Uruguay se convierte en el primer país de America Latina en aprobar una ley de eutanasia.
Tras una tramitación legislativa que se extendio por 5 años, Uruguay hizo historia al aprobar la primera ley de eutanasia en America Latina. Con una amplia mayoría en el Senado, el país se convierte en pionero regional en legalizar este procedimiento bajo circunstancias de enfermedad incurable o sufrimiento extremo, reconociendo así el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida.
La votación, realizada este miércoles, contó con 20 votos a favor pertenecientes a la bancada progresista del Frente Amplio, el apoyo de dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional. Esta política impulsada por sectores que defendían el derecho a una muerte digna permitió sacar adelante una iniciativa que había sido debatida intensamente en el Parlamento desde el año 2020.
La nueva ley establece que toda persona mayor de edad que padezca una enfermedad terminal o sufra dolores físicos o psíquicos insoportables, y que se encuentre en plena capacidad mental, podrá solicitar la eutanasia de manera voluntaria. El procedimiento deberá ser evaluado y autorizado por al menos dos médicos, quienes confirmarán el diagnóstico y la voluntad del paciente. En caso de un desacuerdo entre los profesionales, se convocará una junta médica para revisar el caso.
Entre los parlamentarios que votaron a favor del proyecto se encuentra el legislador de izquierda Daniel Borbonet, quien defendió la iniciativa en el senado señalando que “no se trata de estar de acuerdo o no con la decisión que tome el paciente, sino de respaldar que el Estado garantice la posibilidad de que esa persona elija”, expresó.
Por su parte el senador del Partido Colorado, Ope Pasquet, respaldó la iniciativa señalando que la ley es necesaria para quienes enfrentan enfermedades incurables y padecimientos insoportables. “Permitir que esas personas decidan sobre su propio final es un acto de humanidad y coherencia con la tradición liberal y humanitaria de Uruguay”.
La aprobación ha generado un profundo debate social. Los sectores que impulsaron la ley celebraron el avance como un triunfo de la autonomía personal y de los derechos humanos, mientras que los grupos opositores, incluidos representantes de la Iglesia Católica, expresaron preocupación por los posibles abusos y la falta de mecanismos de acompañamiento para pacientes vulnerables.
De esta manera, Uruguay abre un nuevo capítulo en la discusión ética y política sobre el derecho a una muerte digna, consolidando su posición como uno de los países más progresistas de la región en materia de libertades individual
