Tribunal Constitucional declara inconstitucionales cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas
Un importante revés sufrió el proyecto de ley Escuelas Protegidas luego que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales cuatro de sus disposiciones, eliminando algunas de las medidas más controvertidas de la iniciativa impulsada por el Gobierno para fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
La resolución del organismo se produjo tras requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana, quienes cuestionaron la constitucionalidad de diversas normas aprobadas previamente por el Congreso.
Entre los artículos rechazados por el Tribunal Constitucional se encuentra la facultad que permitía revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias de estudiantes en determinados contextos vinculados a la seguridad escolar. Asimismo, fueron objetadas disposiciones relacionadas con restricciones sobre determinadas vestimentas y accesorios dentro de los recintos educacionales.
Otra de las normas que quedó fuera del proyecto corresponde a la inhabilidad para acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior para personas condenadas por ciertos delitos, una medida que había sido incorporada durante la tramitación legislativa como parte de las sanciones contempladas en la iniciativa.
El proyecto Escuelas Protegidas había sido presentado por el Ejecutivo con el objetivo de enfrentar hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales durante los últimos años, incorporando nuevas herramientas de prevención, control y resguardo para las comunidades escolares.
Durante la discusión parlamentaria, la iniciativa generó un intenso debate entre quienes defendían la necesidad de entregar mayores facultades a los establecimientos para enfrentar situaciones de riesgo y quienes advertían posibles vulneraciones a derechos fundamentales de los estudiantes.
Precisamente, los parlamentarios que recurrieron al Tribunal Constitucional sostuvieron que algunas de las disposiciones aprobadas excedían los límites establecidos por la Constitución, afectando garantías individuales y derechos fundamentales.
Con esta decisión, los artículos objetados no podrán formar parte de la futura legislación, aunque el resto del proyecto continuará su tramitación y podrá convertirse en ley una vez completados los procedimientos correspondientes.
La resolución representa uno de los principales obstáculos enfrentados por esta iniciativa durante su tramitación y obliga al Ejecutivo a continuar la implementación de su agenda de seguridad escolar sin algunas de las herramientas que originalmente había considerado fundamentales para combatir la violencia en los establecimientos educacionales.