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Ministerio Público solicita más de 20 años de cárcel para ex directores implicados en el “PacoGate”

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El ente persecutor formuló acusación contra Bruno Villalobos, Gustavo González y Eduardo Gordon por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Para los dos primeros solicitó 24 años de prisión efectiva, y para el tercero una pena de 14 años. La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte pidió más de 20 años de cárcel para los ex generales directores de Carabineros Bruno Villalobos y Gustavo González, mientras que para Eduardo Gordon solicitó 14 años por el caso “Gastos Reservados”.

En detalle, para el exgeneral director (2008-2011) Eduardo Gordon Valcárcel solicitó una pena de 10 años y un día de cárcel por su presunta participación y autoría en cinco delitos reiterados de malversación de caudales públicos, además de otros cuatro años de presidio por tres delitos reiterados de falsificación de instrumento público.

De acuerdo a la acusación, Gordon tuvo, por concepto de gastos reservados, un monto total de 1.588.017.233 pesos y 320.000 dólares, de los cuales se habría apropiado de una suma aproximada de 77.295.000 pesos y 10.000 dólares. Pese a lo anterior, entre lo que Gordon sustrajo y lo que habría permitido que terceros se apropiaran, la Fiscalía estima que el monto asciende a 1.193.610.872 pesos.

Por su parte, al exgeneral director (2011-2015) Gustavo G onzález Jure se le acusa de haber perpetrado nueve delitos reiterados de malversación de caudales públicos y cuatro delitos reiterados de falsificación de instrumento público. González tuvo a su cargo -también por concepto de gastos reservados- un monto total de 2.147.446.000 pesos y 360.000 dólares, de los que se habría apropiado de una suma aproximada de 122.447.000 pesos y de 4.000 dólares.

Entre lo que habría sustraído y lo que habría permitido que terceros se apropiaran, el monto asciende a 1.226.314.662 pesos. Tanto para González Juré como para Villalobos, la Fiscalía está solicitando una condena total de 24 años de prisión efectiva, más una multa de 15 UTM y la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.

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