Durante la jornada de hoy se llevó a cabo la audiencia de fiscalización por el denominado caso Papaya Gate, considerado el escándalo político- económico más grande en la región de Coquimbo. El caso involucra presuntas irregularidades en la compra de terrenos durante la gestión de la exintendenta regional Lucía Pinto, con un monto total comprometido de 9.800 millones de pesos.
La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Garantía de La Serena, iniciando a las 10:00 horas y extendiéndose hasta las 16:00 horas, debido a la exposición de los alegatos de defensa de los siete imputados y los argumentos de las partes querellantes. No obstante, al no alcanzarse a abordar todos los puntos, la audiencia fue programada para continuar el martes 27 de mayo.
Durante la jornada se dieron a conocer las medidas cautelares para los imputados involucrados y se comunicaron formalmente los cargos en contra de los imputados. En calidad de autores y con grado de desarrollo consumado, fueron imputados Lucía Pinto, José Cáceres y Pablo Bracchitta. En particular, a José Cáceres, exadministrador regional y Lucia Pinto además del delito de fraude al fisco, se les imputa también el delito de negociación incompatible.
Al respecto, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señalo que “en esta solicitud hemos fundado en base a los antecedentes que tenemos en la carpeta investigativa, que son cuantiosos, y hemos requerido medidas cautelares en particular respecto a quienes estamos imputando el delito de fraude al fisco, de arresto domiciliarios nocturno y arraigo”.
Por otro lado, la Fiscalía imputó a representantes de varias empresas por presunta evasión de impuestos, acusándolos de usar un conjunto de sociedades para simular operaciones y así reducir artificialmente las ganancias declaradas. Esto les habría permitido pagar mucho menos impuesto a la renta del que realmente correspondía.
Además, cabe señalar que entre los querellantes se encontraban el senador Daniel Núñez y el concejal Camilo Araya. Sin embargo, a petición de la defensa de uno de los imputados, ambos quedaron fuera como querellantes. El argumento de la defensa fue que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos ya representan adecuadamente el interés público en la causa.
La audiencia continuará maña martes 27 de mayo, cuando se retomen los alegatos pendientes y se definan nuevas diligencias en este emblemático caso de presunta corrupción en la región de Coquimbo.
