La imputada tenía dos órdenes de detención, una desde el año 2016, por el delito correspondiente a
falsificación o uso malicioso de documentos privados y otro encargo por giro doloso de cheques, aunque
siguen abriéndose nuevas causas en su contra.
La mujer era la representante legal de la Compañía Minera Cumbres Ltda. era la cara visible de la empresa y la encargada de la relación comercial. Sostuvo negocios millonarios desde el 2015, aunque la investigación de la PDI reveló que las actividades comerciales quedaban sólo en el papel, ya que su especialidad era el engaño y la defraudación.
Esta ejecutiva parecía actuar sin límite, llegando a sumar más de mil millones de pesos en perjuicio de
sus víctimas, hasta que los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de La Serena,
comenzaron a seguir sus movimientos.
“El trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, nos permitió ubicar y detener a la imputada
que permanecía prófuga de la justicia, desde el año 2016. La labor investigativa estableció su
responsabilidad en diversos delitos de estafa que fueron denunciados oportunamente y que generaron
2 órdenes de detención en su contra, aunque también tenemos antecedentes de nuevas víctimas”,
señaló el Subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena.
Su detención fue una labor compleja, porque la mujer se cambiaba frecuentemente de domicilio y, cuando salía de su residencia, en el sector Milagro 2 de La Serena, los detectives la detienen para responder ante la Justicia.
“Emitía facturas ideológicamente falsas, para obtener créditos y beneficios económicos en empresas
de factoring, pero eran relaciones comerciales fraudulentas, provocando así un perjuicio por más de
680 millones de pesos. De esta misma forma, adulteraba los informes que presentaba en el Servicio de
Impuestos Internos para aumentar arteramente el crédito fiscal del I.V.A., rebajando
significativamente su carga tributaria, ocasionando un perjuicio fiscal por más de 130 millones de
pesos”, informó el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena.
Entre los afectados, la PDI también trabaja en la denuncia de un particular de la región de la Araucanía
que le habría arrendado maquinaria pesada a la empresa de esta mujer, durante el año 2015. La víctima
señala que se cumplió mensualmente con el compromiso hasta fines de 2016, pero de ahí nunca más
supo de ella, ni de sus máquinas.
Motoniveladoras, retroexcavadoras, cargador frontal y una camioneta, son parte de los vehículos que
no se le devolvieron al propietario, por lo que denuncia un perjuicio económico en su contra, que supera
los 260 millones de pesos.
