Pescadores artesanales de la especie de Anchoveta de diferentes sectores de la Región, se congregaron para protestar en cuanto a la regulación de la cuota de extracción de esta especie. Dicha cuota está regularizada por la actual Ley de pesca, la cual dicho sea de paso, recordemos que la Comisión del Senado aprobó en general su nulidad el pasado 13 de septiembre, pero esta seguirá rigiendo hasta que ingrese una nueva.

De esta forma, Horacio Pizarro uno de los dirigentes de los pescadores artesanales, nos declaró que él y su sector hoy se sienten “engañados y relegados”, ya que no han sido invitados a las conversaciones del reparto de la cuota existente de anchoas, la cual para la Región de Coquimbo y Atacama corresponde a 10 mil toneladas, y a las que ellos solo pueden acceder al 4%. “Es irrisorio, imagine que nos quieren dar 40 toneladas para 70 embarcaciones de manera anual y eso la hacemos nosotros en la jornada de un día. Nos perjudica enormemente” sentenció el dirigente.

Por su parte, también revelaron a nuestro medio, que Javier Chávez, Director Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Coquimbo y Atacama, los citó a una reunión el 17 de octubre, siendo que el acuerdo de las cuotas de extracción se firman el 14 de octubre, situación que para ellos es una ofensa y que solo los aparta de la discusión siendo agentes claves de la misma.

Los pescadores artesanales exigen para deponer las manifestaciones una cuota de 33% de las 10 mil toneladas disponibles, es decir, subir su cuota para la pesca de anchoveta de 40 a 3.300 toneladas.

Las barricadas se depusieron a eso de las 2 horas de su inicio, cuando dirigentes de los pescadores lograron ingresar a las dependencias municipales, y así hablar con el ya mencionado Javier Chávez y el Seremi de Economía Nicolás Ledezma, quien se trasladó hasta el sitio.

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El pasado 06 de octubre se realizó una paralización por parte de los funcionarios, donde las autoridades se comprometieron a formar mesas de trabajo para delinear estrategias y buscar acuerdos en torno al desarrollo de la salud urbana y rural de la comuna. Está mesa de trabajo comunal, se concretó y es encabezada por el alcalde, junto al Servicio de Salud Coquimbo. Sin embargo, los trabajadores indican no sentirse integrados y que faltan varios actores de la comuna.

“La marcha fue por la mejora del hospital, mejor resolutividad, no sólo en equipamiento, sino también en brechas de recursos humanos que faltan en el hospital para operar maquinas”, explicó Roberto Legua, presidente de la Fenats de Los Vilos, agregando que no se han vistos avances en esta mesa de trabajo.

Por su parte, Isolda Díaz, secretaria general de la Fenats de Los Vilos, indicó que la comunidad prefiere tener a los profesionales en la zona. “La complicación para muchos es la telemedicina, no están acostumbrados, se realizó una capacitación, pero ellos prefieren la atención cara a cara con el especialista, porque se quiere implementar los pabellones, en la manifestación anterior, entre funcionarios, usuarios y la comunidad, se logró que se mantuviera al ginecólogo, por lo que ahora tenemos dos ginecólogos y así potenciar esta área, para que las mujeres puedan tener a sus hijos acá y las cirugías ginecológicas se puedan realizar”, puntualizó Díaz.

Desde el Servicio de Salud Coquimbo, la subdirectora de Gestión Asistencial, la Dra. Alejandra Álvarez, descartó que el recinto se transforme en un consultorio. “Eso no es así, estamos trabajando en una mesa con el municipio, ya hemos un trabajado avanzado de normalización del Hospital de Los Vilos, donde se evalúan las carteras de prestaciones y el trabajo en red, de los hospitales comunitarios como el de Los Vilos”, señaló Álvarez.

“Además, se está evaluando todo lo que tiene que ver con la Atención Primaria de Salud, por ejemplo, la construcción del Cesfam de Quilimarí, aumentando la resolutividad no sólo del hospital, sino también de la Atención Primaria. Las normalizaciones de los hospitales, no sólo traen la actualización del recurso humano que se requiere, sino también las carteras de prestaciones necesarias”, agregó la subdirectora.

Finalmente, la doctora aclaró que se mantendrán las especialidades actuales, tales como medicina interna, pediatría y ginecología.

