“Mañana será un día histórico, esperado por muchas mujeres en nuestro país”, expresó Paulina Ogalde, una de las tantas mujeres que se verán beneficiadas de la Región de Coquimbo, con nueva Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que promete poner fin a las deudas de los llamados “papito corazón”.

De esta forma, se concreta una solución concreta y un alivio económico para miles de mujeres y personas cuidadoras que, en la Región de Coquimbo, bordea las cuatro mil beneficiarias.

Con el objetivo de difundir los alcances de esta ley, autoridades encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, salieron a la calle a conversar con los transeúntes quienes recibieron de manera muy alentadora los avances en materia de pensiones de alimentos.

“Nosotras estábamos esperando justamente este momento, que es como una persecución, porque hay que incurrir a medidas de apremio para que un progenitor pueda hacer caso de lo que es su cumplimiento, lo legal, lo que corresponde”, agregó Paulina.

Y es que esta nueva normativa entrará en vigencia a partir de este sábado 20 de marzo, estableciendo un mecanismo de pago especial para el cobro de deudas por pensiones de alimentos, además, mejora el acceso a la información financiera de los deudores y garantiza que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad.

Esta ley obedece a un compromiso realizado por el Gobierno con las mujeres y los niños del país así mencionó Maria Fernanda Glaser, seremi de la Mujer y la Equidad de Género, “estamos informando a la comunidad de esta ley que se promulga bajo el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, que fue un compromiso del gobierno para con las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Esta es una ley que viene a hacer justicia de género con muchísimas mujeres a quienes se les adeudan pensiones, una violencia económica, un tipo de violencia que estaba absolutamente normalizado en nuestra sociedad y donde no había medidas que aseguraran el pago efectivo”, indicó.

Por otra parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rubén García, detalló que para la aplicación de esta ley, se requiere que exista una demanda interpuesta en un tribunal, en un juzgado de familia, en primer lugar. “Luego de eso hay una serie de pasos a seguir, en primer lugar, lo que tiene que ver con solicitar la liquidación de la deuda ante el juzgado de familia, a través de la oficina judicial virtual, que es un trámite fácil que se puede realizar cualquier persona sin patrocinio de abogado. Luego de eso se congelan las cuentas para que efectivamente después se pueda investigar lo que es el patrimonio tal como lo señala la Seremi y en ese sentido podemos acceder a información del Servicio Impuesto Interno, de la Comisión de Mercado Financiero y luego de eso, del congelamiento”, acotó.

Cuando el Tribunal de Familia notifica a la institución financiera, existirá un plazo máximo de quince días hábiles para realizar el pago. Si no se cumple, serán las entidades financieras las que tendrán que pagar la deuda dentro del plazo establecido.

Para Natalia Acevedo otra de las beneficiadas con la Ley 21.389, señaló sentirse muy aliviada y agregó que “yo tengo una lucha del 2013 y la verdad es que me debía a ese entonces 10 millones y tantos de pesos, bajó con los 10%, ahora me debe menos. Pero a través de todas estas probabilidades para poder rescatar los fondos que necesitamos va a ser un alivio para muchas mamás, de verdad”.

En la Región de Coquimbo, se adeuda por concepto de pensión de alimentos más de 9.500 millones de pesos, de ellos un 97% corresponde a morosos hombres y solo el 3% a mujeres.

Finalmente, la Diputada Nathalie Castillo, quien también participó de la jornada de difusión, manifestó que, “estas son muy buenas noticias para las miles de mujeres que, por años, por décadas, escuchando los testimonios, tienen que sufrir a veces en el silencio absoluto y también en la precarización, la situación del no pago de las pensiones. Tenemos un compromiso férreo como diputadas oficialistas, diputadas feministas también de la región de Coquimbo, para avanzar en esta agenda y también en otras que vayan en la protección de las niñeces, de las adolescencias y principalmente de las mujeres que viven cualquier tipo de vulneración. Creemos que ese es el compromiso del sello del presidente Gabriel Boric, pero también de nosotras como diputadas del oficialismo”, indicó la parlamentaria.

