RN Y UDI PEDIRÁN RENUNCIA DE JEFE DE GABIENTE DE DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
Ayer por la tarde se reunieron privadamente en el centro de La Serena los líderes regionales de los partidos políticos del oficialismo para hablar de dos temas: uno se relaciona con la Ficha FIBE que se realizó a la vivienda en donde reside el Delegado Presidencial Víctor Pino, y la infracción a la ley de lobby que habría realizado el jefe de gabinete de esta autoridad.
Una cita en la que estuvieron presentes Fernando Toro de la UDI, Joceline Ibacache de EVOPOLI, Loreto Ibarra del Partido Republicano y Juan pablo Villar de RN.
Si bien en la reunión hubo consenso en el apoyo al delegado presidencial, se develaron dos posturas respecto a la situación del jefe de gabinete, Carlos Rodríguez, a quien se responsabiliza de estas dificultades que podrían traer consecuencias administrativas o judiciales.
La presidenta regional del Partido Republicano, Loreto Ibarra, dijo en el programa Ciudad Despierta que “las cosas se podían haber hecho mejor”, y que el respaldo hacia Pino “hasta el momento se mantiene”.
Mientras tanto, el presidente regional de Renovación Nacional (RN), Juan Pablo Villar, respalda el accionar del Delegado Presidencial, “si hubo actuación por iniciativa propia de algún funcionario, eso tendrá que aclararse, tendrá que investigarse y obviamente deberán adoptarse las medidas que correspondan”.
Fuentes a las que tuvo acceso el equipo de investigación de Radio Guayacán, señalan que el representante del Presidente Kast se reunirá a las 16:30 de hoy miércoles con los presidentes de los partidos, de manera extraordinaria.
Las mismas fuentes señalan que al menos RN y la UDI solicitarán directamente a Pino la renuncia de su jefe de gabinete, por lo que consideran errores “imperdonables” en los procedimientos administrativos.
INVESTIGACIÓN
Si bien no existen solicitudes formales de investigación a la Contraloría respecto a este tema, la regulación vigente es explícita. La resolución exenta N° 222 del ente fiscalizador establece que cuando este organismo estima que existen hechos que afectan seriamente el interés público, incluyendo infracciones graves al principio de probidad, puede iniciar de oficio un procedimiento de fiscalización o adoptar medidas dentro de sus competencias.