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Diputado Manouchehri destapa “casos convenios” por casi $3.000 millones vinculados a Chile Vamos

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El diputado socialista Daniel Manouchehri denunció al aire múltiples casos de convenios de autoridades ligadas a la derecha con fundaciones y otros entes, que datan desde el año 2021.

“Aquí hay que ser bien realistas y decirlo con todas sus letras, en este ‘caso fundaciones’ hay (denuncias) de todos los colores políticos involucrados. La corrupción no tiene color político y tenemos que afrontarla con seriedad, caiga quien caiga, venga de donde venga”, indicó el legislador por la Región de Coquimbo.

En esa línea, Manouchehri señaló algunos ejemplos de convenios relacionados a personeros de oposición. “En la Araucanía, el gobernador Luciano Rivas de Evopoli, cercano a Republicanos, entregó a la Fundación Local de su amigo Héctor Troncoso 2.113 millones de pesos. El mismo gobernador, a la Fundación Coigüe, 400 millones, donde su presidente era Claudia Lillo, ex candidata (a diputada) de Chile Vamos”.

“En Atacama, el 2021, el Gobierno de Piñera entregó recursos a la Fundación Atacama Sueños, donde su directora es Marisel Tapia, cónyuge de Crescencio López de la UDI, quien era jefe de gabinete del seremi de Cultura. En Los Lagos, Fundación Kimün, presidente Juan Huincahue designado por Piñera como consejero de la Conadi. En O’Higgins, Arquiduc, presidente Carlos Acuña de Renovación Nacional, funcionario de Piñera, recibió más de 100 millones de la seremía (a cargo) de Evopoli. Tarapacá, Enlace Urbano, seremi de Piñera se le traspasa durante su gobierno 559 millones de pesos. EnRed, durante el Gobierno de Piñera, el 2021 suscribió seis convenios por 340 millones”, agregó.

Al cierre de su intervención en el panel, Manouchehri recordó la presentación de un proyecto de ley, junto a la diputada del PS Daniella Cicardini, denominado “Fundaciones Transparentes”. La moción contempla modificar la ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana, estableciendo obligaciones que deberán cumplir las organizaciones a fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos que perciban.

 

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