“Mañana será un día histórico, esperado por muchas mujeres en nuestro país”, expresó Paulina Ogalde, una de las tantas mujeres que se verán beneficiadas de la Región de Coquimbo, con nueva Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que promete poner fin a las deudas de los llamados “papito corazón”.

De esta forma, se concreta una solución concreta y un alivio económico para miles de mujeres y personas cuidadoras que, en la Región de Coquimbo, bordea las cuatro mil beneficiarias.

Con el objetivo de difundir los alcances de esta ley, autoridades encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, salieron a la calle a conversar con los transeúntes quienes recibieron de manera muy alentadora los avances en materia de pensiones de alimentos.

“Nosotras estábamos esperando justamente este momento, que es como una persecución, porque hay que incurrir a medidas de apremio para que un progenitor pueda hacer caso de lo que es su cumplimiento, lo legal, lo que corresponde”, agregó Paulina.

Y es que esta nueva normativa entrará en vigencia a partir de este sábado 20 de marzo, estableciendo un mecanismo de pago especial para el cobro de deudas por pensiones de alimentos, además, mejora el acceso a la información financiera de los deudores y garantiza que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad.

Esta ley obedece a un compromiso realizado por el Gobierno con las mujeres y los niños del país así mencionó Maria Fernanda Glaser, seremi de la Mujer y la Equidad de Género, “estamos informando a la comunidad de esta ley que se promulga bajo el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, que fue un compromiso del gobierno para con las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Esta es una ley que viene a hacer justicia de género con muchísimas mujeres a quienes se les adeudan pensiones, una violencia económica, un tipo de violencia que estaba absolutamente normalizado en nuestra sociedad y donde no había medidas que aseguraran el pago efectivo”, indicó.

Por otra parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rubén García, detalló que para la aplicación de esta ley, se requiere que exista una demanda interpuesta en un tribunal, en un juzgado de familia, en primer lugar. “Luego de eso hay una serie de pasos a seguir, en primer lugar, lo que tiene que ver con solicitar la liquidación de la deuda ante el juzgado de familia, a través de la oficina judicial virtual, que es un trámite fácil que se puede realizar cualquier persona sin patrocinio de abogado. Luego de eso se congelan las cuentas para que efectivamente después se pueda investigar lo que es el patrimonio tal como lo señala la Seremi y en ese sentido podemos acceder a información del Servicio Impuesto Interno, de la Comisión de Mercado Financiero y luego de eso, del congelamiento”, acotó.

Cuando el Tribunal de Familia notifica a la institución financiera, existirá un plazo máximo de quince días hábiles para realizar el pago. Si no se cumple, serán las entidades financieras las que tendrán que pagar la deuda dentro del plazo establecido.

Para Natalia Acevedo otra de las beneficiadas con la Ley 21.389, señaló sentirse muy aliviada y agregó que “yo tengo una lucha del 2013 y la verdad es que me debía a ese entonces 10 millones y tantos de pesos, bajó con los 10%, ahora me debe menos. Pero a través de todas estas probabilidades para poder rescatar los fondos que necesitamos va a ser un alivio para muchas mamás, de verdad”.

En la Región de Coquimbo, se adeuda por concepto de pensión de alimentos más de 9.500 millones de pesos, de ellos un 97% corresponde a morosos hombres y solo el 3% a mujeres.

Finalmente, la Diputada Nathalie Castillo, quien también participó de la jornada de difusión, manifestó que, “estas son muy buenas noticias para las miles de mujeres que, por años, por décadas, escuchando los testimonios, tienen que sufrir a veces en el silencio absoluto y también en la precarización, la situación del no pago de las pensiones. Tenemos un compromiso férreo como diputadas oficialistas, diputadas feministas también de la región de Coquimbo, para avanzar en esta agenda y también en otras que vayan en la protección de las niñeces, de las adolescencias y principalmente de las mujeres que viven cualquier tipo de vulneración. Creemos que ese es el compromiso del sello del presidente Gabriel Boric, pero también de nosotras como diputadas del oficialismo”, indicó la parlamentaria.

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Recordemos que durante la mañana la iniciativa había tenido el visto bueno de la cámara del Senado tras aprobar el informe emanado de la Comisión Mixta con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

Entre los puntos más destacados del proyecto se encuentra el no prohibir por ley que los derechos de filiación de hijos e hijas, el garantizar los derechos de filiación a toda persona que se someta a técnicas de reproducción humana asistida, garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, Eliminar el divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo y finalmente garantizar los derechos laborales de pre y post natal sin discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.

