Cuatro oficios enviados por la Contraloría General del República insistieron que la compra de terreno en el sector de San Ramón comuna de La Serena, proyecto por el cual el Gobierno Regional de Coquimbo pactó en $9.800 millones, carecía de la documentación completa para avanzar, no justificó su trato directo y se concretó sin toma de razón. La CGR reaccionó en cuatro ocasiones advirtió las fallas administrativas: 9 de enero, 3 de marzo, 13 de abril y 19 de junio de este año, fechas en las que fueron enviados los oficios con objeciones a un contrato de compra-venta firmado el 9 de octubre de 2019.
El proceso es largo, y cuesta entender la seguidilla de respuestas del Gobierno Regional de Coquimbo, especialmente ahora que el informe final de Contraloría está en manos de la investigación del Ministerio Público. Se sabe hasta la fecha que el proyecto fue presentado por el Municipio de La Serena, priorizado para compensar unas canchas de fútbol perdidas en el CORDEP, Corporación Deportiva de la Cámara Chilena de la Construcción, que renunció a un comodato para que el Municipio (dueño del terreno) los cediera para un hospital. Había que buscar la compensación del sitio deportivo. Un proyecto de 61 mil metros cuadrados fue presentado y con terrenos en el sector de San Ramón. Ahí se construiría el futuro Complejo Deportivo.
El proyecto ingresó a MIDESO (Ministerio de Desarrollo Social) para su RS (Rentabilidad Social) el 27 de marzo de 2019, el 10 de junio de ese año, ya contaba con su aprobación técnica y social, y estaba listo entonces para ser presentado al Consejo Regional. El mismo 10 de junio llegó a comisión en el Consejo Regional para definir su aprobación. Sólo nueve días después era aprobado con nueve votos a favor de la mayoría oficialista del CORE. Apenas dos láminas a la vista, dijeron los Consejeros que se opusieron, “no había información, ni detalle técnico”, aseguraron en las actas. Hubo reclamos y votos para que volviera a comisión, pero esto significa que el proyecto y los recursos demoraran al menos dos semanas más . Finalmente, los recursos fueron aprobados ese 19 de junio de 2019.
Para el 9 de octubre del mismo año ya se realizaba el contrato de compraventa, el cual “no se ajustaba a derecho”, según el organismo contralor en informe de enero de 2020. Ocho meses después, el 31 de agosto recién pasado con el fin de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas, Contraloría iniciaba un sumario.
“Dado que no obstante haber sido representado en cuatro oportunidades, se verificó la inscripción a nombre del Gobierno Regional de Coquimbo de los referidos terrenos y el consecuente pago del precio pactado a los vendedores mediante la entrega de los vales vista emitidos para dicho efecto y, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, se modificaron las cláusulas contractuales que garantizaban que la total tramitación del acto hubiere precedido al pago del precio, lo que podría implicar, además de una falta de cuidado de los recursos públicos involucrados, una grave contravención al principio de probidad administrativa”, informa la CGR al Consejo Regional.
Paralelo al sumario en el Gore Coquimbo, Contraloría envió los datos al Ministerio Público, que ordenó a la Fiscal Regional de Valparaíso, experta en temas de corrupción, iniciar una investigación al Gobierno Regional por fraude al Fisco y al ex intendenta Lucía Pinto, que en medio de este escándalo, presentó su renuncia el sábado 26 de septiembre, para prepara su defensa, según precisó en su ultima declaración pública
INFORME ENERO 2020
En enero de este año ya se le advertía al Gobierno Regional lo improcedente de la contratación directa. “El trato directo constituye una excepción al sistema de propuesta pública, siendo aplicable en los casos que por la naturaleza de la operación sea indispensable”.
Se le indica además al organismo público la modalidad de trato o contratación directa, debe justificar y acompañar todos los antecedentes de sustento, como los títulos de propiedad, el estudio que se efectúe de estos y las tasaciones de los inmuebles respectivos o documentos de base para fijar su justo precio, lo que no sucedió con este contrato específico (…) “lo que no se ha verificado en la especie”, señaló la Contraloría.
En el mismo informe de enero, la Contraloría señala que “es posible advertir que fueron analizados terrenos que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos para la ejecución del proyecto”.
A fin de calcular el precio de los bienes raíces que se adquieren, se acompañaron dos informes de tasación por cada predio. Al mes de enero de 2019 se asignaron los siguientes valores: “al lote 15, un valor comercial de $282.175.803 y $294.443.986; al lote 16, un valor comercial de $293.244.874 y $287.366.469; al lote 17, un valor comercial de $304.872.124 y 292.142.242; al lote 79 y 80, un valor comercial a cada uno de $267.790.624 y $256.632.681; y al lote G, un valor comercial de $2.584.955.604 y $2.585.230.049”, así se afirma en el primero oficio enviado por la Contraloría al Gobierno Regional.
No obstante, el precio final de cada uno en el contrato asciende a $934.600.000, $929.800.000, $957.800.000, $848.100.000, y $5.281.600.000, respectivamente, “sin que de los antecedentes tenidos a la vista se haya podido establecer los fundamentos utilizados para la determinación del precio que se viene pactando”.
