El pasado 10 de agosto el Servicio Electoral de Chile (Servel), publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el próximo 26 y 27 de octubre. En este contexto, el servicio informó que 196 candidaturas fueron rechazadas por tener deuda vigente de pensiones alimenticias, registrándose 11 de estos casos en la región de Coquimbo.
Si bien, tener deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias es causal de inhabilidad para las elecciones de gobernadores, gobernadoras, consejeros regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas; no lo es para la aceptación de candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado. Es por este motivo que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, patrocinarán una de las iniciativas legislativas que permita aplicar esta causal de inhabilidad en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.
La ministra Orellana, fue enfática en señalar que “el no pago reiterado de pensiones de alimentos es una vulneración de los derechos de los niños, es una forma de violencia económica y, por lo tanto, infringe la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debiera cumplir”. Junto a lo anterior, la autoridad explicó que se reunirán con parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores que han impulsado iniciativas con este objetivo, para evaluar “cuál es la opción más rápida para que esto tenga reglas claras lo antes posible, antes de que se inicie un nuevo ciclo electoral”.
Por su parte, el ministro Elizalde aseguró que “actualmente, según la ley, no pueden ser candidatos a elecciones regionales y locales aquellos que forman parte del Registro Nacional de Deudores de Prensiones Alimenticias vigente. Es necesario aplicar esta prohibición también a los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Es incompatible aspirar a cargos de representación popular con ser deudor de alimentos”.
