Un importante giro judicial se produjo en la investigación por cuatro homicidios registrados entre agosto y septiembre de este año en La Serena y Coquimbo. La Corte de Apelaciones de La Serena revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Coquimbo y ordenó la prisión preventiva de dos ciudadanos venezolanos, de 35 y 18 años, investigados por su presunta participación en una serie de delitos violentos ocurridos en la conurbación.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del tribunal de alzada, tras revisar la apelación presentada por el Ministerio Público, luego de que el tribunal de primera instancia rechazara la solicitud de prisión preventiva y decretara otras medidas cautelares para los imputados.

Ambos sujetos fueron detenidos por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, en el marco de una investigación que busca esclarecer cuatro homicidios calificados, además de un homicidio frustrado, robo con violencia e intimidación y delitos relacionados con el porte ilegal de armas y municiones.

CORTE CONSIDERÓ SUFICIENTES LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS

El ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Juan Carlos Espinosa Rojas, explicó los fundamentos de la decisión, destacando que el tribunal llegó a una conclusión distinta de la adoptada inicialmente por el Juzgado de Garantía de Coquimbo.

“La Corte de Apelaciones de esta ciudad, por medio de su Segunda Sala, el día de hoy revocó la resolución del juez de Garantía de Coquimbo, que había denegado la solicitud de la cautelar de prisión preventiva en contra de dos enjuiciados”, señaló el magistrado.

Espinosa precisó que los antecedentes reunidos durante la investigación permitieron establecer presunciones fundadas de participación de los imputados en los hechos investigados.

“Esta Corte estimó, contrariamente a lo sostenido por el tribunal de base, que los antecedentes eran suficientes, no solo para establecer el delito de asociación ilícita, sino además los demás delitos, como asimismo la participación que se les atribuía en ellos a los encartados”, explicó.

En consecuencia, el tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución de primera instancia y dispuso que ambos imputados permanezcan privados de libertad mientras continúa la investigación penal.

CUATRO HOMICIDIOS Y UNA PRESUNTA ESTRUCTURA CRIMINAL

La investigación de la PDI y la Fiscalía vincula a los detenidos con hechos violentos registrados en distintos sectores de La Serena y Coquimbo, entre ellos Quebrada Benavente, Villa Portugal, Punta Mira, Caleta San Pedro y El Rosario.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los imputados estarían relacionados con una presunta estructura criminal de carácter violento, cuyos integrantes habrían utilizado armas de fuego para cometer delitos y disputar espacios de control territorial.

El trabajo investigativo de la Brigada de Homicidios incluyó análisis de sitios del suceso, declaraciones de testigos, revisión de cámaras de seguridad, georreferenciación telefónica y seguimiento de vehículos presuntamente involucrados en los hechos.

Estos antecedentes permitieron identificar y detener a los dos ciudadanos extranjeros, quienes mantenían órdenes de aprehensión vigentes emanadas del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

FISCALÍA LOGRA REVERSIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

La resolución inicial del Juzgado de Garantía de Coquimbo había generado cuestionamientos debido a la gravedad y cantidad de delitos investigados.

Ante el rechazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público presentó una apelación verbal para que la Corte de Apelaciones revisara los antecedentes y se pronunciara sobre la necesidad de imponer la medida cautelar más gravosa.

Finalmente, la Segunda Sala acogió la impugnación y ordenó la prisión preventiva de ambos investigados.

La resolución representa un cambio relevante en el desarrollo de esta causa penal, ya que los dos imputados deberán enfrentar la continuación de las diligencias investigativas privados de libertad.

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Un amplio despliegue policial realizado durante la noche de este miércoles 4 de noviembre permitió a Carabineros detener a 18 personas que mantenían órdenes judiciales vigentes en la Región de Coquimbo, en el marco de un operativo extraordinario desarrollado simultáneamente en todo el país.

La intervención se extendió entre las 18:00 y las 22:00 horas, movilizando a 133 funcionarios policiales en las 15 comunas de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa. En apenas cuatro horas, el procedimiento concluyó con 32 personas detenidas, cerca de 2.500 controles preventivos y 171 infracciones, consolidando un importante despliegue de fiscalización y búsqueda de prófugos de la Justicia.