De esta manera el proyecto queda listo para convertirse en ley, sólo a la espera de la promulgación oficial del Presidente de la República.

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La idea fue impulsada por la ONG No Chat en 2015, con la intención de disminuir la violencia vial, promoviendo cambios conductuales de los usuarios de vehículos motorizados. Con la nueva norma, los conductores podrían recibir una multa de 3 UTM, el doble de lo estipulado en la actualidad.

La directora de la ONG No Chat y presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, Claudia Rodríguez, sostuvo que “la normativa define como infracción gravísima, inclusive con suspensión de licencia por 90 días, el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción. Esto equipara en cuanto a gravedad al hecho de no detenerse en luz roja o pasarse una señal de disco pare.

Antecedentes

Durante el trámite, varias instituciones y ONG entregaron antecedentes sobre la materia. En este contexto, se expuso que la probabilidad de un siniestro vial se incrementa en 23.24 veces cuando se chatea. A su vez, la incidencia es de 5.93 veces cuando se disca un número telefónico en el celular y 1.04 veces cuando se habla por este al conducir.

También se ha determinado que la prevalencia de uso y manipulación del celular (hablar, chatear y presencia de un distractor) en las intersecciones con alta siniestralidad vial de Santiago de Chile fue de 35%. Esto difiere de la prevalencia encontrada en Inglaterra, que alcanzó un 2,2%.

Asimismo, se considera que el riesgo asociado a la manipulación del celular durante la conducción es 5 veces mayor que el conducir bajo las influencias del alcohol.

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Entre otras cosas, la normativa establece que toda bebida alcohólica contenga una advertencia sobre las consecuencias nocivas de su consumo en su envase, especialmente para poblaciones de riesgo, como embarazadas, menores de edad y conductores.

Igual advertencia deberán contener las cajas o embalajes de carácter promocional destinadas al consumidor, que contengan bebidas alcohólicas. Estas se incluirán también en imágenes y spots publicitarios o de estimulación al consumo nocivo de alcohol.

Con respecto a la publicación de bebidas alcohólicas, se establece que sólo podrá realizarse entre las 22:00 y las 06:00 horas, y en radio se prohibirá el rango entre las 16:00 y las 18:00 horas.

También se prohíbe cualquier forma de publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas, con excepción de eventos deportivos internacionales de carácter mundial, continental o regional.

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Sobre la posibilidad de poder llevar a adelante esta ley utilizando el decreto de zona de Catástrofe, Salas aclaró que “pese a que estemos en una situación de emergencia, el estado de catástrofe solamente habilita la posibilidad de restringir el derecho de reunión y en el caso del derecho de propiedad, habilita la expropiación, pero en el caso de este proyecto de ley, los autores, porque se inició con moción parlamentaria, dicen expresamente en el mensaje que no se trataría de una expropiación, sino solamente de una restricción o un limite al ejercicio al derecho de propiedad de estas empresas”.

Si el Gobierno decide que este proyecto es inconstitucional, deberá ir al Tribunal Constitucional, por lo que el Presidente de la República tiene cinco días de plazo para solicitar la intervención de dicho tribunal.

Desde el punto de vista de la abogada, a diferencia de otros casos, reconoce que este proyecto de ley es claramente un aporte para ayudar a las personas en el tiempo de pandemia. “La justificación que utilizan los parlamentarios autores, es muy buena, porque es precisamente la función social de la propiedad. A mi juicio, no existe inconstitucionalidad por el hecho de imponer restricciones al derecho de propiedad que tendrían las empresas de servicios básicos, puesto que el Estado -por ley dice la Constitución- pude restringir o limitar la propiedad privada basándose en uno de los antecedences de la función social y ahí se encuentran la salubridad pública precisamente. Además, está el decreto de catástrofe, existen datos y hay fundamentación”.

