La empresa, propiedad de las familias Délano y Garcés, presentó una reclamación para revocar la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero portuario Dominga. Un nuevo intento por evitar que el proyecto que requiere una inversión de US$2.500 millones sucumba ante la oposición de ambientalistas y parte de la comunidad local.
“El actuar del Comité de Ministros fue absolutamente refundacional en su revisión y resolución, al pretender que las etapas previas, ya sea técnicas o judiciales, no le eran vinculantes y podía partir de cero el análisis”, acusó la compañía.
Según Andes Iron, el Comité de Ministros pretende erigirse como un órgano de atribuciones omnímodas, pero sin deberes legales correlativos. Extremando al máximo las amplias facultades que la jurisprudencia de la Corte Suprema le ha reconocido. “El CM no reconoce límites en el ejercicio de su discrecionalidad administrativa, a un nivel tal que ni siquiera estaría constreñido por el control jurisdiccional al que está sujeta la Administración”, complementó.
