Este jueves, la Convención Constitucional aprobó la modificación al reglamento y distribución de asignaciones para convencionales, que define un reordenamiento de los montos y plantea un aumento a 77 UTM ($4.020.401) en las asignaciones, y a 82 UTM ($4.281.466) en caso de zonas extremas y escaños reservados.
Con su aprobación, las asignaciones para los constituyentes serán de 40 UTM para personal de apoyo, 27 UTM para asignaciones por manutención y 10 UTM para gastos operacionales.
Aunque, la redistribución generó cuestionamientos desde Vamos por Chile, la comisión de Presupuesto de la Convención descartó que signifique un aumento en el gasto o presupuesto, señalando que se trata de un reajuste en las glosas y que no en una solicitud al Ejecutivo para financiar las asignaciones.
En primera instancia, la indicación presentada por la derecha, que buscaba fijar las asignaciones en $1,5 millones y planteaba eliminar la norma que establece mayores gastos operacionales para convencionales de zonas extremas y de escaños reservados, fue rechazada 29 votos a favor y 112 en contra.
Mientras que la enmienda presentada por la Lista del Pueblo que reducía el gasto en viáticos de 27 a 15 UTM permitiendo que las asignaciones alcanzaran las 65 UTM ($3.393.845) solo alcanzó los 56 votos a favor.
Para el convencional Arturo Zúñiga (UDI), “el discurso de la izquierda en campaña se cae a pedazos“. “Se ratifica el auto aumento, triplicando las asignaciones a $4 millones. Más otros 2.5 millones de sueldo“, dijo.
“Propusimos mantener las asignaciones en $1.566.390 por mes como estaba establecido en la Ley de Presupuestos y no triplicar las asignaciones. 112 votos en contra. Juzgue usted cómo votaron sus convencionales constituyentes”, agregó la constituyente Constanza Hube (UDI).
Además, durante la discusión se aprobó una indicación que señala que no se constituirán asignaciones “los gastos en que incurran los convencionales por funciones de cuidados, debidamente acreditados (…) los que deberán ser restituidos por Segpres en la medida que no cumplan ellos mismos con la provisión de infraestructura y medios necesarios para el cuidado de niños o niñas y personas bajo su dependencia”.
