Asociación de Gobernadores Regionales critican la designación del Delegado Presidencial para presidir la Comisión de Evaluación Ambiental

A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras de Chile criticaron las atribuciones del Delegado Presidencial para presidir la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. En el documento, los gobernadores exigen que la Contraloría General de la República reconsidere el dictamen del 02 de julio.

A continuación la declaración:

Declaración pública sobre atribuciones en Comisión de Evaluación Ambiental

Ad portas de una sesión extraordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) en la Región de Coquimbo, instancia que revisará el Estudio de Impacto Ambiental del cuestionado proyecto minero portuario Dominga, el cual incluso mantiene recursos judiciales pendientes en la Corte Suprema, como Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras de Chile exigimos que se reconsidere el dictamen de la Contraloría General de la República que, con fecha 2 de julio, y con una argumentación bastante débil y contradictoria, determina que un Delegado Presidencial asuma la que debiese ser labor del Gobernador Regional.

El ente contralor, en su dictamen, indica que el artículo 86 de la Ley 19.300 dispone que la Comisión de Evaluación Ambiental es presidida por el Intendente. Enseguida, cita el nuevo artículo 111 de la Constitución, que establece que la administración superior de cada región reside en un Gobierno Regional, constituido por un Gobernador y el Consejo Regional. A su vez, el artículo 115 bis del mismo cuerpo legal, dispone que “en cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la región, en conformidad a la ley”. Para, finalmente, dilucidar que la Coeva debe ser encabezada por los delegados presidenciales, toda vez que el Gobierno Regional participa en una etapa previa.

Dicha determinación nos hace revisar qué es lo legal y lo legítimo en este tipo de materias. ¿Es pertinente que los destinos medioambientales de una región queden en manos de un gobierno saliente?, o es legítimo que quienes fuimos electos democráticamente en las urnas, es decir, los gobernadores y gobernadoras regionales lideremos dicha instancia, dado que, tal como lo plantea el nuevo artículo 111 de la Constitución, la administración superior de cada región reside en un Gobierno Regional, constituido por un Gobernador y el Consejo Regional.

En esta línea, el Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, puntualiza que “el representante del territorio y de las distintas regiones es la figura del gobernador, quien es la persona electa por a ciudadanía para representar los intereses y desarrollo de las distintas regiones. Por lo mismo, nos parece un desatino que no sea el Gobernador quien lidere los comités de evaluación ambiental. Nosotros estimamos que, en el caso de Dominga, la labor de la Gobernadora debiera ser efectivamente representar al territorio y representar que no por un proyecto que tiene que generar empleo se sacrifique ambientalmente sectores que tienen otras vocaciones y permitirían a la larga generar una sinergia productiva mucho mayor”.

De igual manera, es importante precisar que Dominga es un claro ejemplo del centralismo, el conflicto de intereses e influencias en materias medioambientales, económicos y sociales, pero tal como este proyecto, que busca emplazarse en la comuna de La Higuera, hay muchos más en el país que deben ser revisados de cara a la ciudadanía, con mayor participación, pero sobre todo representatividad, y esa reside en estos 16 nuevos gobiernos regionales que buscamos la descentralización, la regionalización y la profundización democrática.

La Gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, indicó que “la votación de este miércoles tiene más un simbolismo político que práctico, porque Dominga está rechazada y aquí se está volviendo atrás en un proceso que tiene un conducto regular, y en que nuestras instituciones deben funcionar. Pero, así como ocurre en nuestra región, hay otros símiles de Dominga en el país, y por ello, en primera instancia, exigiremos la reconsideración de la Contraloría respecto a que debemos ser los gobernadores, quienes presidamos la Coeva, mientras observamos lo que pasa con la iniciativa legal que apunta justamente a que sea la primera autoridad regional quien encabece esta importante instancia”.

Asimismo, y como parte del trabajo conjunto como asociación, que ha sido el tenor desde antes que asumiéramos, participaremos de la sesión de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas que continúa justamente con la discusión del proyecto que interpreta la ley 19.300.

En esta línea, el Gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, señaló que “voy a participar con otros gobernadores en la discusión de un proyecto de ley que está en la comisión de Medio Ambiente donde efectivamente se radica en los gobernadores regionales a través de una interpretación de la Ley 19.300 de base de Medio Ambiente, para que sea el gobernador regional y no el delegado presidencial quien lidere eso, porque los procesos de inversión, la coherencia con la estrategia de desarrollo, con las políticas regionales de desarrollo la ve el Gobierno Regional, y lo obvio sería que quien evalúa y que preside la comisión de evaluación de proyectos inversión privado o público sea el gobernador regional”.

Esperamos que, ya sea por la vía de la reconsideración, por el cambio normativo o mediante la revisión de un tribunal superior, se cumpla con la voz soberana de las regiones. Esa voluntad radica y se consagra en la Constitución política del Estado para que los Gobernadores y Gobernadoras cumplan integralmente con lo consagrado en la actual Carta Magna.

Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras de Chile

Marcela Salas Salazar