FEMICIDIO EN PISCO ELQUI: TRIBUNAL DECRETA PRISIÓN PREVENTIVA PARA IMPUTADO Y FIJA 180 DÍAS DE INVESTIGACIÓN
El Juzgado de Garantía de Vicuña ordenó la prisión preventiva del hombre de 44 años investigado por el femicidio de su pareja, una mujer de 27 años, ocurrido en la localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano. El tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, estableciendo además un plazo de 180 días para la investigación.
El Juzgado de Garantía de Vicuña decretó este jueves 29 de octubre la prisión preventiva del hombre de 44 años investigado por la muerte de una mujer de 27 años en Pisco Elqui, comuna de Paihuano, luego de que el Ministerio Público lo formalizara por los delitos de violación con femicidio y amenazas no condicionales.
La resolución fue adoptada por el magistrado Felipe Ravanal Kalergis, quien consideró que la libertad del imputado, identificado con las iniciales O.R.H.G., representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para una segunda víctima que habría recibido amenazas de muerte.
El tribunal estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
AUTOPSIA REVELÓ ANTECEDENTES DE ASFIXIA Y AGRESIÓN SEXUAL
Uno de los antecedentes centrales de la audiencia fue el informe de autopsia presentado por la Fiscalía, cuyos resultados permitieron establecer elementos compatibles con una muerte provocada por asfixia o estrangulamiento, además de lesiones asociadas a una presunta agresión sexual.
Durante su resolución, el magistrado explicó que las conclusiones médico-legales, junto con el registro fotográfico y las declaraciones de testigos, eran consistentes con la hipótesis planteada por el Ministerio Público.
El juez también señaló que el informe de autopsia daba cuenta de lesiones en la zona perineal compatibles con una penetración no consentida, antecedentes que fueron considerados para fundamentar la medida cautelar.
AUDIO DE WHATSAPP REVELÓ AMENAZAS CONTRA UNA SEGUNDA VÍCTIMA
Otro de los elementos relevantes fue un mensaje de audio enviado por el imputado a una segunda persona, después de los hechos investigados.
De acuerdo con la Fiscalía, el hombre realizó cinco llamadas telefónicas que no fueron contestadas y posteriormente envió un mensaje de WhatsApp en el que habría amenazado de muerte a esa persona.
El registro fue reproducido durante la audiencia de formalización.
El magistrado Felipe Ravanal sostuvo que el audio constituía un antecedente relevante para establecer la necesidad de proteger a la víctima sobreviviente, debido a que contenía una amenaza de muerte y referencias al fallecimiento de la mujer.
Por esta razón, el tribunal acogió las solicitudes de prisión preventiva formuladas por el Ministerio Público y la parte querellante.
EL CRIMEN INVESTIGADO EN PISCO ELQUI
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:30 horas del lunes 26 de octubre de 2026, al interior de una vivienda de Pisco Elqui.
La investigación sostiene que el imputado, quien era pareja de la víctima y padre de sus tres hijos, la habría agredido sexualmente y posteriormente estrangulado hasta causarle la muerte.
La mujer, de nacionalidad venezolana, tenía 27 años.
Tras conocerse lo ocurrido, Carabineros desarrolló diligencias que permitieron detener al sospechoso durante la madrugada del mismo lunes.
Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Vicuña había ampliado su detención por 72 horas, a solicitud de la Fiscalía, para obtener resultados de la autopsia y reunir otros antecedentes necesarios para la formalización.
SEIS MESES PARA ESCLARECER LOS HECHOS
Con la prisión preventiva decretada este jueves, la investigación continuará bajo la dirección del Ministerio Público, con las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
El caso también mantiene la atención sobre la situación de los tres hijos menores de edad de la víctima, quienes quedaron bajo el cuidado de un adulto responsable.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó una querella por el caso y activó mecanismos de coordinación para entregar apoyo a la familia y gestionar las medidas de reparación contempladas en la legislación vigente.