Agregar a lo anterior, los efectos que va tener la pandemia en la economía nacional, considerando los datos entregados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que indican un inevitable de aumento en los niveles de pobreza en el país. “Desde esa lógica, creo que el proyecto es un aporte, puesto que deja más tranquilas a las personas, es una medida transitoria, lo que no significa que no van a pagar, sino que van a pagar en cuotas con posterioridad y son cuotas prorrateadas en el tiempo, hasta 12, es decir, tampoco es una restricción, no hay una privación al derecho de propiedad y tampoco le están impidiendo a las empresas poder recuperar estas utilidades con el cobro de los servicios básicos”.

Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado en el Senado por 28 votos a favor y sólo 10 abstenciones, ninguno en contra.

Puedes ver la entrevista desde el minuto 37

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Se trata de agresiones que se vivieron en menos de dos semanas en el fútbol amateur, algo que preocupa a nivel de la asociación rural y las autoridades de la región.

Para el coordinador regional de seguridad pública, Rolando Casanueva, se requieren cambios en la ley de violencia en los estadios, que incorpore al balompié amateur. “No es como en el fútbol profesional en donde se debe hacer una planificación de seguridad para un encuentro deportivo, el fútbol amatuer no tienen tatos recursos, Esta situación les afecta a ellos, que tengan que regular el cómo accede el hincha apasionado, es un trabajo que debe ser materia de ley, y se han presentado dos proyectos de modificación en la cámara para tener un nivel de control. Pero son tantas las asociaciones que hay que difícilmente en cada una de ellas se pueda contar con todas las medidas de seguridad”, dijo.

Vicente Segovia, el presidente de la asociación de fútbol rural de la región cree que estas agresiones están vinculadas al consumo de alcohol y droga en las canchas, “en el estadio de Monte Patria por ejemplo hay una botillería al lado, uno no los deja entrar pero igual se las arreglan para ingresar alcohol,  hay personas que con el trago se transforman, Y casi todas las canchas están abiertas, ahora recién vamos a tener canchas cerradas”.

Para Casanueva se requieren mayores coordinaciones entre las policías y los dirigentes que permitan evitar que se vuelan a repetir este tipo de incidentes. “Hay una gran responsabilidad que tienen sobre los hombros de los dirigentes respecto del control que pueden tener sobre la gente que va a estos eventos, más aun si las canchas no cuentan con las medidas de seguridad y tampoco hay un estándar respecto al control del público que asiste al fútbol amateur, aquí la coordinación y el control que debemos hacer entre todos es importante, las gobernaciones y carabineros es fundamental”, sostuvo.

SANCIONES PARA RESPONSABLES

Por su parte, Oscar Araya, pdte de la asociación de árbitros de Ovalle, y a donde pertenece uno de los jueces agredidos señala que junto al abogado del municipio de Monte Patria una denuncia en el Ministerio Público que busca sanciones para los responsables.

ADVERTENCIA RESPECTO A LA VIOLENCIA DEL VIDEO, de Limarí Televisión, en donde también mostramos declaraciones de los protagonistas:

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Mismo diagnóstico tiene Fernanda Álvarez, quien antes debía viajar a Santiago para tratarse. “Era un alto costo, la consulta, los medicamentos, las cremas. Con el ingreso a la ley, el costo quedará en cero. Estoy muy feliz”, explicó.

Ambas pacientes se beneficiarán con la incorporación de su patología a la Ley Ricarte Soto, junto a otras patologías denominadas raras o poco frecuentes que contarán con cobertura financiera.

“Es importante destacar todos los beneficios que traerá la incorporación de estas nuevas patologías a los pacientes de nuestra región y de todo Chile. Se trata de patologías que son de baja prevalencia pero que tienen un gran impacto económico para los pacientes y sus familias. Son 9 enfermedades que se incorporan y que ayudarán a la recuperación y a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen”, señaló el Seremi de Salud, Alejandro García, luego de reunirse con pacientes que se beneficiarán con la iniciativa.

Para el Diputado Sergio Gahona, quien también participó del conversatorio, el Cuarto Decreto de esta ley permitirá sumar a más de 100 pacientes nuevos a la cobertura, totalizando cerca de 500 en toda la región. “Es un aumento de la inversión de 4 mil a 5 mil millones de pesos anuales. Y también es un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que sufren estas patologías, acabamos de tener un conversatorio y los pacientes nos contaban en cómo había mejorado su calidad de vida en tan solo uno o dos meses, y eso es lo que realmente importa”, agregó.

