Las causas de Derechos Humanos en la región de Coquimbo suman 160 querellas, ya sea por homicidio, por tortura, por tratos crueles, inhumanos o degradantes. En esas causas, solo hay 5 personas formalizadas, pese a que ya pasaron 10 meses y medio del estallido social. “Vemos con preocupación la lentitud del sistema judicial”, señaló la directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Tarcila Piña.
A nivel nacional, avanzaron las formalizaciones de Germán Gatica y Fabiola Campillai, apoyadas por las investigaciones de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. ¿Qué ha sucedió en la región de Coquimbo?. 160 causas y sólo 5 formalizados, no muy distante de la realidad nacional que da cuenta de 2.200 querellas y el 0.9% ha avanzado en su procedimiento.
Lentitud de un sistema judicial con diversos nudos críticos, uno de ellos el Servicio Médico Legal, explica la directora del INDH. “Estamos preocupados por la falta de las pericias del Servicio Médico Legal, que ha suspendido las atenciones presenciales producto de la pandemia y esta falta de pericias afecta y hace más lenta las investigaciones en curso. Por ejemplo, la entrega de los informes de lesiones, lo que impide tener resultados concretos para poder avanzar en las formalizaciones”.
Delito por torturas es lo más recurrente en las querellas desde el 18 de octubre pasado, y se necesitan pericias especiales, como el Protocolo de Estambul, el cual no se realiza a nivel regional por la falta de peritos profesionales en la materia. Este protocolo es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Pese a lo relevante de la pericia, aun no se aplica en las causas de DDHH de la región de Coquimbo.
En cuanto a los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, se aplicaron pericias del Departamento de Derechos Humanos de la PDI. Sin embargo, este Departamento no se encuentra en ninguna región, a excepción de la Metropolitana. Piña indicó que para los casos de Gatica y Campillai se realizaron pericias que no se habían hecho nunca en el país, y que son imposibles –por ahora- de efectuar en la región de Coquimbo. “Contar con este departamento en las regiones fundamental y en eso el Estado tiene que poner los recursos suficientes para que esa institucionalidad se cree y se forme en las regiones”.
La directora regional del INDH agregó que existe por parte de las victimas una crisis de confianza importante en las instituciones, pero también existe una carga de trabajo en el Ministerio Publico, que da cuenta de 80 causas en manos de un solo fiscal. “Necesitamos que se nombren a fiscales con preferencia y expertos en Derechos Humanos, de otro modo la justicia tardará mucho en llegar”, apunta Tarcila Piña, quien afirma que es el Estado quien debe dar las garantías para facilitar una verdad judicial a las víctimas y sus familias, y una reparación acorde al daño y el sufrimiento que padecieron.
Caso de Romario Veloz
El domingo 20 de octubre del año 2019, durante el estallido social y en una de las manifestaciones ocurridas en La Serena, Romario Veloz un joven ecuatoriano de 26 años, falleció por un disparo en medio de las protestas en La Serena. Más de 10 meses han pasado desde ese día y su caso aún se encuentra en investigación. Una causa compleja, indica la Directora Regional del INDH.
“Se encuentra en investigación, desformalizada, con varias diligencias pendientes y otras que se han realizado. El contexto en el cual se produjo este lamentable hecho fue bastante complejo, donde habían muchos manifestantes y un contingente de funcionarios del Ejército, por lo mismo, el Ministerio Publico está realizando una investigación bastante acuciosa de este caso”, finalizó la abogada.
Puedes ver la entrevista desde el minuto 24.
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