El 14 de septiembre de 2017 se promulgó la Ley 20.030, que reguló la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales: riesgo vital de la persona gestante, inviabilidad fetal de carácter letal o embarazo por resultado de una violación. Por tal motivo, en el sexto aniversario de su existencia, las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, Paola Salas, y de la Mujer y Equidad de Género, María Fernanda Glaser, se reunieron con el objetivo de aunar esfuerzos y continuar fortaleciendo este derecho, garantizando el acceso oportuno a nivel regional para todas las mujeres que lo requieran.
Durante todo el período desde que se ha implementado la ley, se han constituido a nivel nacional un total de 4.272 casos, de los cuáles casi 1.300 corresponde a la causal 1 (riesgo de vida de la madre), más de dos mil a la causal 2 (feto con malformación incompatible con vida extrauterina) y 896 por la causal 3 (violación).
Y como el propósito de ambos ministerios es disminuir las brechas de acceso a la Ley IVE, el plan de acción ha estado orientado igualmente a mejorar la calidad en atención a todas las personas que accedan a ella, fortaleciendo la educación ciudadana y de equipos clínicos al respecto, como también los mecanismos de consulta y reclamo a la comunidad.
Además, desde marzo del 2023 se presentó el Manual de Consideraciones para la Inspección Sanitaria y Pauta de Chequeo, cuyo objetivo es definir el proceso para aplicar la debida fiscalización en los recintos asistenciales, completándose un total de 24 en el país, con resultados de la apertura de un sumario sanitario hasta la fecha.
Realidad regional
En la región de Coquimbo, durante el 2023 se aplicó la fiscalización en los 4 centros de salud en donde se proporcionan las atenciones en contexto de esta ley, que son los Hospitales San Juan de Dios de La Serena, San Pablo de Coquimbo, Antonio Tirado Lanas de Ovalle –del sector público- y el establecimiento privado de la capital regional, Clínica Red Salud Elqui.
“Es muy necesario mejorar la implementación de esta ley, por eso desde nuestro Ministerio elaboramos un manual de fiscalización que lo presentamos en conjunto al Ministerio de Salud. El compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric tiene que ver con velar por los derechos, principalmente, de niñas y adolescentes, que son quienes en su mayoría invocan la causal por violación y que acceden a las prestaciones en los distintos establecimientos de salud de nuestra región”, destacó la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, María Fernanda Glaser.
Desde el 2018 hasta la fecha, se registraron 184 casos en la región, siendo la causal 2 la que ha ocurrido con mayor frecuencia (52,7%), seguido de la causal 1 (23,9%) y finalmente la número 3 (23,4%). Destacar, igualmente, que del total de mujeres que se han acogido a la Ley IVE a nivel regional, el 92,4% decide tener un acompañamiento durante el proceso, siendo la dupla psicosocial la que mayor cantidad de atenciones ha efectuado (395).
Paola Salas, Seremi de Salud, explicó que “las mujeres pueden, en los recintos asistenciales disponibles en nuestra región, hacer valer sus derechos, en donde se les preguntará -al encontrarse en alguna de las 3 causales- si es que quieren, voluntariamente, interrumpir el embarazo, porque es un requisito que haya voluntad de la madre. Lo que nos pone muy contentos, además, es el acompañamiento psicosocial, lo que nos hace pensar que estamos implementando la ley de muy buena manera, ejecutando las fiscalizaciones, porque de esta forma podemos garantizar que se materialice efectivamente”.
