La gobernadora de la región de Coquimbo, Krist Naranjo, se enfrenta a una posible destitución luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) declaró admisible los recursos presentados por 16 consejeros regionales en su contra, de ser encontrada culpable, Naranjo se convertiría en la primera autoridad en este cargo en ser destituida.
La defensa, encabezada por el abogado Isidro Solis, reviso en radio Guayacan las acusaciones más graves, entre ellas, la malversación de recursos públicos y fraude al fisco, además, se le acusa de no haber cumplido con sus responsabilidades en la ejecución del presupuesto regional, lo que habría afectado el desarrollo de importantes proyectos, igualmente, se le acusa de hacer un uso irregular de vehículos oficiales y viajes al extranjero sin justificación.
El abogado señaló que la defensa alude a la inocencia de Naranjo, indicando que las acusaciones no son suficientes para pedir la destitución de la gobernadora. “Nuestro planteamiento es que los cargos no revisten la gravedad que la ley exige ni existe una pluralidad de cargos establecidos, me topo con un requerimiento que hace muchas afirmaciones que no se condicen con los medios de pruebas con los que contamos”, manifestó
Solis indicó que los cargos presentados en contra de la gobernadora se encuentran fuera de la jurisdicción del Tribunal de Elecciones, como la acusación por uso indebido del vehículo fiscal, que es competencia de la Contraloría General de la República.
“Presentar esta acusación directamente al TRICEL está totalmente fuera de su competencia, es contraloría quien tiene la facultad de investigar y sancionar eventuales ilícitos, por tanto, la decisión de remoción de la gobernadora solo puede ser tomada una vez contraloría dicte la sanción de termino ante la gobernación regional”, manifestó.
El abogado defensor de la gobernadora Krist Naranjo, Isidro Solis, criticó el hecho de que la ley no disponga de un ente para presentar apelaciones, argumentando que el TRICEL asumió como un Tribunal Pleno, por tanto, no existe ente apelativo en caso de que se dictamine la destitución de la autoridad regional.
“Si nosotros tuviéramos una sentencia expulsiva no tenemos donde recurrir para una apelación, se ve afectado la garantía al pleno proceso, nosotros hemos pedido que se corrija, estamos esperando una resolución en ese sentido, porque esto genera una discusión a nivel constitucional,” argumentó.
“Hay una contradicción en la ley, si la sentencia de primera instancia ordena la destitución, el funcionario queda suspendido en el cargo mientras se lleve a cabo la apelación, sin embargo, en estos casos no existe ente apelativo, nosotros advertimos ese defecto así que estamos a la espera de lo que dictamine el TRICEL”, señaló.
Escucha la entrevista completa al abogado de Krist Naranjo aquí.
