En plena hora punta del tránsito vehicular, un sujeto sacó un arma y dispara, lo que alertó de inmediato a 4 funcionarios policiales quienes salieron desde sus oficinas para controlar la situación. Advirtieron a la persona que soltara el arma de fuego. Al recibir la negativa del individuo, los inspectores de la PDI usaron su arma de servicio y le dispararon en las extremidades inferiores.

No obstante, el Director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, confirmó que fueron dos las personas que ingresaron al Hospital de La Serena productos de los disparos, el involucrado en el hecho y un transeúnte que habría recibido un impacto en la ingle, ambos fuera de riesgo vital.

Hasta el instante se desconocen las motivaciones del individuo para generar este impactante hecho policial.

PARTE DE SALUD

De acuerdo a información entregada por el Hospital de La Serena, entregada por el Dr. Robert Zecco, jefe de la Unidad de Urgencia Adulto, “tenemos en nuestros registros el ingreso de un paciente, sexo masculino de 21 años, quien presenta dos heridas de proyectil, una en la zona abdominal y otra en la extremidad inferior izquierda. Se encuentra hemodinámicamente estable y fuera de riesgo vital. El segundo paciente es un masculino de 35 años, quien se encuentra sin riesgo vital y estable, siendo evaluado por nuestro equipo clínico”.

Cabe señalar que el equipo de salud se encuentra en coordinación con el Hospital San Pablo de Coquimbo ya que ambos pacientes presentan requerimiento de manejo traumatológico.

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Los hechos se registraron durante la tarde, cuando oficiales policiales efectuaban diligencias investigativas y controlaron a tres sujetos que se desplazaban en un vehículo particular. Durante la fiscalización, los detectives observaron al interior del automóvil una balanza digital, guantes y un gorro pasamontañas, además de detectar que uno de los ocupantes portaba una sustancia vegetal entre sus pertenencias.

A raíz de estos antecedentes, los individuos señalaron que mantenían arrendado un departamento en un condominio del sector. Al ingresar al inmueble, los detectives efectuaron una revisión del lugar, encontrando dos bolsas contenedoras de cannabis con más de 300 gramos, además de munición calibre 9 milímetros y una pistola calibre 9 mm, junto a su cargador con 15 cartuchos.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres imputados fueron detenidos en flagrancia por infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Control de Armas, quienes serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

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En fallo unánime (causa rol 722-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Christian Le-Cerf Raby, Marcela Sandoval Durán y la fiscala judicial Pilar Aravena Gómez– confirmó la resolución recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.

“Que tal como se advierte del fundamento tercero de la sentencia impugnada, la defensa de la condenada Cortés Cortés alegó como fundamento principal la infracción de garantías constitucionales de su representada, que la hizo consistir, en la vulneración del artículo 7 del Código Procesal Penal, puesto que, no obstante existir sospechas fundadas de participación en el delito imputado a esta, no fue reconocida en tal calidad desde los inicios del procedimiento, lo que tuvo como consecuencia, que prestara declaración desde los albores de la investigación, en diferentes oportunidades, diversos días y en varios horarios, encontrándose cansada y agobiada por el actuar policial, desencadenando una confesión”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Pero más aún en el mismo considerando décimo se concluye que ‘la ponderación y escucha de las declaraciones de los testigos que detentaban la calidad de policías al desarrollar la investigación, aparece claramente que desde la denuncia del hecho hasta el momento en que aporta elementos que mutan su situación procesal, Anita Cortés fue siempre considerada, no solo formalmente, sino sustantivamente como víctima de un robo y como testigo del mismo. No se evidenciaron elementos que permitieran afirmar que los funcionarios policiales manejaban en su fuero interno o en sus conversaciones de trabajo, algún indicio que les hiciere pensar que ella podía tener algún tipo de actuación o injerencia en la ejecución del delito. Por el contrario, se pudo distinguir nítidamente el momento en que su calidad procesal, en el avance de la investigación, mutó de testigo al de imputada, adoptándose en ese momento por quien dirigía la investigación, las medidas de resguardo de sus garantías como tal, las que de hecho ejerció al hacer uso de su derecho a guardar silencio, debidamente asesorada por su abogado defensor”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “Tampoco es posible cuestionar, ni la cantidad de declaraciones ni su extensión, porque tal como se indicó precedentemente, ellas no se verificaron durante solo una jornada, las primeras lógicamente próximas a la denuncia, y las restantes ocurrieron posteriormente, espaciadas en tiempo y duración, por lo que tampoco puede advertirse en este punto ninguna ilegalidad”.

