El Gobierno emitió un instructivo, a través de la Dirección General del Servicio Civil, que ordenaba el “retorno seguro” de los funcionarios públicos, el cual fue declarado ilegal por la Contraloría después que distintas asociaciones de funcionarios presentarán recursos de protección y otros instrumentos legales para sustituir la medida.
Uno de estos recursos de protección fue interpuesto por trabajadores de la JUNJI junto con la CUT, en el que solicitaban explicar si el organismo que emitió el instructivo tenía competencias para ordenar al retorno a las labores. En cuanto a esto, uno de los abogados que presentó estas observaciones, Gabriel Osorio, dio a conocer el dictamen de la Contraloría que contraviene esta resolución.
“Al revisar la resolución nos encontramos frente a la sorpresa que el Servicio Civil no tiene la facultad de obligar a los jefes de los servicios públicos a llamar a sus trabajadores para que retornen a sus trabajos”, explicó el abogado y señaló que, según el dictamen, son los jefes de estos servicios los facultados para ordenar el retorno de las labores. “Son solo los jefes del servicio quienes pueden impartir a sus funcionarios el regreso seguro, pero también los hace responsables de estas decisiones administrativas”.
Otro punto importante del dictamen de Contraloría, es que la Seremía de Salud correspondiente tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias de las oficinas públicas.
Al respecto, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) criticó duramente el instructivo del Gobierno, porque no se ha cumplido con las condiciones de seguridad y salud en las reparticiones públicas. “Nosotros denunciamos que en la región se estaba obligando a volver a trabajar a los funcionarios sin que existieran los mínimos protocolos de resguardo a la salud. Se llegó al hecho inaudito de colocarle una anotación de desmerito a dos dirigentas por hacer un chequeo de las condiciones sanitarias del servicio”. señaló Clara Olivares, Presidenta Regional de la ANEF.