SORPRESA LOTE G-1
En el informe de enero se advirtió que algo no calzaba. Mientras el estudio de localización (donde se detallan las aludidas tasaciones) da cuenta de un terreno correspondiente al “lote G” de 51.828.675 m2, propiedad de Inmobiliaria Guayacán SPA, la compraventa final se efectuó respecto al “lote G -1” de menor superficie, 31.312,64 m2, del mismo propietario, aunque el valor seguía siendo el mismo, $5.281.600.000.
Asimismo, repara la Contraloría, el certificado de informaciones previas emitido por la Municipalidad de La Serena, el certificado de no expropiación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el certificado de factibilidad de Aguas del Valle, se refieren al aludido “lote G”, y no al “lote G-1” ,que fue el lote que finalmente se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del Gobierno Regional.
CLAUSULAS IMPROCEDENTES
Para la Contraloría también resultó grave que en el contrato de adquisición firmado el 9 de octubre de 2019, se estipulara una cláusula, la “cláusula tercera”, que señalaba que el precio de venta sería enterado en dos cuotas, siendo la primera de ellas pagada el 20 de diciembre de 2019. Grave porque “dicha estipulación no considera que los actos administrativos sujetos a control preventivo de legalidad, como ocurre en la especie, sólo pueden surtir efectos una vez que han sido tomados razón por esta Contraloría Regional”.
Más grave aún, agrega el documento, porque en el mismo contrato se indicó que el incumplimiento de los plazos allí señalados —hasta el 30 de abril de 2020-, “daba lugar a una indemnización equivalente al 5% del total del precio que se debió pagar por los inmuebles”.
A esto, sume que el primer oficio contralor señala claramente que “no se ha comprobado adecuadamente, y mediante documentación fidedigna, la personería de quienes comparecen a nombre y en representación de las sociedades vendedoras ni la actual vigencia de aquellas”.
INFORME MARZO 2020
Tras las respuestas del Gore Coquimbo, Contraloría nuevamente remite observaciones graves. El tema se centra en los metros cuadrados del proyecto. Se advierte que el contrato de adquisición señala una superficie de de 61.874,738 m2, mientras que el estudio de localización señala 61.875 m2, y en el numeral 5 del acto administrativo se indican 61.875 m2.
El GORE en oficio ordinario N° 555, indica que los m2 definitivos son 58.099,515, pero Contraloría le responde que “dicha suma tampoco se ajusta a lo dispuesto en la cláusula primera del contrato de compraventa respecto de la superficie del lote G-1”. Hay que recordar que el lote G-1 es 20 mil metros cuadrados menos que el original citado en el estudio de localización (el mencionado Lote G), pero fue finalmente el adquirido.
En el informe de marzo se detectó también que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta, el 22 de enero de 2019. Además, el valor de la UF considerado corresponde al 4 y 5 de febrero de 2020, posterior a la firma del contrato ( 9 de octubre de 2019). Esto hizo que el valor ascendiera de $8.755.936.867 a $9.180.664.540,3 respectivamente.
Sin embargo, algo no pudo explicar por el Gore, ni ahora, ni en las respuestas sucesivas enviadas a Contraloría. “No se advierte el fundamento que tuvo a la vista el servicio para fijar el precio de $9.800.000.000, establecido en el contrato”.
INFORME ABRIL 2020
Ya el informe de abril advertía nuevamente de improcedencia del trato directo, e indicaba que no se lograba apreciar la fundamentación que tenía el GORE, para revisar terrenos que no cumplían con “los requisitos mínimos”. Al parecer, la justificación sería que los terrenos considerados estaba en un área denominada de “influencia” (San Ramón), lo que se podría ser cierto sólo si se considera los proyectos privados para ese sector.
Nuevamente, el informe indicaba que es “infundado el precio de $9.800.000.000 establecido en el contrato”.
Por otra parte, se advirtió que los recursos previstos en el presupuesto del GORE para este ítem, $8.215.104.000 para este año, no son suficientes para para solventar el valor del contrato.
INFORME JUNIO 2020
En el cuarto informe Contraloría, se advierte nuevamente la falta de evidencia suficiente para el monto pagado, ya que el GORE Coquimbo aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes.
“No resulta fundado el precio de $ 9.800.000.000 fijado en el contrato que se viene aprobando, pues para su determinación el Gobierno Regional de Coquimbo ha aportado documentos, especialmente tasaciones comerciales de los inmuebles que se adquieren, con valores sustancialmente diferentes (…) Atendido lo expuesto, esta Contraloría Regional no ha podido concluir razonablemente que el precio fijado en el contrato que se sanciona corresponde a su justo valor”.
Además, la Contraloría advirtió que el terreno fue inscrito en el Conservador de Bienes y Raíces a nombre del Gobierno Regional y pagó a la Inmobiliaria Guayacán SpA y otros, 9.800.000.000 sin que la Contraloría haya visado la legalidad del contrato de compra, es decir, sin la toma de razón.
El prescindir del control jurídico de la Contraloría implica una infracción al principio de irretroactividad y una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Por lo anterior, la Contraloría instruyó la realización de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso, proceso que se inició el 31 de agosto pasado.