“Si toda afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente, se ha cumplido en la especie, toda vez que la declaraciones efectuadas por los diferentes deponentes, corroboradas entre sí y por los demás elementos de convicción, bajo el cumplimiento y fundamentación en los términos que preceden, aparecen provistos de elementos de credibilidad de sus testimonios que se afincan en los parámetros precisados con antelación, no divisándose la ausencia de una razón para concluir la ejecución de los hechos antes descritos”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el defensor penal público don Carlos Rodrigo Cerda Aguirre en representación de la condenada, en contra de la sentencia definitiva dictada por una sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad el veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, en la causa RIT N° 25-2023, RUC N° 2200585540-7, y en consecuencia, se declara que dicho fallo no es nulo, como tampoco el juicio oral que lo precedió”.

El fallo de primer grado ratificado dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 22 horas del 15 de junio de 2022, al interior de un inmueble ubicado en el sector de Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, lugar destinado al comercio de abarrotes en el primer piso y que en su segundo piso servía de domicilio a Aníbal Santiago Cortes Muñoz, “ingresó Andrés Miguel Cortina Domínguez, quien previamente concertado con la hija de Cortés Muñoz, Anita Isabel Cortés Cortés, que ya estaba en ese lugar, tomó por la espalda a la víctima, para inmovilizarlo y permitir que Anita Isabel Cortés Cortés propinara múltiples puñaladas en el cuerpo de su padre, con un arma cortopunzante”.

Cortés Muñoz intentó defenderse, pero cayó al suelo, lugar en donde Cortina Domínguez lo apuñaló con un cuchillo en el pecho. Entre las numerosas heridas, una cortopenetrante torácica en sector izquierdo con recorrido intracorporal de 13 centímetros le causó la muerta a la víctima; lesión necesariamente mortal aun con socorros médicos oportunos.

Para la ejecución del crimen, Cortés Cortés le facilitó el mismo día de los hechos, a Andrés Cortina un elemento corto punzante, unos guantes y una capucha; acordando, además, actuar en el horario de cierre del local comercial. Asimismo, y con la finalidad de no ser descubiertos, sustrajeron dinero que la víctima guardaba, eliminaron el soporte de videograbación de las cámaras de seguridad del negocio y Anita Cortés se infirió heridas simulando una agresión de terceros, para generar la apariencia de haber sufrido un robo en el local.

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El imputado fue formalizado y está en prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de La Serena.

El fiscal subrogante, Lucas Rivera, dijo que “se intentará recopilar más información sobre la dinámica de los hechos y se realizará prueba de ADN a las especies incautadas en el departamento del imputado y en otras encontradas en el sitio del suceso, en la vía pública”, dijo.

De acuerdo hasta ahora con el desarrollo de la investigación, encargada a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, los hechos tuvieron ocurrencia la madrugada del 8 de junio del 2023, cuando el sujeto con el fin de dar muerte, agredió con arma cortante a la víctima en la zona torácica, en la región precordial. ” Se hizo un trabajo científico técnico del sitio del suceso, levantamiento de cámaras y testigos presenciales, para detener al presunto autor a raíz de una orden de detención emanada desde el Juzgado de Garantía de La Serena”, dijo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.

“Gracias al trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI más la declaración de testigos, prueba audiovisual y biológica que se encontró en el sitio del suceso, se pudo lograr que el tribunal accediera a la medida cautelar”, dijo Rivera.

La investigación tiene 100 días de plazo para culminar las diligencias.

Homicidio en Punitaqui

Por otra parte, la Fiscalía de Ovalle sometió a control de la detención a un sujeto por homicidio ocurrido en el sector Las Ramadas de Punitaqui el fin de semana.

El sujeto quedó con ampliación de la detención por espacio de 48 horas.

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La Brigada Investigadora de Robos La Serena en conjunto con la Fiscalía de Focos lograron reunir la evidencia necesaria que establece la participación de un grupo de adolescentes, entre los 13 y 16 años de edad. Con las pruebas, el tribunal autorizó la entrada y registro a un domicilio de calle Ricardo Peralta, en la Compañía Alta, ubicado al frente de un colegio.

“Personal de esta unidad especializada en conjunto con el Ministerio Público, logran individualizar a los miembros de esta peligrosa banda criminal y establecer su participación en diversos delitos violentos cometidos desde marzo a la fecha. Los adolescentes con armas de fuego, armas cortantes, herían, golpeaban e intimidaban a sus víctimas para sustraer sus vehículos y especies personales como teléfonos móviles, dinero en efectivo, documentos bancarios, entre otros artículos”, informó el subprefecto Fernando Rojas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos La Serena.