El operativo, denominado Servicio Integral de Búsqueda de Prófugos de la Justicia y Control Migratorio, fue monitoreado por la Seremi de Seguridad Pública y el delegado presidencial regional, y tuvo como principal objetivo localizar a personas requeridas por los tribunales, además de reforzar la vigilancia policial en calles, barrios y sectores comerciales.

18 PRÓFUGOS DETENIDOS Y OTROS 14 IMPUTADOS POR DISTINTOS DELITOS

Del total de 32 detenidos en la región, 18 correspondieron a personas que mantenían órdenes de aprehensión pendientes, lo que representa más de la mitad de las detenciones realizadas durante el procedimiento.

A ellos se sumaron otras 14 personas detenidas por diversos delitos e infracciones, entre las que se contabilizaron tres por delitos de mayor connotación social, tres por infracciones a la Ley de Drogas, una por violencia intrafamiliar, una por receptación, una por delitos vinculados a la Ley de Tránsito y cinco por otros ilícitos y faltas.

Estos resultados reflejan que el despliegue no solo se concentró en la localización de personas buscadas por la Justicia, sino también en la detección de situaciones delictuales durante los patrullajes y controles desarrollados en distintos puntos de la región.

CASI 2.500 CONTROLES Y 171 INFRACCIONES EN CUATRO HORAS

Junto con las detenciones, Carabineros intensificó las fiscalizaciones preventivas mediante controles de identidad y vehiculares, alcanzando cerca de 2.500 procedimientos durante las cuatro horas de intervención.

El trabajo también contempló la inspección de 38 locales de expendio de bebidas alcohólicas y 28 establecimientos comerciales, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar eventuales irregularidades.

Como resultado, se cursaron 171 infracciones, más del 90% de ellas relacionadas con incumplimientos a la Ley de Tránsito, evidenciando que las fiscalizaciones vehiculares constituyeron uno de los principales componentes del operativo.

La presencia reforzada de personal policial permitió desarrollar controles simultáneos en las tres provincias, combinando la búsqueda focalizada de personas requeridas por los tribunales con acciones de prevención y fiscalización.

OPERATIVO NACIONAL TERMINÓ CON 686 DETENIDOS

La intervención desarrollada en la Región de Coquimbo fue parte de un operativo coordinado a nivel nacional, que movilizó a 2.425 carabineros durante la misma jornada.

En todo Chile, el despliegue concluyó con 686 personas detenidas, de las cuales 337 mantenían órdenes judiciales vigentes, mientras que otras 349 fueron detenidas por delitos flagrantes.

De esta manera, las 18 detenciones de prófugos concretadas en la Región de Coquimbo se incorporaron a los resultados nacionales de una estrategia policial orientada a ubicar a personas que permanecían pendientes de comparecer ante la Justicia o cumplir resoluciones judiciales.

El balance regional también puso de manifiesto la magnitud de los procedimientos desarrollados en un período acotado, con más de un centenar de funcionarios desplegados y miles de controles efectuados en distintos sectores urbanos y rurales.

El operativo finalizó con 32 detenidos en Coquimbo, incluidos 18 prófugos de la Justicia, en una intervención que combinó fiscalización, prevención y cumplimiento de órdenes judiciales en las 15 comunas de la región.

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Momentos de preocupación vivieron vecinos del sector Las Compañías, en La Serena, durante la madrugada de este jueves, luego de que se denunciara la presencia de sujetos que presuntamente realizaban disparos desde un vehículo en movimiento. La rápida intervención de Carabineros permitió detener a tres ciudadanos venezolanos e incautar un arma de fuego de fabricación artesanal, junto a municiones.

El procedimiento se inició cerca de las tres de la madrugada, cuando una denuncia ciudadana alertó a funcionarios de la Sexta Comisaría de Las Compañías sobre un automóvil que circulaba por calle Aconcagua con tres ocupantes, desde cuyo interior se estarían efectuando disparos.

Ante la gravedad de los antecedentes, Carabineros desplegó un operativo de búsqueda y reforzó los patrullajes en las inmediaciones, logrando ubicar minutos después, en avenida Viña del Mar, un vehículo que coincidía con las características proporcionadas por los denunciantes.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, dando inicio a un seguimiento que terminó rápidamente gracias a la coordinación de los funcionarios desplegados en el sector.

