Ante la Contraloría Regional de Coquimbo llegó el diputado Daniel Núñez acompañado de autoridades locales y dirigentes sociales para ser entregar una misiva que busque el pronunciamiento del ente fiscalizador con respecto a la ilegalidad en el cobro en los cambios de los medidores inteligentes.
“Hemos venido a entregar un requerimiento a la Contraloría por la situación el proceso de la integración de este famoso medidor inteligente y todas las normas que se han generado. Hay que clarificarle a la ciudadanía que en ningún acápite de la ley que salió del Congreso estipula que haya una obligatoriedad para instalar el medidor inteligente. Eso es una norma de un nuevo estándar técnico que fijó la Comisión Nacional de Energía, pero al hacerlo no estableció el tipo específico de medidor inteligente que se debía instalar. Producto de eso tenemos una situación contradictoria que ha señalado la Ministra de Energía que teóricamente los medidores inteligentes están instalándose podrían estar fuera de la norma y después podría ser cambiado, por lo tanto esta es una situación muy absurda”, dijo el parlamentario.
Además, el congresista del PC indicó que “lo que queremos señalar es que aquí hay errores administrativos graves, no se puede autorizar por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la instalación de medidores inteligentes sin tener especificados los medidores idóneos, por lo tanto estamos pidiendo que se paralice este proceso de instalación, que se pronuncie la Contraloría respecto de las irregularidades y la Superintendencia que congele el proceso de este cambio de los famosos medidores”.
“Hemos dicho que resolver esta situación hay que generar una ley express que ya fue votada la semana pasada en el Senado y que establezca dos cosas; en primer lugar que el cambio del medidor es voluntario, y el que acceda, y en el segundo lugar, que cuando alguien acceda a tener el famoso medidor inteligente lo que paga la empresa, ese es el tema clave que nosotros debemos reparar para corregir el error cometido, y el compromiso es que esta ley express salga en abril o mayo de este año pues la ley no puede ser anulada, pero esta misiva busca dejar sin efecto las instalaciones de los medidores y por supuesto los cobros a los usuarios”, finalizó Núñez.