En la audiencia, la magistrada Loreto Figueroa Tolosa mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva de G.A.D.R. por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, y el plazo de investigación de 90 días decretados en abril.

Según el ente persecutor, el 19 de marzo de 2023 durante la noche, el imputado G.A.D.R., ingresó al domicilio de su ex pareja, que se encontraba al interior del inmueble junto a su hija menor de edad, saltando la reja del antejardín e intentó ingresar a la casa rompiendo un ventanal, lo que no concretó por la intervención de terceras personas.

Posteriormente, el 25 de marzo alrededor de las 23.45 horas, el imputado concurrió nuevamente al domicilio de la víctima y rompió la cámara de vigilancia que esta había instalado en el exterior del inmueble.

Luego, el 6 de abril del año 2023, aproximadamente a las 17 horas, G.A.D.R., siguió en su automóvil Mercedes Benz a la víctima, quien al advertir este seguimiento alertó mediante un mensaje de whatsapp a su hijo A.H.D.C., quien conociendo los constantes hostigamientos por parte del imputado a su madre y los intentos de ingresos no autorizados a su domicilio, se trasladó al lugar y se encontró con esta en la vereda fuera del inmueble.

En esos momentos, el imputado condujo lentamente su automóvil por la calle y aceleró a gran velocidad en dirección a ambos, subió a la vereda con intención de atentar contra sus vidas e integridad física y los atropelló, siendo proyectados por el impacto, lo que provocó lesiones de carácter graves en la mujer y leves en el hijo de esta. El imputado abandonó el vehículo y huyó a pie del lugar.

G.A.D.R. mantenía desde el 24 de marzo de 2023, por orden del Juzgado de Familia de Coquimbo, la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros a cualquier lugar público o privado en el que se encontrara, y especialmente a su domicilio y lugar de trabajo, además de la prohibición de contacto vía telefónica u otras redes sociales.

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En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Andrea Rojas Cortés ordenó el ingreso de H.W.R.P y L.A.M.T. al Centro de Detención Preventiva de Illapel. Además, fijó en 70 días el plazo de investigación.

Asimismo, se formalizó en el acto a la imputada N.I.J.M., por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, disponiéndose a su respecto medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Según el ente persecutor, la detención de las tres personas imputadas se concretó en el marco de diligencias investigativas realizadas por la Policía de Investigaciones de Illapel, bajo la instrucción del Ministerio Público, quien requirió al tribunal autorización de entrada y registro de un inmueble utilizado por los imputados para la actividad ilícita.

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Ilícito perpetrado en octubre de 2019, en las inmediaciones del Mall Plaza de la ciudad, en el contexto del estallido social.

En la audiencia de discusión de aumento de plazo, el magistrado Claudio Ayala Oyanedel, extendió, a partir de hoy, en 30 días la etapa investigativa, por existir según Fiscalía, al menos cuatro diligencias pendientes por concretar.

Tanto los abogados querellantes como la defensa accedieron a la solicitud.

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En la audiencia de revisión de medidas cautelares fijada por el tribunal  de oficio, el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo mantuvo la prisión preventiva de J.A.C.T. en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, al no variar las circunstancias de la resolución inicial, decretada en la audiencia de formalización de la causa.

Al resolver el magistrado Díaz señaló que “El tribunal citó de oficio porque transcurrió el plazo señalado en la ley respecto de revisar la medida cautelar. Se escucharon las peticiones de los intervinientes; la Fiscalía insistió en que se mantuviese la medida porque no han variado las circunstancias desde que se decretó; la defensa indicó que se encontraba realizando diligencias investigativas y que no tenían mayores antecedentes, y a raíz de  eso este tribunal mantuvo la prisión preventiva de la imputada”.

En la causa, el pasado 26 de octubre el tribunal resolvió además, a petición de la defensa de la imputada, ampliar en 90 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 15 horas del 20 de abril de 2021, la imputada J.A.C.T.se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la comuna de Punitaqui, en compañía de sus dos hijos menores de edad. En dicho contexto y sin motivos ni justificación, comenzó a agredir al mayor de los niños, de 7 años de edad, propinándole múltiples y fuertes golpes con cinturones, una cuchara de madera, puntapiés y golpes de mano, provocándole múltiples lesiones, hematomas, equimosis y escoriaciones en casi todo el cuerpo; erosiones en la región facial; erosiones y equimosis en la región cervical y torácica; múltiples equimosis en abdomen, brazos, piernas y glúteos. Lesiones que atendida la cantidad y entidad, le provocaron la muerte al menor por politraumatismo y edema pulmonar traumático.

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Concluye así un caso que quedó al descubierto en julio y agosto del año pasado, luego que en un operativo conjunto de Sernapesca y la PDI se desbaratara una red de comercio ilegal de este apetecido recurso, el cual era extraído y congelado durante el período de veda establecido para resguardar su reproducción, para posteriormente “blanquear” su documentación y comercializarlo una vez terminada la veda.