ESCOPETA HECHIZA Y MUNICIONES INCAUTADAS

Durante la fiscalización del automóvil, Carabineros encontró diez cartuchos calibre 12: cinco en el piso del asiento del acompañante delantero y otros cinco en la parte posterior del vehículo.

Posteriormente, al inspeccionar el maletero, los funcionarios descubrieron una escopeta de fabricación artesanal, conocida como hechiza, confeccionada con tubos metálicos de aproximadamente 60 centímetros, una empuñadura recubierta de goma y un mecanismo percutor adaptado para efectuar disparos.

El hallazgo permitió retirar de circulación un arma potencialmente letal y municiones, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en que se habrían efectuado los disparos denunciados por los vecinos.

CARABINEROS DESTACA DENUNCIA CIUDADANA: OPERATIVO DURÓ SOLO 20 MINUTOS

El capitán Sebastián Núñez, de la Sexta Comisaría Las Compañías, destacó que la colaboración de los residentes fue determinante para concretar el procedimiento policial en un breve período.

“La seguridad la construimos entre todos. Como Carabineros mantenemos un despliegue permanente en terreno, pero la colaboración de la comunidad es fundamental. En este caso, una denuncia oportuna, sumada a la rápida respuesta de nuestros funcionarios, permitió que en solo 20 minutos detuviéramos a tres personas que estaban generando temor entre los vecinos y sacáramos de circulación un arma de fuego y municiones”, señaló el oficial.

Asimismo, enfatizó que el objetivo de estos procedimientos es fortalecer la prevención y entregar mayor seguridad a la población.

“Ese es el sentido de nuestro trabajo: estar presentes, actuar oportunamente y entregar mayor tranquilidad a las familias”, agregó.

TRES IMPUTADOS PASARON A CONTROL DE DETENCIÓN

Los detenidos fueron identificados como tres hombres de nacionalidad venezolana, de 26, 38 y 40 años, quienes fueron aprehendidos por infracción a la Ley de Control de Armas y puestos a disposición del Ministerio Público.

Los tres imputados pasaron este jueves a control de detención, instancia en la que corresponde determinar la legalidad del procedimiento y las eventuales medidas cautelares.

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Un importante avance en el esclarecimiento de cuatro homicidios registrados en las comunas de Coquimbo y La Serena concretó la Policía de Investigaciones (PDI), tras detener a dos ciudadanos venezolanos, de 35 y 18 años, presuntamente vinculados con una serie de crímenes cometidos con armas de fuego durante agosto y septiembre de 2026.

Las detenciones fueron realizadas durante la tarde del martes 3 de noviembre por detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena, en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas del Juzgado de Garantía de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes policiales, las cuatro víctimas eran de nacionalidad chilena y los hechos investigados estarían relacionados con una estructura criminal de carácter violento, cuyos integrantes presuntamente recurrían al uso de armas de fuego para obtener control territorial y favorecer la comercialización de sustancias ilícitas.

INVESTIGACIÓN APUNTA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y CONTROL TERRITORIAL

El trabajo desarrollado por los detectives contempló el análisis de los sitios del suceso, declaraciones de testigos, revisión de cámaras de seguridad, georreferenciación telefónica y seguimiento de vehículos presuntamente involucrados en los delitos.

Estos antecedentes permitieron establecer posibles vínculos entre los homicidios y la actuación de una organización criminal que operaría en sectores de Coquimbo y La Serena.

Entre las zonas donde se han desarrollado investigaciones por muertes violentas se encuentran la Parte Alta de Coquimbo, específicamente el sector de quebrada Benavente, y Villa Portugal, lugares donde la Fiscalía y la PDI mantienen diligencias destinadas a esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.

La hipótesis investigativa sobre el control territorial asociado al tráfico de drogas constituye uno de los principales antecedentes del caso, aunque las responsabilidades individuales y la eventual vinculación entre los distintos delitos deberán establecerse judicialmente.

INCAUTAN MUNICIONES, CARGADORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Durante las diligencias, los detectives efectuaron la entrada y registro de un inmueble ubicado en la comuna de Coquimbo, donde incautaron diversas especies consideradas relevantes para la investigación.

Entre ellas se encuentran cinco teléfonos celulares, dos equipos de radiocomunicación, un grillete, dos cargadores de armas de fuego, 76 cartuchos de distintos calibres y cocaína base.

