iniciar el procedimiento respectivo, despejar lo que está ocurriendo y tomar medidas de rigor. Solo cuando esto no ocurre se puede escalar de acuerdo a la ley, la situación a los tribunales de Familia. En este caso la Corte concluyó que no se habían adoptado medidas, por lo tanto instruye que así sea”, afirmó el ministro.

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El fiscal (s) de Combarbalá, Cristián Arcos, informó que en la actualidad se han sumado antecedentes a la investigación de la causa y se está a la espera de las pericias del Laboratorio de Carabineros en torno a los hechos formalizados.

Según la formalización, el 30 de Octubre, los 3 sujetos habrían llegado hasta la comuna y abordarían a una víctima que se encontraba transitando por la vía pública.

De acuerdo con la investigación, los sujetos le habrían señalado que eran policías y le sustrajeron su teléfono celular tras apuntarlo con un arma.

La víctima, según la Fiscalía, dio aviso a Carabineros y otorgó las características del auto.

Un dato significativo

Posteriormente, la dueña de una botillería que habría sido víctima del delito de circulación de billetes falsos, aportó otros antecedentes que coincidían con las características que manejaba la policía en los hechos.

“Carabineros ve el vehículo y controla las identidades de los sujetos. Encontraron el arma que resultó ser de fogueo, el teléfono celular de la víctima y billetes que serían falsos”, agregó Arcos.

“Las pruebas que hemos reunidos son las declaraciones de los afectados y estamos a las espera de las pericias de arma y de los billetes. Además el local comercial (botillería) cuenta con cámaras de vigilancia donde se aprecia claramente al menos a uno de los 3 sujetos”, dijo el fiscal (s).

La investigación tiene un plazo vigente de 60 días a contar de la fecha.

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En la audiencia de discusión de la reapertura de la investigación, el magistrado Felipe Pizarro Ávalos acogió la solicitud formulada por la defensa de L.A.S.E. y autorizó la realización de las pericias solicitadas en la causa y que aún no se han concretado. Asimismo, no dio lugar a la solicitud de la defensa de tomar declaración al fiscal regional, en calidad de testigo.

Al resolver la reapertura, el magistrado sostuvo que: “Habiéndose solicitado oportunamente dichas diligencias con fecha 21 de abril del presente año, y no habiéndose dado respuesta, lo cual fue reconocido en estrados por parte del Ministerio Público, respecto a la extracción de los 38 mil archivos que se encuentran al interior de un dispositivo computacional y de cuatro celulares con un peso estimado en cuatro teras [bytes], se hará lugar a lo solicitado en aquellos términos, ordenándose la reapertura de esta investigación por el plazo de 35 días”.

“(…) en cuanto a la información de las 15 carátulas, toda vez que solamente la defensa cuenta con la número uno, dos, cinco y diez, deberá también emitir pronunciamiento el Ministerio Público respecto al destino del resto en la forma antes señalada. En cuanto a las copias del dispositivo WhatsApp y del correlato de los tomos, tendrán que ser saneadas tales deficiencias en el mismo plazo antes señalado”, añade.

“Para resolver todo lo antes señalado, en cuanto a la extracción tanto de los archivos del dispositivo computacional como de los dispositivos móviles, la defensa deberá coordinar con el Ministerio Público un medio tecnológico idóneo, con la capacidad necesaria de dar cobertura a los cuatro teras que informó en términos referenciales la Fiscalía para su vaciado”, concluyó.

Según el ente persecutor, en el transcurso de 2014, el imputado L.A.S.E., al interior de un domicilio ubicado en el sector alto de la comuna de Coquimbo, aprovechaba cuando se encontraba al cuidado de la hija de su conviviente, la menor nacida en 2008, para abusar sexualmente de la víctima. Situación que fue denunciada por M.L.A.P. quien, sin embargo, provocó la retractación de la menor.

Años después, los imputados retomaron la relación de pareja, por lo que decidieron trasladarse en septiembre de 2020, a vivir juntos con la víctima y un hijo en común, a un domicilio emplazado en la villa Talinay, comuna de Coquimbo, inmueble donde L.A.S.E. volvió a abusar de la niña y a violarla en forma reiterada.

En tanto, el 26 de noviembre de 2020, al interior del mismo domicilio, la imputada M.L.A.P. portando un cuchillo, se dirigió al dormitorio de su hija, a la sazón de 12 años de edad, ubicado en el segundo piso de la vivienda. Habitación donde procedió a atacarla con el arma blanca cuando se encontraba acostada en la litera superior de un camarote, propinándole once estocadas en diversas partes del cuerpo. Heridas que le
provocaron una hemorragia que le causó la muerte no de forma inmediata, debido a que las lesiones, si bien graves, no eran necesariamente mortales, de haber recibido atención médica en forma oportuna.

Tras atacar a su hija, la imputada prendió fuego al colchón de la litera inferior del camarote, causando un incendio que consumió parte del mobiliario de la habitación.

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En virtud de lo anterior, detectives especializados se trasladaron hasta la intersección de las calles Los Aromos con México, Sector Las Compañías, comuna de La Serena, acompañados de peritos del laboratorio de Criminalística Regional, a fin de dar inicio a las primeras diligencias de investigación, inspección del sitio de suceso y levantamiento de evidencias.