Las autoridades estiman que el impacto individual por paciente contempla una cobertura anual entre 3 y 47 millones de pesos. “Nombramos a la Doctora Alejandra Álvarez como referente de la Ley Ricarte Soto para la región, quien se va a encargar de coordinar con los distintos hospitales la acreditación de estas patologías. Esta acreditación consiste en comprobar que tenemos los elementos, diagnósticos y también el recurso humano para tratar a los pacientes y una vez que estos requisitos se cumplan, otorgar el tratamiento”, explicó Claudio Arriagada, Director del Servicio de Salud Coquimbo.

Las nueve enfermedades que se incorporan a la Ley Ricarte Soto son Epidermólisis Bullosa, Esclerosis Lateral Amiotrófica moderada o severa (ELA), Enfermedad de Huntington, Tumores del Estroma Gastrointestinal, Artritis Psoriásica, Colitis Ulcerosa, Inmunodeficiencias Primarias, Lupus Eritematoso Sistémico y Mielofibrosis. Además, se incluye la ampliación de cobertura para la Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente, Artritis Reumatoide y Profilaxis de la infección del Virus Respiratorio Sincicial para prematuros.

“Al año 2018 teníamos 27 patologías acreditadas en la Ley Ricarte Soto. Ahora sumamos nueve más lo que es un gran logro del Ministerio de Salud y de Hacienda, y que ayuda a definir presupuestos para medicamentos que son de alto costo”, puntualizó la Doctora Álvarez, médico reumatólogo del Hospital San Pablo de Coquimbo y referente del Servicio de Salud para la Ley.

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Casos emblemáticos como el de Jocelyn Traipe, madre que perdió a su esposo e hijo en el accidente del puente Zorrilla o el de María Loreto Cortés, este último con sentencia condenatoria en contra del autor del choque, han despertado la inquietud de la comunidad y la necesidad de un cambio legislativo en el Código Penal.

Para una de las organizadoras de este movimiento Jessy Orrego, las leyes son insuficientes debido a las bajas penas que cumplen los imputados por este delito. “No es suficiente con la Ley Emilia, que no modifica la ley de tránsito, donde señala que la pena máxima para una persona que causa la muerte a otra, sobretodo en estado de ebriedad son cinco años de cárcel como máximo, con la Ley Emilia se licita 10 años como máximo de cárcel, pero a final de cuentas queda al criterio del juez”, explica.

Orrego explica que existen 5 familias que están participando en el movimiento social, entre las que se cuentan el caso de María Loreto y el de Sofía Guamán de sólo 11 años en Ovalle, pero se debe seguir luchando por resoluciones judiciales ejemplares, “de los cinco casos por lo que están unidas las familias, solamente uno está en cárcel, están con firma mensual a semanal, pero nadie está haciendo cárcel hoy en día”.

TESTIMONIO

Radio Guayacán contó con el testimonio de Jocelyn Traipe, quien perdió a la mitad de su familia por la irresponsabilidad de un conductor, y que hoy quiere crear conciencia social respecto del cambio en el Código Procesal Penal. “Lo que yo pido es una condena individual, por eso que estoy llamando a todas las personas que han sufrido con la justicia, pues hay quienes llevan 2 años en un juicio y todavía no le dan una condena a los causantes de estos accidentes. El Código Penal jamás a sido cambiado desde el 1800 y tanto, y eso a mi me afecta, ellos toman la ley como el accidente en si, y dictan una condena por eso, y no por cada persona”.

Traipe hizo un llamado a los parlamentarios a escuchar las demandas de este grupo de afectados, y a los abogados para recibir su colaboración para enfrentar el juicio por sus familiares directos, “a todos quienes quieran solidarizar sobre este tema, que le afecta a mucha gente, pero no soy la única, a mí me tocó muy feo y esto me sacudió. Por eso hago un llamado a los abogados que les sobra la plata, que tiene mejor situación económica y que también tienen esa cosa social a apoyarme en esto también, porque voy a necesitar un abogado

Respecto a las manifestaciones, una de ellas se realizó en el Puente Zorrilla de La Serena, con una velatón. Por lo que puedes ver el siguiente video:

Hoy sábado continuarán con una marcha por las principales arterias de la ciudad desde las 11 horas, con encuentro en la Plaza de Armas de la capital regional.