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La solicitud fue un proyecto de alcantarillado y la compra de un camión séptico para solucionar los problemas de malos olores que por años aqueja al lugar. Pablo Herman, Delegado Presidencial declaró que “la responsabilidad ahora recae en el Gobierno Regional”, y aseguró que durante su gestión se avanzó en el proyecto y que ahora depende de la nueva gobernadora la aprobación de los fondos regionales.

Nueva espera que agotó la paciencia de los vecinos y vecinas que cortaron la ruta 41 y sacaron las banderas para protestar por el retraso. Lamentablemente el actual Delegado Presidencial Pablo Herman dijo “no se pudo concretar la compra dentro de mi gestión porque no estaba dentro del presupuesto para este año, entonces nosotros tuvimos que solicitar a Contraloría una modificación al presupuesto para poder incorporarlo. Hoy ya está incorporado, pero para cambiar el presupuesto se tiene que pasar otra vez por Contraloría y los vecinos lo saben”.

El alcalde de La Serena Roberto Jacob por su parte, puntualizó: “La municipalidad hizo la pega”, ya que según las palabras del edil “se presentó el proyecto para la compra del famoso camión limpia fosa al GORE, se le hicieron observaciones, se volvió a presentar y ahora la rentabilidad satisfactoria está presentada y aprobada. Solo falta el traspaso de fondos para poder solicitar la compra mediante convenio marco”.

Además, Jacob aseguró que mantuvo conversaciones con la Gobernadora Regional esta semana, y le informó de la situación de los vecinos del sector. “La Gobernadora se comprometió a revisar la situación y leer los proyectos rápidamente. Ella mostró la mejor disposición para darle una pronta solución a los vecinos y vecinas”, aseguró Jacob.

Otras Demandas

Respecto a la serie de demandas presentadas por los vecinos, el alcalde de la comuna enfatizó en que “cuando nos reunimos con los vecinos el año pasado, ellos solicitaron señalética y paraderos nuevos; la municipalidad los instaló. Ahora están solicitando semáforos en la carretera y lomos de toro, pero eso le corresponde a Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Transportes, no tiene nada que ver la municipalidad ahora”.

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El documento fue extendido en respuesta a una solicitud hecha por organizaciones de Salamanca, quienes tenían previsto la realización de una caravana de vehículos el día 18 de octubre, en conmemoración del primer aniversario del estallido social en Chile.

PUEDES VER ESTA NOTA: Gobernador de Choapa prohíbe todas las manifestaciones políticas desde el 13 al 18 de octubre

En conversación con el programa “Sexto Sentido” de Radio Guayacán FM, el Gobernador de la Provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez, justificó su decisión, “esta semana nos llegaron 3 solicitudes, dos de ellas fueron denegadas debido a que tuvimos una reunión  con un comité policial con el encargado del Ejército en la provincia. Y porque esta semana se cumple un aniversario del 18 de octubre, lo que decidimos que cualquier tipo de manifestación de carácter político o que pueda generar controversia en la vía pública no la autorizamos, sin perjuicio que después de esta fecha no teníamos ningún problema en autorizar”.

“Esto se debe a una decisión de seguridad pública, hemos tenido una merma importante en la fuerza policial debido a la pandemia, así es que es un temas que se relacionan con la seguridad y la dotación que tenemos”, agregó la autoridad.

Para justificar la decisión, el Gobernador del Choapa explica que “esto se tomó en base a lo que ha ocurrido en Santiago, donde lamentablemente estas autorizaciones son mal entendidas y la gente piensa que les da derecho a ejercer actos violentos. Sin perjuicio a que si no ocupan la vía pública, cualquier persona puede manifestarse de acuerdo a lo que señala la constitución”.

“El año pasado tuvimos dos actos muy violentos sobre todo enfocado en las dos mineras. La quema completa en la entrada de Minera Los Pelambres, como la parte de geología de Minera Tres Valles, fueron pérdidas de varios millones de dólares, se provocaron atentados incendiarios en estas instalaciones que después terminaron en un fallecido”, puntualizó Gálvez.

Respecto a los argumentos de la resolución, la autoridad provincial reconoce que “no se trata de temas políticos, creo que la redacción podría haber sido distinta, esto se analiza caso a caso, no es una medida general. No es una resolución para otro tipo de eventos. Es precisamente para los eventos que esta gente pidió permisos”.

