Concejales de La Serena, presentan denuncia a la Contraloría General de la República contra el alcalde Roberto Jacob y otros funcionarios municipales, por los presuntos delitos de cohecho, soborno, fraude y otras situaciones vinculadas a la contratación, vía trato directo, de la empresa Maquinarias Olmué por un monto presunto de $5 mil millones, para la administración y entrega de agua potable a los sectores rurales de la comuna entre 2016 y 2019.
Daniel Molina, Rayen Pojomovsky, Camilo Araya y Daniel Palominos, firmaron la carta entregada a la Contraloría para que se inicie una investigación en torno a estos hechos y se determine si existen o no fallas administrativas.
La Concejala Daniela Molina, detalló el contenido de la denuncia, indicando que esta información fue remitida por un emisor anónimo a la banca de concejales de Apruebo Dignidad.
“Venimos a poner en conocimiento de esta institución, la denuncia en contra del alcalde de La Serena y otros funcionarios municipales que se nos ha hecho llegar por correo electrónico el día viernes 6 de mayo del presente mes, relativa a hechos que podrían eventualmente revestir la calidad de delitos de cohecho, soborno, fraude entre otras situaciones que aquí se describen. A propósito de la contratación mediante trato directo de la empresa Maquinarias Olmué Limitada por alrededor de $5 mil millones, $7 millones de dólares. El meollo del asunto sería entre el 2016 y el 2019, pero la idea es que se fiscalice y se revise completo hasta el día de hoy”.
Rayen Pojomovsky, indicó que frente a esta situación sólo están cumpliendo con su labor como Concejales de fiscalizar el actuar tanto del alcalde, como de otros funcionarios municipales.
“Nosotros acabamos de entregar el documento y adjuntamos también el correo con la denuncia que se nos hizo llegar a cada uno de nosotros y de nosotras, justamente apelando que debemos asumir nuestra labor y esto tiene que ver justamente con esa acción. Esperamos que se pueda investigar para así esclarecer este tipo de denuncias que nos llegan a nosotros y nosotras y obviamente sentimos y sabemos que es nuestra obligación realizar estas acciones”.
El concejal Daniel Palominos, agregó que a raíz del requerimiento presentado ante del Tribunal Electoral Regional, que solicitaba la destitución del alcalde Jacob, “Es como que se abriera un hoyito, se empezará a agrandar y aparecen más cosas”.
“Nosotros vemos que allí hay una irregularidad y vamos a tirar a la contraloría para que ellos se hagan parte e investiguen hasta donde llega eso, porque en el fondo si uno empieza a mirar lo que está sucediendo es como que se abre un hoyito, se empezará a agrandar y aparecen cosas. Este requerimiento que vamos a hacer, nosotros tenemos conocimiento; nos mandaron una información que es bastante contundente y que nos muestra claramente lo que está sucediendo adentro y nosotros somos concejales nuevos, yo vengo del mundo del arte, me meto en este queso grande que es andar investigando, pero en todo caso me siento contento de estar resguardando la plata de todos nosotros”.
Finalmente, el concejal Camilo Araya, señaló que no manejan la información de si esta denuncia llegó a los demás miembros del concejo comunal y que los pasos a seguir están siendo indicados por el equipo jurídico de la bancada.
“A nosotros nos llega esta denuncia, por lo tanto nosotros estamos cumpliendo con un deber, si nos llega la denuncia tenemos que derivarla a quien corresponda. Desconocemos a los demás concejales, si les llegó lo que debieran hacer es ponerlo también a disposición de la Contraloría o del Ministerio público. Con respecto al tema de la Fiscalía o del Ministerio Público, es un tema que también estamos conversando con asesores y abogados. Vamos a revisar la situación y si debemos llevar a la Fiscalía o a la Policía de Investigaciones, lo vamos a ver; es una situación que estamos evaluando”.
La Contraloría deberá iniciar una investigación y solicitar información a la Municipalidad de La Serena, para elaborar un pre informe y luego el municipio deberá responder. Ante la eventualidad de detectar faltas administrativas, la Contraloría podría enviar los antecedentes al Ministerio Público.
