Una nueva polémica, a la larga lista que ya tiene en su historial, sumó la tarde de este martes la Gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo.
En medio de la sesión del Consejo Regional fue increpada por los consejeros regionales Francisco Martínez y Ximena Ampuero, puesto que guardias de seguridad impidieron el paso de funcionarios de la una nueva asociación creada tras supuestos malos tratos de la autoridad, y la falta de defensa de la tradicional agrupación que habría guardado silencio frente a acciones que acusan ser, al menos, impropias por parte de la la gobernadora.
Dede su creación la agrupación ha desarrollado una serie de protestas tanto en el frontis del edificio del Gobierno, como en una sesión del Consejo Regional, donde desplegaron un lienzo que pedía la renuncia de Naranjo.
Los mismos funcionarios intentaron ingresar a la sesión de esta martes del CORE, pero fueron dejados fuera por guardias. A raíz de esto, el Consejero Francisco Martínez le pidió explicaciones “la pregunta es clara ¿por qué usted tiene una orden de no dejar entrar a funcionarios públicos a una sesión que es pública?”
Krist Naranjo primero trató de responsabilizar a la administradora Karina Aguirre, pero cuando la consejera Ximena Ampuero, en ese mismo momento le pidió a Aguirre que dejara entrar a los funcionarios, esta responsabilizó directamente de la decisión a su jefa, Krist Naranjo.
Fue ahí que la Gobernadora, además de silenciar los micrófonos de los Cores, anunció además que se les instruyó un sumario interno a los funcionarios agrupados a la nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, que han sido críticos de la gestión de Naranjo, acusándola de malos tratos constantes al personal, además de mala gestión.
Recordar que además Naranjo fue sentenciada por Contraloría a 2 meses de suspensión del cargo y rebaja del 50% de su sueldo, por mal uso de vehículo fiscal, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema, pero que Naranjo en la práctica no ha comenzado a cumplir, aduciendo que espera que, tras consulta con su abogado, Isidro Solis, espera que Contraloría explique como se debe aplicar la sanción.
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