En un procedimiento llevado a cabo simultáneamente en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y la región Metropolitana, el 02 de agosto del año pasado funcionarios de la PDI detectaron la 11 mil 636 kilos de pulpo en Coquimbo, 350 kilos en la bodega de Huechuraba y 52 kilos en el proveedor en Tocopilla, pudiendo así establecer el modus operandi de esta organización, y presentando las denuncias correspondientes en la Fiscalía.

Luego de recabar los antecedentes y sopesar la evidencia, el juzgado de garantía condenó a la empresa Delmar a las penas de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con el estado y sus servicios por el plazo de dos años, la pérdida parcial de beneficios fiscales o prohibición de recibirlos, que corresponde al 20% del beneficio fiscal por el término de un año.

Asimismo, el tribunal condenó de manera individual al gerente, socios de la empresa, y al comerciante que abastecía del recurso desde la comuna de Tocopilla, a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dura la condena, por la participación como autores del delito consumado y reiterado de comercialización y transporte de recursos hidrobiológicos ilegales vedados, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley Nº18.892 de Pesca y Acuicultura.

Los sentenciados que cumplían con los requisitos para sustituir la pena por la remisión condicional por el período de un año, quedaron sujetos al control administrativo y asistencia al Centro de Reinserción Social de La Serena.

Para la Subdirectora Jurídica de Sernapesca, Jessica Fuentes, este fallo “marca un precedente en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos tipificados en la Ley de Pesca y Acuicultura, en particular cuando se trata de extracción, transporte y comercialización de productos en veda. Valoramos que la corte haya tomado en consideración el agravante que representa la vulneración de este período de protección, por el daño que produce a la sustentabilidad de los recursos”.

Finalmente, la Subdirectora también destacó el trabajo tanto del equipo fiscalizador que descubrió y desmanteló esta organización, así como del equipo jurídico que estuvo a cargo de la persecución judicial del caso y de la debida coordinación y colaboración que se sostuvo todo el tiempo con el Ministerio Público y el fiscal Freddy Salinas. El fallo se dio a conocer el pasado viernes 15 de octubre.

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En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Alejandra Vera Barahona ordenó el ingreso de J.E.E.R. al Centro de Detención Preventiva de Huachalalume, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 15.00 horas del jueves 9 de septiembre el imputado mientras se encontraba en la vía pública en la comuna de Andacollo premunido de un arma de fuego procedió a disparar al cuerpo de la víctima quien resultó con fractura expuesta, lesiones calificadas como de carácter grave según el médico de turno.

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En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo ordenó el ingreso de E.R.A.P. al Centro de Detención Preventiva de Ovalle, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima. Además, fijó en 45 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 8 de la mañana del martes 7 de septiembre el imputado llegó hasta el domicilio de su ex pareja donde esta permanecía durmiendo junto a su madre, hermana y otros familiares. El imputado se lleva a la fuerza a la mujer de la casa, retornando con ella a las 12.30 horas del día.

Se informó que el imputado cuenta, además, con una medida cautelar del juzgado de Familia de Ovalle, con fecha 4 de septiembre, de abandonar el lugar común con la víctima, prohibición de acercarse y comunicarse con ella de cualquier forma.

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En la audiencia de discusión de aumento de plazo (causa rol 8.078-2019), el magistrado Pedro Rojas Castro accedió a la solicitud de las partes y extendió en 100 días la etapa investigativa, a partir del vencimiento del fijado originalmente, por existir diligencias pendientes en la causa; tales como: desarrollo de pericias, toma de declaraciones, recopilación de documentos y la reconstitución de escena.

El 14 de diciembre pasado, en la audiencia de formalización de la investigación, el Juzgado de Garantía de La Serena decretó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de J.S.F.S., medida que cumple en el Regimiento N°21 “Coquimbo”, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

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A la fecha se han realizado tres procedimientos simplificados presenciales, lo que ha significado una descomprensión del sistema en miras de un próximo retorno gradual a la presencialidad.

“Hemos acordado con los intervinientes dar inicio a la realización de juicios orales simplificados presenciales en el tribunal, y para ello se han generado protocolos de seguridad sanitaria a fin de que nadie vea vulnerada su salud por asistir  a una audiencia al tribunal. Para ello contamos con la colaboración de defensores, fiscales y demás intervinientes que han manifestado su voluntad de reiniciar la existencia de estos juicios, a fin de que se puedan desarrollar sin contratiempos y evitar, de esta manera, el atraso que ha significado para todos nosotros la pandemia”, indicó al respecto el juez Pedro Rojas.

En ese sentido, destacó además que “el tribunal se ha preparado, tenemos medidas de seguridad, nadie se ve expuesto y si alguien no desea comparecer presencialmente por razones de seguridad o salud, no están obligados”, agregó.

El Juzgado de Garantía de La Serena, ha realizado desde el inicio de la pandemia audiencias y juicios online y  semipresenciales, los que continúan desarrollándose, de manera de asegurar el servicio de la administración de justicia a sus usuarios.

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