Aquí puedes escuchar la entrevista al Gobernador, desde el minuto 59:50

INDH IRÁ A CONTRALORÍA

Desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), su jefa regional Tarcila Piña, señaló que “nos preocupa que la Gobernación Provincial de Choapa haya prohibido por entero la realización de una actividad pública, solicitada previamente por particulares, porque esta prohibición supone a nuestro entender una vulneración al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, ambos de rango constitucional. Protegido además por tratados internacionales sobre DD.HH. como es el Pacto Internaciones de Derechos Civiles y Políticos”.

“Si bien el ejercicio del derecho a la reunión puede tener ciertas restricciones, estas solo pueden ser las necesarias en una sociedad democrática, o en interés de la seguridad nacional, del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. En otras palabras, se puede restringir el ejercicio del derecho a la reunión cumpliendo ciertos requisitos, pero en este caso, se llegó al punto de su prohibición”, agregó Piña.

Debido a esto, es que el INDH estamos evaluado  “acudir a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de este acto administrativo que prohibió el ejercicio de estas garantías constitucionales”.

EXPERTA DICE QUE RESOLUCIÓN “CARECE DE FUNDAMENTO”

La abogada Carolina Salas, doctora en Derecho Constitucional de Dignitas Asociados, indicó que en la resolución de la Gobernación de Choapa carece de fundamento, “en un Estado de Derecho las decisiones de la autoridad deben ser fundamentadas, eso significa que debe utilizar una norma jurídica que avale la objetividad de la resolución”.

Según Salas, el permiso administrativo no es un medio de restricción del derecho a reunirse, pues no es un requisito exigido por la Constitución.” Al ser un derecho fundamental, la Carta exige que sea pacífica y sin armas, por ende el permiso administrativo (regulado en un decreto) tiene por objetivo sólo la coordinación con la fuerza pública”, dijo.

Agregó que la respuesta administrativa de la resolución tiene solo un fundamento político. “El Gobernador se funda en razones políticas, usando presunciones de cómo será la manifestación en Salamanca, usando como referente lo ocurrido en Santiago. Esa es una razón política”, reafirmó la abogada.

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Las autoridades locales, realizaron un balance de lo vivido ayer donde el Intendente (s) Gonzalo Chacón señala que “alrededor de 70 personas participaron de la manifestaciones y posteriores barricadas en la conurbación. La jornada finalizó sin detenidos, pero lamentablemente con semáforos y señaléticas dañadas en La Serena

Por su parte el jefe de la IV zona policial, General Jorge Tobar indicó que en la comuna de Coquimbo se vivieron diversas situaciones de cuidado que pudieron ser controladas por el personal policial como el intento de saqueo de una pastelería y una situación vivida en calle Alessandri donde se desplego un cable acerado de extremo a extremo para impedir el paso de los carros policiales, pero que podría haber causado daños a todos quienes transitaban por el lugar.

“A pesar de eso logramos acotar el radio de acción de los manifestantes en ambas comunas, evitando que pudieran haberse desplegado en otros puntos y eso gracias al gran despliegue de carabineros que contuvieron a los manifestantes” indicó Tobar.

Finalmente, el General Jorge Tobar sostuvo que ya se encuentran trabajando en planes de acción si se vuelven a repetir estas manifestaciones en los próximos días o con miras al próximo 18 de octubre por lo cual “ si tenemos que reforzar el contingente lo vamos a hacer, optimizando el capital humano que tenemos en la región”.

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La pandemia del coronavirus, no sólo afecta la salud de los chilenos, si no que también  económicamente a los chóferes de las diferentes lineas de taxis colectivos de la conurbación, quienes han visto disminuidos sus ingresos al mínimo ya que la afluencia de gente en las calles es mucho menor y el poco dinero que logran hacer durante el día debe ser entregado a los dueños de los autos.

Por esas razones, decidieron realizar una caravana dirigiéndose  a la Intendencia regional, para hacer entrega de un petitorio con medidas que podrían ayudarlos a afrontar la difícil situación actual que viven, pero lamentablemente no pudieron llevar a cabo esta acción, ya que en el lugar no se encontraba ninguna autoridad para recibirlos.

” Lo único que queríamos era hacernos presentes y que la autoridad entendiera que también existimos los conductores, ellos han hecho menciones de apoyos a algunos trabajadores independientes, pero los chóferes no estamos en ninguna parte” indicó Marcos Ponce, Presidente del sindicato de conductores profesionales de taxis colectivos de la Provincia del Elqui.

