En su escrito el demandante explica que el empresario, propietario de los terrenos en los que se efectúan las obras, ha llevado a cabo el retiro de grandes cantidades de piedras para realización de caminos internos dentro de su propiedad, además de la tala, corte y destronque de material xerofítico (especies autóctonas).

“El actuar deliberado del demandado ha derivado en la destrucción, alteración, menoscabo y transformación irreparable a la geografía, ecosistema y biodiversidad del lugar”, estipula el escrito.

También, la demanda releva que en el lugar se puede encontrar flora que está en categoría de conservación como quiscos, copaos y el denominado asiento de suegra. Además, de bosque nativo de preservación protegidos por la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, como espino, huañil y suculentes; además de arbustos como leñosos altos y bajos; y otras especies autóctonas, “siendo esta la vegetación que estaría sufriendo el daño”, dice el demandante.

Además, se explica que se está en presencia de suelos “sumamente frágiles” y que la intervención sin tratamiento alguno “se traduce en un alto riesgo de deslizamientos y procesos aluvionales ante la posibilidad de lluvias o nevazones.

Se acusa también, del uso de maquinaria pesada para el retiro de grandes cantidades de roca de gran tamaño lo que -para el demandante- destruye, altera, menoscaba y transforma en forma importante y significativa la geografía, el ecosistema y la biodiversidad del lugar, lo que significará daño ambiental “a raíz de la pérdida de cobertura vegetal del lugar, lo que provoca un aceleramiento en la erosión de dichos suelos, además de la pérdida de la biodiversidad de la zona.

Para Carlos Herrera Toledo, ha habido un incumplimiento de la normativa vigente y la falta de evaluación ambiental de las obras. “El presente proyecto no cuenta con ningún tipo de permiso o plan de mitigación

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La audiencia es parte del litigio que decidirá el futuro de esta iniciativa minera, y que en la sala de este tribunal integran los magistrados Fabrizio Queirolo, Jasna Pavlic y Juan Opazo.

Esta oferta permitiría la utilización de un sólo terminal portuario en la comuna de La Higuera, el proyecto Cruz Grande de la Compañía Minera CMP, quien comenzó obras el 28 de enero, pese a la polémica con Oceana, que denunció que había vencido el plazo estipulado por la legislación para el inicio de los trabajos.

La polémica se encendió de inmediato, y la iniciaron las organizaciones ambientalistas integradas en Alianza Homboldt. Su vocero Gabriel Molina señaló que “esto es parte de la desesperación de Dominga, este es un proyecto que no encaja en La Higuera, en la desesperación Andes Iron quitó el puerto, pero si hace eso debe hacer un nuevo proyecto porque así la ley lo estipula, y si dejamos pasar irregularidades como esta con los jueces (de este tribunal) perderíamos el respeto por todas las instituciones”.

Para Alexis Sánchez, vocero de la Asociación Comunal de La Higuera a favor de este proyecto, indicó que “esto demuestra que así como esta empresa se acercó a nosotros para conversar y ofrecer un acuerdo marco, también ha ofrecido la casa del mar, y esta es una nueva muestra de que hay un interés real por no perjudicar el medio ambiente”.

Respecto a la propuesta del puerto, en Alianza Humboldt señalan que “Cruz Grande” ni siquiera cuenta con la autorización marítima para su funcionamiento, mientras que en los partidarios de Dominga hay esperanza en que el proyecto ayude a la reactivación económica de esta comuna.

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La sentencia sostiene que la solicitud de invalidación fue presentada fuera de plazo, más de año después desde que se dictó la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto, y no dentro de los 30 días que establece la normativa ambiental.

Al respecto el abogado de la comunidad, Luis Mariano Rendón, estima que se trata de un traspié que sólo significó la perdida de una batalla pero no la guerra. “Dos votos estuvieron por rechazar la reclamación, pero uno de ellos estuvo por acogerla, tanto por razones de forma, es decir que estábamos dentro de un plazo correcto, como por las razones de fondo, es decir, que efectivamente que aquí hubo un proceso fraudulento de evaluación ambiental que dejó sin evaluar los impactos relevantes que afectan la salud de la población más cercana al proyecto”, dijo.

Dentro de los próximos días el jurista presentará un recurso de casación en la Corte Suprema, lo que podría revertir el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, sobretodo si de considera que el voto disidente correspondió al ministro que estuvo en la localidad afectada.

Además, Rendón explica que existe jurisprudencia en torno a que los plazos de reclamación para este tipo de resoluciones pueden llegar hasta los dos años. “Corresponde un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, que se interpondrá dentro de los próximos días, y tenemos optimismo que podemos obtener un buen resultado”, explicó.

El representante legal en esta caso de las comunidades combarbalinas apuntó que “la Corte Suprema puede dictar una sentencia de reemplazo, es decir dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal y dictar una nueva, resolviendo directamente el caso, a diferencia como ocurre en materia penal, en donde se anula un juicio y se realiza uno nuevo”

Junto a ello, el abogado explicó que también han llevado a cabo otras presentaciones para evitar la instalación de esta central, una de ellas judicial por supuesta ocupación irregular de terrenos de la Comunidad Agrícola Díaz y Ocaranza de Combarbalá.

La otra vía es por administrativa, y consistió en la denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente y el SAG, para que se investigue el daño causado a las madrigueras de una especie en extinción en el lugar.

DECLARACIÓN DE LA EMPRESA

Por su parte, Prime Energía respondió a través de una declaración pública que:

“La decisión del Tribunal reafirma lo que ya han concluido previamente otros órganos competentes que el proyecto cumplió con todos los requisitos y estudios correspondientes.

El proyecto será un aporte al Sistema Eléctrico Nacional, y también a la comuna de Combarbalá y a la Región de Coquimbo, fomentando el empleo y el desarrollo local.

Las Centrales de Respaldo apoyan el crecimiento de las energías renovables a la región y al país. Y este proyecto, cumple con los estándares ambientales y legales correspondientes, lo que se ve refrendado por la nueva sentencia del Tribunal, que confirma otras sentencias legales positivas ya obtenidas por este proyecto.

Continuaremos con una política de puertas abiertas para conversar con las comunidades y autoridades ante cualquier duda que haya que aclarar y trabajar en conjunto”.

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Cristóbal Vergara, uno de los voceros del movimiento combarbalino contra esta termoeléctrica indicó que “nosotros ya habíamos cortado el acceso por este paso, pero la empresa siguió pasando en forma ilegal y lo que nosotros hicimos ahora es cerrarlo en forma definitiva. Las comunidades tuvieron asambleas en que se acordó no darle acceso a la empresa”.

Respecto del eventual problema judicial por este acceso, Vergara explicó que “estamos tranquilos en ese sentido, porque esto es ilegal. Si bien fue un vecino que cedió el paso arrendando a la empresa, fue inconsulta porque es un paso de todas las comunidades, no para una termoeléctrica, por tanto, se prohibió el acceso”.

El diputado Daniel Núñez (PC) quien ha estado preocupado por el medioambiente de la zona, rechazó el actuar de la empresa. “Solidarizo con las comunidades de Combarbalá que se están movilizando de diferentes maneras contra un proyecto que contamina, que tiene impacto medioambiental en la comuna de Combarbalá. También están realizando acciones judiciales, por tanto, todo mi apoyo a las comunidades que están contra esta Termoeléctrica”, explicó.

Actualmente, si bien está aprobada esta Termoeléctrica, las comunidades interpusieron un recurso en el Tribunal Ambiental de Antofagasta y en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se está a la espera de estos procesos y la idea es que se paralice su instalación.

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