“Al reconocimiento externo del cuerpo, este presentaba una herida en la región clavicular izquierda, teniendo una data de muerte entre 9 y 10 horas y su causa probable de muerte, una herida cortante cervical por acción de terceras personas”, señaló el Subprefecto Claudio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, y por causas que aún se investigan, los policías lograron determinar que “el fallecido concurrió al domicilio de un conocido para increparlo por diferencias que tenían, siendo el último quien, premunido de un arma cortante, le propinó una estocada en la región cervical, falleciendo en las inmediaciones del sector”, indicó Alarcón.

Los detectives continúan las diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos, como asimismo la identificación de él o los responsables del ilícito.

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Los sujetos, según se investiga, habrían presuntamente concurrido al sector para apoderarse de dinero y drogas, pero lograrían fugarse de la zona.

Una de las personas habría recibido disparos en su zona genital, pero sin riesgo vital.

“Estamos trabajando junto a Carabineros, el OS7 y la Sección de Investigaciones Policiales, SIP además del Laboratorio de Carabineros Labocar. Esperamos tener resultados positivos para dilucidar el hecho en particular”, dijo el fiscal Gómez.

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El fiscal Carlos Jiménez, en la audiencia señaló que la mujer se encontraba con sus dos hijos, de siete y cinco años en su vivienda ubicada en calle El Estero sin número, en el sector Cancha de Higuerita, donde sin motivo alguno comenzó a agredir al mayor de los niños.

“Comenzó a agredirlo con múltiples y fuertes golpes que le dio utilizando elementos contundentes tales como cinturones, una cuchara de madera, golpes de pies y manos en distintas partes del cuerpo”, indicó el persecutor.

Jiménez agregó que dichas agresiones provocaron “múltiples hematomas, equimosis, escoriaciones en casi todo su cuerpo. Erosiones en la región facial. Múltiples equimosis y erosiones en región cervical y toráxica. Múltiples equimosis en el abdomen, brazos, piernas y glúteos”.

“Lesiones que atendida la cantidad le provocaron la muerte al menor M.A.C.C.  por edema pulmonar traumático por politraumatismo antes de recibir atención médica”, detalló el fiscal de Ovalle.

Hechos que para el Ministerio Público configuran un delito de parricidio en contexto de violencia intrafamiliar que se le atribuye en calidad de autora y en grado de desarrollo consumado. Por lo que la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad de la mujer es un peligro para la sociedad.

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez y querellante en este caso, se adhirió a la solicitud de prisión preventiva en contra de J.A.C.T. no sólo por considerarla un peligro para la sociedad, sino que también para el otro hijo de la imputada.

Muñoz se detuvo en el relato de una de las doctoras que realizó maniobras de reanimación por casi treinta minutos a M.A.C.C., señaló que el niño “venía muy frio, con livideces y rigidez en zonas declives, razón por la que ella presume que la muerte del niño tenía una data de una a dos horas”.

Robin Valenzuela, abogado defensor de J.A.C.T, no se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ¿Por qué?

“Nadie puede desconocer la gravedad del hecho. Tuve la posibilidad de conversar con mi representada ella está en condiciones sicológicas muy devastadas. Ha sido muy difícil nuestra comunicación. Son muchos los antecedentes que se han entregado”, explicó Valenzuela

“Esta defensa entiende que la factibilidad de crear pruebas conforme a lo que en el futuro estime pertinente realizar, necesariamente va a necesitar de un tiempo prudente. No vamos a hacer cuestionamiento a la solicitud procesal. Creemos que será necesario conversar detalladamente con mi representada”, añadió la defensa de la imputada.

En la audiencia de formalización, desde Gendarmería solicitaron que la imputada por el delito de parricidio en contexto de violencia intrafamiliar sea trasladada desde el Centro de Detención Preventiva de Ovalle al Complejo Penitenciario de Huachalalume en La Serena.

Jessica Vargas, abogada de Gendarmería, indicó que esta petición se debe a que J.A.C.T. ha recibido amenazas de muerte por parte de otras internas de la cárcel limarina.

“Cuento con un manuscrito escrito por ella, en el que relata el maltrato verbal y amenazas de muerte que ha recibido en dos ocasiones desde que ingresó. Ella se encuentra en cuarentena preventiva por el ingreso reciente a la unidad penal”, dijo Vargas.

“Hay un sólo patio en el cual están condenadas e imputadas en el CDP de Ovalle, por lo cual existe cero posibilidades de segregación y de clasificación. Por tanto, solicitamos el traslado de la interna al Complejo Penitenciario de La Serena, lugar en el cual tendrá mejores condiciones de segregación”, finalizó la abogada de Gendarmería.

El magistrado Darío Díaz acogió la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva. Además, ordenó el ingreso de la imputada al Centro de Detención Preventiva de Ovalle, donde deberá permanecer en aislamiento en prevención de contagio del Covid-19, y luego ser trasladada al complejo penitenciario Huachalalume de La Serena.

El Juzgado de Garantía de Ovalle, fijó un pazo de investigación de 90 días.

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