El Servicio de Impuestos Internos, a través de su Dirección Regional de La Serena, interpuso una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, contra los representantes legales de las inmobiliarias Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. y todos quienes resulten responsables.
Las empresas, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud vendieron a la Gobernación de Coquimbo en 2020, 6 bienes raíces por $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron, en 2014.
En el marco de la presentación de esta querella, el Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, enfatizó que “lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”.
Luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco, asociado a esta compra, el SII logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021, con la finalidad de detectar si determinación del costo directo de los terrenos para el período comercial 2020, por parte de las sociedades mencionadas, fuera el que correspondía.
A partir de esta auditoría se pudo determinar que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa, mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $.3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado).
Con esta información, el SII inició un proceso de recopilación de antecedentes en contra de las 6 sociedades, lo que permitió detectar que las declaraciones anuales de impuesto a la Renta, correspondientes al Año Tributario 2021, fueron presentadas de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria fraudulenta.
El objetivo de esta planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones.
Origen del caso
Este caso se inició cuando el Ministerio Público comenzó una investigación criminal, luego de haber sido informado, por parte de la Contraloría General de la República, de los resultados obtenidos de una investigación administrativa en la que se detectó la compra, por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, de 6 inmuebles a un precio muy superior al valor real de mercado.
Esta compra se realizó mediante un contrato de compraventa que no habría cumplido con el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, dado que este organismo no aprobó dicha operación.
En el marco de su investigación por fraude al fisco, el Ministerio Público informó al Servicio de Impuestos Internos de los antecedentes, con el objetivo de que este organismo pudiera investigar la posible existencia de Delitos Tributarios.
A continuación las declaraciones del Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer.
Reacciones locales
La información entregada por el SII, tuvo eco en las autoridades regionales, principalmente en el CORE, donde para el consejero regional Javier Vega, esto es un paso importante para poder intervenir e investigar las cuentas de estos privados y clarificar el origen de estos dineros.
Para la consejera Ximena Ampuero, este es un paso importante para transparentar el proceso y poder determinar responsabilidades, en esta larga investigación donde se habrían mal utilizados dineros fiscales.
Finalmente, el consejero reafirma lo mencionado por sus pares, indicando que esta nueva arista que se abre, de poder determinarse las responsabilidades, va a permitir que todos los involucrados en estas transacciones irregulares, deban pagar como corresponde.