Los individuos actuaban de madrugada, se hacían pasar por pasajeros del transporte de aplicación móvil y entre varios abordaban con violencia a los conductores. A una de sus víctimas la hirieron con un arma cortante y a otra la asfixiaron para robar la recaudación del día y un celular. El último delito lo cometieron el 1 de junio, cuando se robaron un vehículo y en ese automóvil se transportaba el líder de
la banda que fue detenido por la PDI, tras la operación “Sub-17”.

“Las denuncias oportunas de las víctimas fueron claves para trabajar con los detectives de la Brigada de Robos, en la identificación de los miembros de esta banda, su modus operandi, y detener a uno de los adolescentes en su domicilio, donde mantenía diversas especies que lo vinculan al menos a 5 delitos de robo con violencia e intimidación. Durante la jornada formalizamos los cargos, el tribunal accedió a la internación provisoria y autorizó un plazo de 100 días para la investigación”, informó el fiscal de Focos Investigativos, Nicolás Shertzer.

En este último mes, la labor de análisis criminal e inteligencia policial suma la tercera banda delictual intervenida por la Brigada Investigadora de Robos La Serena y el Ministerio Público, dejando a sus líderes o integrantes, privados de libertad, para la seguridad de la ciudadanía. Mientras, se estrecha el cerco policial para detener al resto de los imputados que ya están identificados por los detectives, en
estos ilícitos.

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Según vecinos del sector, durante la madrugada se escucharon gritos y forcejeos, lo que indicaría que los hechos se habrían provocado por un altercado. Hasta el momento, se investiga la participación de terceras personas.

El jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, el Subprefecto José Cáceres, indicó que las pericias indican que la muerte del sujeto se debería a un arma cortopunzante a la altura del tórax, lo que provocó su deceso en el lugar.

🟢#Guayacaninforma procedimiento #policial en Gaspar Marín con Nicaragua sector #LasCompañías, por presencia de un cuerpo en la vía pública. #PDI se encuentra realizando las respectivas diligencias. #LaSerena #Coquimbo #Ovalle pic.twitter.com/mSGaQv5Sae

— Guayacán CL (@guayacancl) June 8, 2023

“Por solicitud del Ministerio Público, personal de la Policía de Investigaciones -en este caso la Brigada de Homicidios- se dirigieron al lugar del sector de calle Gaspar Marín a realizar pericias por homicidio con arma corto punzante a sujeto N.N.”, señalo Cáceres.

“En este minuto se están realizando un empadronamiento junto al personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para establecer las causas y circunstancias en las que se produjo el hecho”, puntualizó el subprefecto.

Finalmente, al lugar se dirigió personal del Servicio Médico Legal para hacer levantamiento del cuerpo y determinar la causa de muerte del sujeto.

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Precisamente, la denunciante advirtió que una de las especies sustraídas, una tabla de windsurf avaluada en 7 millones de pesos, era ofrecida en redes sociales a un precio mucho menor.

Al reconocer estos elementos para la práctica deportiva, se comunica con la Brigada de Investigación Criminal La Serena y tras el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, los detectives logran ubicar las especies y a la responsable de su comercialización en la vía pública, en la Avenida del Mar de La Serena mientras mantenía la tabla de windsurf y sus implementos en un automóvil.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena, donde su detención se consideró ajustada a derecho y las especies fueron recuperadas y devueltas a su propietaria”, informó el subprefecto Fabián Anguita, jefe de la Brigada de Investigación Criminal La Serena.

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Los detectives especialistas del Plan Microtráfico Cero realizaron dos intervenciones en domicilios que
fueron denunciados como focos de inseguridad debido a la venta de drogas.

4 imputados por tráfico de drogas en pequeñas cantidades detuvieron en total los detectives del Plan
Microtráfico Cero de la PDI tras desarrollar dos investigaciones en la comuna de Ovalle.

Específicamente, el primer procedimiento se planificó en la población Ariztía, donde una mujer de 31
años fue identificada como responsable de la venta de cannabis y cocaína base en un domicilio ubicado
en el pasaje Odette Álvarez.

“Es un procedimiento de alto impacto social, porque el inmueble quedaba cerca de un jardín infantil y
esta actividad ilícita provocaba incivilidades y representaba una amenaza latente para la comunidad.
La imputada tiene antecedentes policiales, por diversos delitos y en el procedimiento el equipo
Microtráfico Cero incautó cannabis, cocaína base y dinero en efectivo”, informó el subprefecto Daniel
Leal, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle.

