La polémica comenzó con una particular resolución de la Gobernación del Choapa, que decidió “no autorizar actividades de connotación política durante la semana entre el 13 al 18 de octubre”.
El documento fue extendido en respuesta a una solicitud hecha por organizaciones de Salamanca, quienes tenían previsto la realización de una caravana de vehículos el día 18 de octubre, en conmemoración del primer aniversario del estallido social en Chile.
En conversación con el programa “Sexto Sentido” de Radio Guayacán FM, el Gobernador de la Provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez, justificó su decisión, “esta semana nos llegaron 3 solicitudes, dos de ellas fueron denegadas debido a que tuvimos una reunión con un comité policial con el encargado del Ejército en la provincia. Y porque esta semana se cumple un aniversario del 18 de octubre, lo que decidimos que cualquier tipo de manifestación de carácter político o que pueda generar controversia en la vía pública no la autorizamos, sin perjuicio que después de esta fecha no teníamos ningún problema en autorizar”.
“Esto se debe a una decisión de seguridad pública, hemos tenido una merma importante en la fuerza policial debido a la pandemia, así es que es un temas que se relacionan con la seguridad y la dotación que tenemos”, agregó la autoridad.
Para justificar la decisión, el Gobernador del Choapa explica que “esto se tomó en base a lo que ha ocurrido en Santiago, donde lamentablemente estas autorizaciones son mal entendidas y la gente piensa que les da derecho a ejercer actos violentos. Sin perjuicio a que si no ocupan la vía pública, cualquier persona puede manifestarse de acuerdo a lo que señala la constitución”.
“El año pasado tuvimos dos actos muy violentos sobre todo enfocado en las dos mineras. La quema completa en la entrada de Minera Los Pelambres, como la parte de geología de Minera Tres Valles, fueron pérdidas de varios millones de dólares, se provocaron atentados incendiarios en estas instalaciones que después terminaron en un fallecido”, puntualizó Gálvez.
Respecto a los argumentos de la resolución, la autoridad provincial reconoce que “no se trata de temas políticos, creo que la redacción podría haber sido distinta, esto se analiza caso a caso, no es una medida general. No es una resolución para otro tipo de eventos. Es precisamente para los eventos que esta gente pidió permisos”.
Aquí puedes escuchar la entrevista al Gobernador, desde el minuto 59:50
INDH IRÁ A CONTRALORÍA
Desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), su jefa regional Tarcila Piña, señaló que “nos preocupa que la Gobernación Provincial de Choapa haya prohibido por entero la realización de una actividad pública, solicitada previamente por particulares, porque esta prohibición supone a nuestro entender una vulneración al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, ambos de rango constitucional. Protegido además por tratados internacionales sobre DD.HH. como es el Pacto Internaciones de Derechos Civiles y Políticos”.
“Si bien el ejercicio del derecho a la reunión puede tener ciertas restricciones, estas solo pueden ser las necesarias en una sociedad democrática, o en interés de la seguridad nacional, del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. En otras palabras, se puede restringir el ejercicio del derecho a la reunión cumpliendo ciertos requisitos, pero en este caso, se llegó al punto de su prohibición”, agregó Piña.
Debido a esto, es que el INDH estamos evaluado “acudir a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de este acto administrativo que prohibió el ejercicio de estas garantías constitucionales”.
EXPERTA DICE QUE RESOLUCIÓN “CARECE DE FUNDAMENTO”
La abogada Carolina Salas, doctora en Derecho Constitucional de Dignitas Asociados, indicó que en la resolución de la Gobernación de Choapa carece de fundamento, “en un Estado de Derecho las decisiones de la autoridad deben ser fundamentadas, eso significa que debe utilizar una norma jurídica que avale la objetividad de la resolución”.
Según Salas, el permiso administrativo no es un medio de restricción del derecho a reunirse, pues no es un requisito exigido por la Constitución.” Al ser un derecho fundamental, la Carta exige que sea pacífica y sin armas, por ende el permiso administrativo (regulado en un decreto) tiene por objetivo sólo la coordinación con la fuerza pública”, dijo.
Agregó que la respuesta administrativa de la resolución tiene solo un fundamento político. “El Gobernador se funda en razones políticas, usando presunciones de cómo será la manifestación en Salamanca, usando como referente lo ocurrido en Santiago. Esa es una razón política”, reafirmó la abogada.