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En conversación con Radio Guayacán, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del GORE Coquimbo, Nayade Aguirre, criticó esta designación. “Es un tema tan delicado (PapayaGate) es una investigación que se encuentra en Contraloría y en la Fiscalía; y ella asuma un cargo de tanta notoriedad y no en cualquier Seremía, sino una que tiene que ver con la justicia, cuando ella al igual que otros, no debería asumir un cargo de esa relevancia”, indicó Aguirre.

Curiosidad causó este nombramiento para Aguirre, debido a la situación que se generó con la llegada a la Intendencia de Pablo Herman, tras la renuncia de Lucía Pinto. “Cuando asume el Intendente, le pide la renuncia a Sara Contreras, porque no tenía su confianza”.

“Ahora no se explica cómo ella asume la Seremía de Justicia, si está en un proceso de investigación. Es curioso que, no teniendo la confianza para continuar en el cargo de Jefa de Gabinete del actual Intendente, si la tenga para asumir una Seremía de tanta relevancia”, agregó la dirigente.

Puedes ver la entrevista desde el minuto 27.

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Según confirmaron fuentes de este medio de comunicación se trata de 77 internas, que si bien están manifestando en contra de la modificación del Decreto N° 321 sobre la libertad condicional de los reclusos, no estarían en una estrictamente en huelga de hambre, pues se negarían a recibir la alimentación fiscal. Por lo tanto, no se descarta que consuman alimentación por sus propios medios.

Las fuentes también informaron que se trata de una movilización pacífica de un sólo módulo del penal regional, y que sólo 5 de las internas no pueden seguir la acción de fuerza debido a problemas de salud, como diabetes o hipertensión.

RAZONES DE LA MANIFESTACIÓN

La principal causa del reclamo de las internas es la modificación del Decreto N° 321 (que data de 1925) mediante la  ley 21.621 realizada el 18 de enero de este año.

La abogada María Soledad Salas, Magister Derecho Penal y Directora Escuela Derecho Universidad Central de esta región, señaló a Radio Guayacán que “en términos simples esto modificó los requisitos de los internos de los distintos penales del país para solicitar el beneficio de libertad condicional, lo que les afecta a ellos directamente es que antes podían solicitar la libertad condicional al momento de  cumplir el 50 % de la pena, la modificación señala para varios delitos considerados graves que se va a solicitar el beneficio de libertad condicional cumpliendo 2 tercios de la pena”.

La jurista ejemplificó con un caso de un interno que deben cumplir una pena de reclusión de 15 años, si antes podía solicitar la libertad condicional a los 7 años y medio, hoy deberá esperar a los 10 años para elevar el requerimiento.

Salas indicó además que desde el punto de vista doctrinario esta modificación al decreto tiene un problema respecto a “retroactividad de la ley penal, si hablamos de los principios del derecho penal básico, existe un principio llamado In dubio pro reo, es decir que si una ley nueva beneficia más al condenado simepre se va a preferir aquella, y si nosotros analizamos así este caso la ley nueva está perjudicando al condenado y no beneficiando, y bajo esa línea argumentativa la ley antigua es la que beneficia más al condenado debiera preferirse aquella y no la ley nueva”.

“Lo que persigue esta huelga de hambre es que esta ley proceda a los condenados posteriores a enero del presente año, y los que solicitan la libertad condicional no se les perjudique con la modificación”, apuntó Salas.

Para la especialista “existen posibilidades que se recurra a los tribunales de justicia o el Tribunal Constitucional, para ver el efecto de esta modificación, hay grandes posibilidades pues hay un principio de la no retroactividad de la ley penal, salvo la excepción en caso que la ley beneficie al imputado, aquí abiertamente tenemos una ley que está perjudicando a los condenados porque tiene requisitos más gravosos para él, por lo tanto en base al principio antes expuesto no se les debiera aplicar una ley que los perjudica más, pero eso eso un juez de la república deberá señalarlo, y si no se está conforme recurrir al Tribunal Constitucional”.

SIN RESPUESTA OFICIAL

Este medio de comunicación consultó directamente a la Dirección Regional de Gerdanmería para contar con una respuesta respecto a esta protesta, en donde se nos explicó que no habrá una declaración a nivel local.

Consultamos a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, en donde se nos planteó que tampoco se referirán al tema.

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