El segundo operativo se desarrolló en una vivienda de calle Esmeralda, en la localidad rural de
Huamalata, donde un clan familiar fue desarticulado tras la investigación de los detectives. En este
domicilio la PDI incautó cocaína base y un arma a fogueo modificada para disparar con municiones de
diverso calibre, evidencia que se remitió a los peritajes del Laboratorio de Criminalística Regional.

“Son dos procedimientos con resultados importantes que trabajamos con el equipo Microtráfico Cero.
En esta última operación, los tres imputados, dos hombres y una mujer, chilenos, mayores de edad,
fueron formalizados durante la jornada y quedaron en prisión preventiva. La imputada de 57 años
tiene antecedentes por microtráfico de drogas”, señaló el fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez.

“Esto tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Nosotros hemos
visto como la labor conjunta entre la PDI y el Ministerio Público han logrado decomisos de gran
magnitud, pero también este control del microtráfico permite entregar una sensación de seguridad
mayor. Porque esto impacta en su vida diaria, cotidiana, barrial y va mermando su calidad de vida y
no viven en buenas condiciones a su alrededor, entonces se ha recogido ese malestar de los vecinos”,
expresó Galo Luna, Delegado Presidencial de la Provincia de Limarí.

Respecto a la imputada de la población Ariztía, quedó con arresto domiciliario nocturno y el tribunal
autorizó 60 días para la investigación, el mismo plazo para el procedimiento que se desarrolló en la
localidad Huamalata.

🟢#GuayacanInforma #PDI #Ovalle DESARTICULA 2 CENTROS DE #MICROTRÁFICO DE $DROGAS EN POBLACIÓN #ARIZTÍA Y PUEBLO DE #HUAMALATA

🖱️https://t.co/Omi9h7C5qt

— Guayacán CL (@guayacancl) June 2, 2023

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Según relatan los estudiantes, ambos perros eran cuidados por la comunidad universitaria, pero desaparecieron el sábado 20 de mayo. El jueves aparecieron desollados para una clase de laboratorio de anatomía. Los mismos estudiantes advirtieron que la Universidad consideraría a los perros como un problema para la institución, e incluso enviaron correos para recalcar que el establecimiento no tendría mascotas.

Daniela Molina, concejala de La Serena, declaró que se les negó el acceso a los alumnos para reconocer a los animales, además de la inexistente documentación que acredite la procedencia de los caninos. “Vamos a presentar una querella para que se investigue los hechos y para esclarecer si efectivamente esta denuncia que hacen los alumnos y alumnas es cierto. Acá hay una posible constitución de un delito y se tiene que investigar, también para esclarecer cual es la procedencia de los animales que están acá”, estableció.

Al recinto universitario llegó la Brigada de Investigación Criminal de la PDI por orden del fiscal de turno para realizará las primeras diligencias y determinar el contexto que dio origen a la gravedad del maltrato animal grave. “Por instrucción del Ministerio Público, personal de la PDI desarrolla las primeras diligencias, y el trabajo científico técnico en el sitio del suceso, que ayude a establecer las circunstancias relacionadas con la denuncia”, indicó.

A través de una declaración pública, la Universidad del Alba señaló: “Ya iniciamos una investigación interna para determinar las responsabilidades que les quepan a todas las personas en estos hechos que se denuncian, sean funcionarios, estudiantes, docentes o terceros inclusive”.

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“ La investigación, en conjunto con la fiscalía, establece que un individuo armado estaba provocando inseguridad entre los vecinos. Con la intervención de los detectives en el inmueble, incautamos 2 armas que el residente mantenía adaptadas para el disparo, específicamente una pistola y un revólver con sus respectivas municiones. Durante el registro, nuestro personal también incauta cannabis procesada, clorhidrato de cocaína, que se mantenían en diversos envoltorios de papel y bolsas de plástico, para su venta en pequeñas cantidades” informó el subprefecto Dionel Alfaro, jefe de la Brigada de Investigación Criminal La Serena.

El sujeto, chileno y mayor de edad fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena, “para la formalización de cargos del imputado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y el porte de municiones, quedando en prisión preventiva”, señaló el Fiscal Freddy Salinas.

Dentro de este procedimiento la pareja del hombre, que permanecía como residente del domicilio intervenido, también fue aprehendida, para presentarla ante el tribunal debido a una Orden de Detención Judicial pendiente por el delito de hurto simple.

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