Tras tres extensas audiencias, este miércoles 28 de mayo finalizó la instancia de formalización en el caso conocido como “Papaya Gate”, considerado el mayor escándalo político-económico en la Región de Coquimbo. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de La Serena, donde el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional para la exintendenta Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres.
Uno de los aspectos más esperados durante las tres jornadas de audiencia fue la determinación de las medidas cautelares para los ocho imputados en el caso “Papaya Gate”, investigados por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Tras la exposición de los alegatos por parte de las defensas y los querellantes, el Juzgado de Garantía de La Serena resolvió que no existe claridad suficiente para establecer con certeza la norma que se encasilla este crimen debido a inconsistencias entre las distintas tasaciones presentadas como evidencia.
En su resolución, la jueza Carolina Baroncini Gálvez explicó que, “no teniendo claridad absoluta acerca del valor del mismo, no podría decir efectivamente si nos encontramos ante la existencia de un ilícito sancionado con pena de crimen”.
En este contexto, la exintendenta, Lucía Pinto y el exadministrador regional, José Cáceres, quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, durante el plazo que dure la investigación, el cual fue fijado en seis meses. Por otro lado, el imputado Pablo Bracchitta quedó sin medidas cautelares, ya que, según lo argumentado por el tribunal, no se logró acreditar que haya incurrido en conductas penalmente relevantes, ni fue posible establecer presunciones fundadas de participación, como exige la Constitución.
En relación con los demás imputados, representantes de empresas vinculadas al caso, el Ministerio Público imputó el delito tributario de declaración maliciosamente falsa en la declaración del impuesto a la renta. Como medida cautelar, el tribunal determinó que quedarán con firma mensual mientras se extienda la investigación. No obstante, el tribunal, acogiendo los argumentos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, estimó que los antecedentes presentados hasta ahora eran insuficientes para acreditar con claridad la existencia del delito.
En ese sentido, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich señalo que “El tribunal consideró que no había elementos suficientes, pero tenemos ahora el plazo de la investigación de 180 días para profundizar en la indagatoria y fortalecer los antecedentes que sean necesarios”.
Con el cierre de esta etapa de formalización, el caso “Papaya Gate” entra ahora en una fase clave de investigación. Mientras tanto, las medidas cautelares decretadas reflejan el carácter preliminar del proceso, en una causa que sigue generando amplio interés público por su alcance político, económico y sus implicancias en la gestión de recursos públicos en la Región de Coquimbo.