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Esta Ley soluciona completamente el problema del llamado a retiro por motivos de salud de las funcionarias de FFAA y de Orden y Seguridad Pública con fuero maternal. En efecto, estas instituciones no podrán nunca más desvincular a una mujer que goza de fuero maternal, a pesar de que caiga en una causal de retiro por motivos de salud.

Además, se agrega que, en caso de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable, que los imposibilite temporalmente para el servicio, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.

Para entregar más detalles y difundir esta Ley, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Ivón Guerra Aguilera junto a su par de Gobierno, Ignacio Pinto Retamal participaron de un desayuno con mujeres militares del Ejercito que son parte del Regimiento N°21 de Coquimbo.

En el Regimiento existen 18 mujeres militares y 19 mujeres civiles que son parte de la dotación. Allí, Ivón Guerra entregó detalles de la importancia de esta Ley que bajo el mandato del Presidente, Sebastián Piñera se le dio urgencia al proyecto que estaba estancado en el Congreso y es parte de la Agenda Mujer, “Esta ley representa un hito muy significativo porque es el reconocimiento del Estado de Chile a la plena incorporación de las mujeres a las instituciones con todos sus derechos y con la tranquilidad del fuero maternal. Tal como lo dijo nuestra ministra, Isabel Plá esta ley es una deuda histórica que Chile mantenía con las funcionarias de las Fuerzas Armadas y es una muestra del compromiso de nuestro Gobierno por avanzar hacia una sociedad con igualdad de derechos para mujeres y hombres”

El Coronel del Regimiento N°21 de Coquimbo, Manuel Herrera también destacó esta iniciativa, “el espíritu de la Ley es proteger la maternidad, la gestión y los primeros meses del desarrollo del niño. Esta Ley va a equiparar lo que tiene la vida civil. El respeto por la igualdad de género nace por la mismas personas, si yo me hago respetar en mi trabajo siendo un buen funcionario, trabajando en equidad y en ambiente de respeto. Estas Leyes aportan a tener una mejor sociedad”

Por su parte, el seremi del Gobierno, Ignacio Pinto Retamal agregó, “hoy estamos dando a conocer, una muy buena noticia en el ámbito del fuero maternal para todas las mujeres de las Fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, esta es una medida que gracias al Presidente Sebastián Piñera va a proteger y asegurar la igualdad ante la ley del personal femenino y protegerá la maternidad y la familia que para nosotros es muy importante”

En tanto, la Subteniente y Oficial de Personal del Regimiento, Ana Campos Quiroz valoró la actividad de difusión de la Ley, “que nos haya dado a conocer qué es esta nueva Ley a nosotras no sirve, es un apoyo y gran avance como mujeres, si bien hoy nosotros en el ejército tenemos los mimos derechos que un hombre, esta Ley nos protege más, nos viene a resguardar nuestro trabajo”.
Este proyecto fue el primero de la Agenda Mujer en ser despachado del Congreso y forma parte de las medidas impulsadas por el Presidente Sebastián Piñera para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

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Radio Guayacán conversó con el Diputado Francisco Eguiguren, quien expresó que valora el aporte de la oposición siempre y cuando apoyen la idea de legislar, “porque es muy inconsistente entregar propuestas para mejorar un proyecto y rechazarlo porque no se admite de antemano, estamos hablando de la reforma de pensiones, del proyecto más importante para la sociedad en Chile, por lo tanto no es cosa de leerlo y aceptarlo al tiro, y por lo tanto la idea de legislar se debiera votar mañana como último plazo a las 12 de la noche, y en ese sentido lo más adecuado, lo que la gente esperaría de nosotros favorablemente la idea de legislar y después discutiéramos en particular para hacer de esto un gran proyecto para Chile”.

Entre las propuestas de la oposición destacan un aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados en, por lo menos, un 20 por ciento, también el incremento de la tasa de cotización, incorporando elementos de solidaridad en el pilar contributivo. Además, una ampliación del Pilar Solidario, una institución pública que administre toda la cotización adicional con una lógica de seguridad social y una reforma profunda al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora no ha sido comentada desde el Ejecutivo.

En cuanto al aumento inmediato que pide la oposición, el diputado dijo que es inviable y agregó “Lo que queremos es cambiar las reglas del juego, ir mejorando gradualmente las pensiones, la idea es detener esta curva descendente en la que cada día los pensionados ganan menos”.

La idea de legislar esta reforma previsional se votará hoy jueves a las 9 de la mañana.

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