Los dispositivos tecnológicos serán sometidos a peritajes para establecer si contienen antecedentes que permitan reconstruir las comunicaciones, desplazamientos o posibles conexiones de los imputados con los delitos investigados.

FISCALÍA SOLICITÓ AMPLIAR LA DETENCIÓN PARA REUNIR NUEVOS ANTECEDENTES

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coquimbo el miércoles 4 de noviembre. Durante la audiencia, el fiscal Ricardo Soto solicitó ampliar sus detenciones por 24 horas, argumentando la necesidad de examinar las especies incautadas antes de comunicar formalmente los cargos.

“Se controló la detención de dos imputados que fueron detenidos por órdenes de detención emanadas en el mes de septiembre del Juzgado de Garantía de Coquimbo por su eventual participación en delitos de homicidio, de robo con intimidación ocurrido en el mes de agosto y septiembre de este año”, explicó el persecutor.

Soto precisó que la solicitud de ampliación respondió principalmente a la necesidad de analizar evidencias materiales y tecnológicas obtenidas durante el procedimiento.

“Al momento de su detención fueron incautadas especies que requieren ser revisadas y periciadas previo a la formalización”, señaló.

El fiscal agregó que entre los elementos incautados existen dispositivos tecnológicos desde los cuales el Ministerio Público espera obtener información relevante para fundamentar la imputación de cargos.

OTRO IMPUTADO YA SE ENCUENTRA EN PRISIÓN PREVENTIVA POR CRIMEN EN VILLA PORTUGAL

Paralelamente, la Fiscalía informó avances en otra investigación relacionada con un hecho de violencia ocurrido en Villa Portugal, comuna de Coquimbo, donde un sujeto fue formalizado por los delitos de robo con homicidio, porte ilegal de arma de fuego y municiones.

El fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC), Luis Miranda, explicó que los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios, junto con informes periciales y registros de cámaras de seguridad, permitieron fundamentar la solicitud de medidas cautelares.

“En el marco de una investigación desarrollada por SAC de la Región de Coquimbo, vinculada con un imputado por el delito de robo con homicidio, porte ilegal de fuego y municiones, el tribunal, conociendo de los antecedentes fundados en informes de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios e informes periciales, junto con análisis fotográficos de diversas cámaras de seguridad, logró tener por acreditado los delitos antes indicados”, indicó Miranda.

En dicha causa, el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando además un plazo de investigación de 120 días.

La existencia de esta causa constituye otro antecedente relevante en las investigaciones por homicidios desarrolladas en Coquimbo, sin que ello permita establecer automáticamente una vinculación judicial entre todos los imputados.

FORMALIZACIÓN DE LOS DOS DETENIDOS SE REALIZARÁ ESTE JUEVES

La audiencia de formalización de los dos ciudadanos venezolanos está programada para este jueves 5 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.

Durante la instancia, el Ministerio Público deberá precisar los delitos atribuidos a cada imputado, su eventual participación en los cuatro homicidios investigados y las medidas cautelares que solicitará al tribunal.

El procedimiento se enmarca en las investigaciones que desarrollan la Fiscalía y la PDI para esclarecer una serie de hechos de violencia armada registrados durante los últimos meses en la conurbación La Serena-Coquimbo.

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Un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en cuatro comunas de la Región de Coquimbo permitió desarticular una presunta organización criminal vinculada al narcotráfico y lavado de activos, dejando 13 personas adultas detenidas y más de $124 millones en dinero en efectivo incautados.

La investigación, encabezada por la Brigada Antinarcóticos de La Serena, en coordinación con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos y el Ministerio Público, permitió identificar una estructura que operaba en las comunas de La Serena, Coquimbo, La Higuera y Vicuña, utilizando distintos inmuebles para la recepción, almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la organización mantenía una distribución de funciones que facilitaba sus operaciones. Las diligencias también permitieron detectar un domicilio utilizado específicamente para el acopio de armas de fuego y municiones, lo que evidencia la presencia de armamento asociado a las actividades investigadas.

13 DETENIDOS Y MILLONARIA INCAUTACIÓN

El procedimiento culminó con la detención de nueve hombres y cuatro mujeres, todos mayores de edad. Además, una adolescente quedó en libertad por instrucción del Ministerio Público, apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, quedando sujeta a una eventual citación judicial.