Medidas solicitadas por los conductores

El documento que se iba a entregar en la Intendencia contenía una serie de propuestas que lo chóferes creen necesarias por el bien de los conductores en general y los pasajeros, las cuales son :

1.- La entrega de un bono compensatorio de las 5 UTM por el concepto del pago al impuesto especifico de los combustibles.

2.- Establecer restricción vehícular  de dígitos en placas patentes por el periodo de contingencia.

3.- La entrega por parte del gobierno de elementos de seguridad como mascarillas, alcohol gel y otros.

4.- Suspender o congelar los pagos de la luz y agua hasta que pase la contingencia de la crisis sanitaria.

5.- Suspender cobros de créditos bancarios que a la fecha están comprometidos por los conductores y dueños de vehículos.

6. Fiscalizar a las aplicaciones que hasta hoy son ilegales.

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Marchas absolutamente pacíficas, que en el caso de La Serena llegaron hasta la Intendencia Regional y continuaron hasta la Ruta 5 Norte.

En la tarde la Plaza Buenos Aires de La Serena, la Plaza Las Américas de Coquimbo y la Plaza de Armas de Ovalle reunían una de las jornadas más masivas desde el inicio de la manifestación social hace más de 3 semanas.

La demandas van desde el sistema previsional, la educación, salud, y las jornadas laborales. Al menos la gran mayoría de quienes marcharon lo hicieron en forma pacífica sin desmanes.

Aquí puedes ver el video de la protesta en La Serena.

Aquí puedes ver la transmisión conjunta realizada entre Guayacán FM, El Observatodo y Limari Televisión.

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Se reportaron barricadas en Avenida Francisco de Aguirre, rebautizada por los manifestantes como “Diaguitas”, por ambas calzadas, El Santo, Huanhualí, entre otras arterías de la capital de la Región de Coquimbo.

En Huanhualí el tránsito fue obstruido con piedras. Asimismo, se han producido algunos enfrentamientos en la Avenida de Aguirre y calle Domeyko.

Además, se registraron daños en la sucursal de Sura (Huanhualí), y el Automóvil Club de Chile (Francisco de Aguirre). En el siguiente video puede ver el especial de prensa de Guayacán (95.1 FM) con imágenes de la marcha pacífica.

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En lo que respecta a menores de edad, las cifras se han acrecentado. Tarcila Piña, directora regional del organismo, señaló al respecto que “el Instituto de Derechos Humanos en estos 18 días de las manifestaciones sociales ha recibido 29 denuncias de niños, niñas, adolescentes en este contexto. De ellas, ya tenemos 2 querellas presentadas, una por tortura y otra por apremios ilegítimos”.

Las principales vulneraciones que el Instituto ha constatado en el ámbito de detenciones en manifestaciones o en Comisarías dice relación con “golpizas en todas partes del cuerpo”, detalla la directora.

“Tenemos un menor de edad herido de perdigón, también hay otra menor que recibió una bomba lacrimógena cerca de la cabeza. Tenemos también desnudamientos de niños, niñas y adolescentes, y principalmente, las afectaciones por golpes de luma, puños y pies”, dijo.

En ese sentido, Tarcila Piña indicó “no hay que olvidar que el Estado debe respetar, garantizar e investigar el ejercicio de los Derechos Humanos, estamos bastante preocupados porque estos últimos días hemos visto que los estudiantes secundarios se han incorporados a las movilizaciones, entonces el llamado es a que Carabineros respete el protocolo del uso de la fuerza y también respete la Convención de Derechos del Niño que le entrega una protección reforzada a estos menores de edad”.

En cuanto a lo último, señaló que “es una protección reforzada porque es un grupo de especial vulneración e interés, por lo tanto, tenemos un tratado internacional suscrito que se ha incorporado en nuestra legislación”.

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De acuerdo a la propia página de Facebook del establecimiento la votación fue de 28 votos a favor, 27 en contra y un voto nulo, por lo que el tradicional liceo tendrá clases suspendidas desde mañana jueves 20 de junio.

En la misma publicación no se dejaron esperar las muestras de apoyo y críticas a la decisión, debido a que la votación se volvió a realizar después de varios días.

Sin embargo, quedó claro que la intervención de hoy, en donde docentes ingresaron pacíficamente al Liceo Gregorio Cordovez para incentivar a sus colegas a sumarse al paro.

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