En el Colegio San Lorenzo, ubicado en el sector La Cantera de la comuna de Coquimbo, están en plena etapa de matrícula, como muchos otros establecimientos de la región.
Sin embargo, un hecho llamó la atención de los apoderados que hacían este trámite. Se trata de una declaración “sobre adhesión especial al proyecto educativo” de este colegio, “con motivo de las movilizaciones sociales”.
El texto, en el que se deben llenar el nombre y RUT del apoderado, junto al nombre del alumno, explicita que “en cumplimiento de deber de cuidado que comparto con la Corporación Colegio San Lorenzo de Coquimbo rechazo que mi pupilo/a paralice de cualquier manera las actividades del establecimiento educacional, así como rechazo que allane sus dependencias, promueva y concrete tomas, agreda a docentes y resto del personal escolar, destruya e inutilice mobiliario y demás recursos didácticos destinados a la enseñanza, así como dependencias recintos escolares, impida el acceso al establecimiento y realice demás actos que pretendan suspender las clases durante el año escolar 2020”.
El escrito además agrega que “en el evento de incurrir mi pupílo/a en las conductas descritas precedentemente, la Dirección solicite de el/la menor de edad una medida de protección de sus derechos y garantías ante el Juzgado de Familia respectivo, todo ello sin prejuicio de denunciar los hechos ante el Ministerio Público en el caso de constituir delitos”.
Nuestro equipo de prensa concurrió al establecimiento para requerir la opinión de su directora, pero desde el colegio respondieron que se encuentra con licencia desde hace dos semanas. Además, los apoderados de enseñanza básica que se encontraban matriculando a sus hijos se manifestaron extrañados por la carta, y que se les comunicó que se trataba de un compromiso de pago en el evento que algún alumno efectuara daños al colegio.
Otros padres manifestaron fuera de micrófono que les extrañaba la declaración, pues durante el estallido social el establecimiento incluso permitió que los estudiantes salieran a manifestarse en las calles.
No obstante, y pese a no entregar declaraciones, desde la Superintendencia de Educación confirmaron la existencia del escrito, e ingresaron una denuncia al sistema de oficio para pedir información al colegio de cuál es la situación, comenzando una investigación reservada del hecho. El director regional de esta entidad, Julián González, declinó entregar declaraciones.
XXXX
Para la abogada de la Corporación Dígnitas, Margot Aguilera, explicó que el acuerdo que “se le intenta hacer firmar a los apoderados tiene variadas irregularidades, incluso podríamos tratarlo de inconstitucional. Estamos hablando de una renuncia al derecho de la libertad de expresión, el derecho a reunión e incluso a manifestarse lo que está contrario a la Comisión Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, e incluso a la Constitución Política de la República. Si bien hablamos de menores de edad, cuando se habla de derechos fundamentales no podemos asociarlo a una edad de ejercicio que los padres puedan o no puedan autorizarlo, el ejercicio de los derechos fundamentales tienen que ver con el nivel de discernimiento de los niños, niñas y adolescentes. Hoy en día un niño de 12 o 13 años sabe perfectamente sobre lo que quiere o no quiere manifestarse”.
“Por otra parte los primeros llamados a educar a sus hijos son los padres, por lo tanto el ejercicio de que manifestarse es bueno o malo o el por qué manifestarse, no se le puede llamar adoctrinamiento, sino que es el ejercicio de la libertad de enseñanza de los padres, y por otra parte no podemos señalar que estamos frente a una adhesión al proyecto educativo por parte de los apoderados, pues un proyecto educativo difícilmente podría prohibir el derecho a la libertad de expresión, y esta adhesión se realiza en el proceso de matrícula”, apuntó la jurista.