Durante los allanamientos, los detectives incautaron más de tres kilos de cocaína base, junto con clorhidrato de cocaína, ketamina y 20 frascos de jarabe con codeína.

En cuanto al armamento, se decomisaron una escopeta, un fusil tipo Mauser, un rifle a postones, un arma a fogueo y diversas municiones.

Sin embargo, uno de los principales resultados de la operación fue la incautación de más de $124 millones en efectivo, además de nueve vehículos, 28 teléfonos celulares y equipos tecnológicos que serán relevantes para establecer el funcionamiento de la organización y sus eventuales vínculos financieros.

INVESTIGACIÓN POR NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS

Las diligencias no solo estuvieron orientadas a identificar los puntos de distribución de drogas, sino también a investigar el posible origen y destino de los recursos económicos vinculados a las actividades ilícitas.

La participación de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos permitió incorporar una línea de investigación patrimonial, destinada a establecer eventuales mecanismos utilizados para ocultar o dar apariencia de legalidad a las ganancias provenientes del narcotráfico.

El decomiso de dinero, vehículos y dispositivos electrónicos constituye parte de los antecedentes que deberán ser analizados para determinar las responsabilidades individuales y las conexiones económicas de los involucrados.

IMPUTADOS FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente el pasado martes 3 de noviembre, para el respectivo control de detención.

El procedimiento representa un nuevo avance en las investigaciones contra el crimen organizado en la Región de Coquimbo, particularmente en la identificación de estructuras dedicadas al tráfico de drogas que también son investigadas por sus operaciones financieras.

Las diligencias continúan bajo la dirección del Ministerio Público, con el objetivo de establecer la participación de cada imputado y determinar el alcance de la organización criminal.

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La controversia que involucra a la seremi de Seguridad Pública de la Región de Coquimbo, María José Duarte, suma nuevos antecedentes. Dos denuncias ingresadas ante la Contraloría General de la República, una denuncia ante el Ministerio Público y un procedimiento administrativo interno de Carabineros forman parte de las repercusiones del incidente ocurrido la noche del 22 de octubre en la Sexta Comisaría de Las Compañías, en La Serena.

Radio Guayacán dio a conocer nuevos testimonios de un testigo presencial, quien entrega detalles sobre el comportamiento que atribuye a la autoridad regional, los gritos dirigidos al personal policial y la controversia generada cuando un sargento le solicitó su cédula de identidad.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por este medio, la seremi llegó cerca de las 21:30 horas del 22 de octubre hasta la unidad policial para participar en una ronda de alto impacto. Mientras esperaba, una mujer acompañada de un hombre ingresó al recinto para denunciar una agresión.

El personal de guardia habría informado que debía esperar debido a que se encontraba atendiendo otro procedimiento. Fue en ese momento cuando se produjo el incidente.

TESTIGO ACUSA GRITOS 

En uno de los testimonios entregados a Radio Guayacán, el testigo que asegura haber presenciado los hechos a escasos metros de la autoridad describe una intervención que considera impropia de quien encabeza la cartera regional de Seguridad Pública.

Según su relato, Duarte habría exigido que la mujer recién ingresada fuera atendida inmediatamente, identificándose reiteradamente como seremi de Seguridad Pública.“Esto fue en un grito. Le gritó prácticamente a la funcionaria de Carabineros”, sostiene el testigo.

El denunciante agrega que la autoridad insistía en que su condición de representante del Ministerio de Seguridad Pública justificaba su exigencia de atención inmediata.

De acuerdo con su testimonio, la funcionaria policial respondió que la mujer sería atendida, pero explicó que existían prioridades y procedimientos que debían respetarse, debido a que personal de la unidad se encontraba atendiendo otro caso.

Lejos de terminar la discusión, el testigo asegura que Duarte volvió a identificarse en voz alta y manifestó reiteradamente su molestia. “Fue un trato muy malo, fue un maltrato que hizo hacia Carabineros en ese rato”, afirma el testigo.

Se trata de apreciaciones y acusaciones del declarante, cuyo alcance deberá ser contrastado con los demás antecedentes del procedimiento que revisa la Contraloría.

SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN

Otro de los aspectos que genera cuestionamientos es el episodio ocurrido cuando un sargento solicitó la identificación de Duarte. Según el testimonio conocido por Radio Guayacán, la autoridad no portaba elementos visibles que permitieran reconocer inmediatamente su condición de seremi, aunque sí se había identificado verbalmente en varias oportunidades.

El testigo sostiene que, cuando el funcionario policial le solicitó su cédula de identidad, la autoridad manifestó molestia. “Al parecer esta persona se molesta por esa solicitud”, relata.

La controversia adquiere relevancia debido a que el episodio involucra precisamente a la autoridad responsable de coordinar las políticas de seguridad pública y la relación institucional con las policías en la región.

DENUNCIAS EN CONTRALORÍA Y ANTECEDENTES EN FISCALÍA

El incidente no quedó limitado a una discusión al interior de la comisaría. Radio Guayacán informó que tuvo acceso a antecedentes de dos denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República, además de un parte policial que sirvió de base para una denuncia ante el Ministerio Público.

Asimismo, se conoció la apertura de un sumario interno en Carabineros para esclarecer lo sucedido.

Estas presentaciones abren interrogantes sobre el comportamiento de la autoridad, el cumplimiento de los protocolos institucionales y la coordinación que debe existir entre la Seremi de Seguridad Pública y Carabineros.

VERSIONES CONTRAPUESTAS SOBRE EL INCIDENTE

La controversia también presenta versiones diferentes. Según antecedentes publicados por El Mostrador, desde el entorno de Duarte se sostiene que su intervención buscaba garantizar la atención de una mujer que habría llegado angustiada tras sufrir una agresión.

Esa versión señala, además, que la autoridad se habría molestado porque un funcionario policial hizo referencia en voz alta a otro procedimiento relacionado con un presunto delito sexual, lo que habría generado preocupación por la reserva que requieren estas situaciones.

También plantea que la solicitud de identificación se produjo cuando Duarte ya había salido de la unidad policial.

CUESTIONAMIENTOS AL COMPORTAMIENTO 

El testigo afirma que lo ocurrido le generó especial preocupación por tratarse de una autoridad de Gobierno encargada de la seguridad pública. “A mí me causó mucho cuidado el hecho de que tratara de la manera que trató a Carabineros, con un trato poco amable”.

En su declaración, agrega que no considera apropiada la forma en que se desarrolló la intervención y recuerda que, pese a su condición de autoridad, Duarte sigue siendo una persona civil para los efectos legales que correspondan.

El episodio adquiere una dimensión institucional relevante, considerando que la coordinación entre la autoridad política y Carabineros constituye un componente fundamental del funcionamiento de la seguridad pública regional.

SIN DECLARACIÓN OFICIAL DE LA SEREMI

Radio Guayacán isolicitó una versión sobre el sumario a Carabineros, desde donde se señaló que su prioridad era continuar desarrollando el trabajo profesional en terreno. También se requirió una declaración de la Seremi de Seguridad Pública, pero se indicó que no existía autorización ministerial para referirse a los hechos.

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Un adolescente de 16 años quedó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria en un centro cerrado, luego de ser formalizado este lunes 2 de noviembre por el delito de homicidio de su hermanastro de 19 años, ocurrido en el sector de Las Compañías, en La Serena.

La resolución fue adoptada por el magistrado Pedro Rojas, quien consideró que los antecedentes presentados durante la audiencia permiten establecer, en esta etapa procesal, la existencia del delito y antecedentes de participación del imputado.

El tribunal fijó 60 días como plazo de investigación para que el Ministerio Público continúe desarrollando las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen.

Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió el domingo 1 de noviembre al interior de un domicilio del sector de Las Compañías, donde se registró una agresión con arma blanca entre dos integrantes de una misma familia.

La víctima, un joven de 19 años, recibió una herida de gravedad en el tórax y fue trasladada al Hospital de La Serena, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras el ataque, el adolescente de 16 años se presentó voluntariamente ante Carabineros, siendo posteriormente entregado a detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, por instrucción de la Fiscalía.

EL VÍNCULO FAMILIAR

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Pedro Rojas fundamentó la necesidad de aplicar la medida cautelar más gravosa contemplada para adolescentes. El juez consideró especialmente los antecedentes de la declaración de la madre, la utilización de un cuchillo y las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

Asimismo, sostuvo que la gravedad del delito, la forma de comisión y la relación de parentesco entre el imputado y la víctima justificaban la necesidad de cautela. En su resolución, el magistrado señaló que la internación provisoria aparece como una medida suficientemente fundada y necesaria para asegurar los fines del procedimiento. También explicó que la medida resulta proporcional a la gravedad de los hechos investigados y a las sanciones que eventualmente podrían aplicarse en caso de una condena.

INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ DURANTE 60 DÍAS

Con esta resolución, el adolescente permanecerá bajo internación provisoria mientras continúa la investigación dirigida por el Ministerio Público.

Durante los próximos 60 días deberán desarrollarse las diligencias pendientes, entre ellas el análisis de los antecedentes reunidos por la Policía de Investigaciones, las declaraciones de testigos y los peritajes destinados a reconstruir la dinámica de la agresión.

La internación provisoria es una medida cautelar y no constituye una condena anticipada. La responsabilidad penal del adolescente deberá determinarse durante el proceso judicial.

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En la región, el operativo se tradujo en seis personas detenidas por delitos vinculados a armas, 20 armas incautadas y 1.552 municiones retiradas de circulación, como resultado de un trabajo que combinó fiscalizaciones preventivas en terreno con investigaciones especializadas.

Precisamente, uno de los aspectos más relevantes de la operación fue el trabajo desarrollado por los carabineros especializados del OS9, quienes, a través de distintas intervenciones y allanamientos, concretaron la detención de cinco de los seis involucrados.

En cuanto al armamento incautado, el balance considera 10 armas cortas, ocho armas largas, un arma de fabricación artesanal y un arma modificada. A ello se suman 1.397 municiones para armas cortas y otras 155 de escopeta, elementos que fueron retirados de circulación gracias al despliegue policial.

Pero la Operación Centinela no solo estuvo enfocada en la investigación. En paralelo, Carabineros reforzó su presencia preventiva en distintos puntos de la región, desarrollando más de 3.500 controles vehiculares y de identidad, con el propósito de detectar situaciones irregulares, prevenir delitos y fortalecer la seguridad de la comunidad.

De esta manera, el trabajo desarrollado en las distintas provincias de la región de Coquimbo permitió abordar el problema de las armas desde dos frentes: por una parte, la fiscalización y presencia policial en calles y rutas y, por otra, la investigación especializada para identificar a personas vinculadas a delitos de armamento.

La Operación Centinela se enmarca en una estrategia impulsada por Carabineros a nivel nacional para enfrentar la circulación ilegal de armas y municiones, reforzando tanto las capacidades investigativas como el despliegue operativo en terreno, con un objetivo común: retirar armamento de circulación y contribuir a recuperar la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

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El Juzgado de Garantía de Vicuña decretó este jueves 29 de octubre la prisión preventiva del hombre de 44 años investigado por la muerte de una mujer de 27 años en Pisco Elqui, comuna de Paihuano, luego de que el Ministerio Público lo formalizara por los delitos de violación con femicidio y amenazas no condicionales.

La resolución fue adoptada por el magistrado Felipe Ravanal Kalergis, quien consideró que la libertad del imputado, identificado con las iniciales O.R.H.G., representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para una segunda víctima que habría recibido amenazas de muerte.

El tribunal estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.

AUTOPSIA REVELÓ ANTECEDENTES DE ASFIXIA Y AGRESIÓN SEXUAL

Uno de los antecedentes centrales de la audiencia fue el informe de autopsia presentado por la Fiscalía, cuyos resultados permitieron establecer elementos compatibles con una muerte provocada por asfixia o estrangulamiento, además de lesiones asociadas a una presunta agresión sexual.

Durante su resolución, el magistrado explicó que las conclusiones médico-legales, junto con el registro fotográfico y las declaraciones de testigos, eran consistentes con la hipótesis planteada por el Ministerio Público.

El juez también señaló que el informe de autopsia daba cuenta de lesiones en la zona perineal compatibles con una penetración no consentida, antecedentes que fueron considerados para fundamentar la medida cautelar.

AUDIO DE WHATSAPP REVELÓ AMENAZAS CONTRA UNA SEGUNDA VÍCTIMA

Otro de los elementos relevantes fue un mensaje de audio enviado por el imputado a una segunda persona, después de los hechos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre realizó cinco llamadas telefónicas que no fueron contestadas y posteriormente envió un mensaje de WhatsApp en el que habría amenazado de muerte a esa persona.

El registro fue reproducido durante la audiencia de formalización.

El magistrado Felipe Ravanal sostuvo que el audio constituía un antecedente relevante para establecer la necesidad de proteger a la víctima sobreviviente, debido a que contenía una amenaza de muerte y referencias al fallecimiento de la mujer.

Por esta razón, el tribunal acogió las solicitudes de prisión preventiva formuladas por el Ministerio Público y la parte querellante.

EL CRIMEN INVESTIGADO EN PISCO ELQUI

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:30 horas del lunes 26 de octubre de 2026, al interior de una vivienda de Pisco Elqui.

La investigación sostiene que el imputado, quien era pareja de la víctima y padre de sus tres hijos, la habría agredido sexualmente y posteriormente estrangulado hasta causarle la muerte.

La mujer, de nacionalidad venezolana, tenía 27 años.

Tras conocerse lo ocurrido, Carabineros desarrolló diligencias que permitieron detener al sospechoso durante la madrugada del mismo lunes.

Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Vicuña había ampliado su detención por 72 horas, a solicitud de la Fiscalía, para obtener resultados de la autopsia y reunir otros antecedentes necesarios para la formalización.

SEIS MESES PARA ESCLARECER LOS HECHOS

Con la prisión preventiva decretada este jueves, la investigación continuará bajo la dirección del Ministerio Público, con las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El caso también mantiene la atención sobre la situación de los tres hijos menores de edad de la víctima, quienes quedaron bajo el cuidado de un adulto responsable.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó una querella por el caso y activó mecanismos de coordinación para entregar apoyo a la familia y gestionar las medidas de reparación contempladas en la legislación vigente.

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El Juzgado de Garantía de Vicuña resolvió ampliar por 72 horas la detención del hombre de 44 años investigado por el presunto femicidio de su pareja, una mujer venezolana de 27 años, ocurrido durante la madrugada de este lunes 26 de octubre en el sector La Greda, localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano.

La víctima fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, con lesiones atribuibles a la intervención de terceros. Tras conocerse los hechos, Carabineros desplegó un operativo que permitió detener al presunto responsable cerca de las 05:50 horas, en la intersección de Arturo Prat con Centenario, en Pisco Elqui.

JUEZ ADVIERTE QUE AÚN NO EXISTEN ANTECEDENTES SUFICIENTES

Durante la audiencia de control de detención, el magistrado Alonso Escares fundamentó su resolución en la necesidad de completar diligencias investigativas antes de avanzar a la formalización y discutir eventuales medidas cautelares.

En el registro de audio de la audiencia, el juez señaló: “No se cuenta con antecedentes suficientes por ahora para formalizar la investigación, decretar medidas cautelares”.

El magistrado explicó que todavía resulta necesario contar con los resultados de la autopsia, individualizar correctamente a los testigos y obtener sus declaraciones.

Asimismo, consideró la naturaleza del delito investigado y la importancia de reunir antecedentes suficientes para la siguiente etapa procesal.

En ese contexto, el juez resolvió: “Este tribunal va a dar lugar a lo solicitado y va a decretar la ampliación de la detención por el plazo de tres días a contar de esta fecha”.

INVESTIGACIÓN DE LA PDI Y NUEVA AUDIENCIA

Por instrucción de la Fiscalía ECOH, detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, desarrollan diligencias para establecer las circunstancias de la muerte.

La ampliación permitirá incorporar los antecedentes médico-legales, testimoniales y periciales necesarios para que el Ministerio Público determine los cargos que comunicará al imputado.

La nueva audiencia de formalización quedó fijada para el jueves 29 de octubre. Mientras tanto, el detenido permanecerá en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena, según lo resuelto por el tribunal.

La víctima y el imputado, ambos de nacionalidad venezolana, tenían tres hijos en común, quienes quedaron bajo el cuidado de un adulto responsable tras los hechos. Las autoridades activaron coordinaciones con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para abordar la situación familiar y las medidas de protección correspondientes

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