La Fiscalía de Coquimbo formalizó la investigación a un imputado, de iniciales M.M.M. De 47 años, en calidad de imputado en un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, no detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso oportuno, hechos ocurridos el pasado domingo 7 de julio a eso de las 5 de la madrugada en la caletera ubicada en Peñuelas, a un costado de la ruta 5 que se dirige de sur a norte.
En aquella ocasión una joven de 13 años fue impactada por el conductor, quien 12 horas más tarde se entregó a Carabineros. La adolescente perdió la vida en el lugar de los hechos.
Luego del impacto, el vehículo perdió su máscara y sello de marca, entre otros elementos a raíz del impacto.
La Fiscalía entregó los antecedentes reunidos, como declaraciones de testigos, declaraciones de quienes acompañaban a la joven al momento del impacto, de una mujer que estuvo con el imputado y que dio cuenta que habría consumido alcohol a la hora de la conducción, así como otros antecedentes policiales; la autopsia del servicio médico legal y el trabajo del sitio del suceso efectuado por la SIAT de Carabineros y el Labocar.
Además, otros testigos han indicado -en primera instancia- han dado cuenta de la velocidad que llevaría el automóvil, su visibilidad, entre otros aspectos.
Si bien no se ha podido incorporar la alcoholemia del imputado, de todos modos la jueza de garantía, Carla Rigotti, estimó que hay testimonios y antecedentes suficientes para la imputación de dos delitos. El fiscal Ricardo Salinas, agregó que “sin embargo, a falta del mismo, la ley establece otros criterios que deben ser ponderados en su oportunidad, en la medida que sean acreditados, que si la persona estaba bajo esas condiciones (bajo ebriedad o influencia del alcohol)”.
El fiscal quien ha investigado el caso, entrevistado a testigos y formalizado la indagatoria, agregó que el no prestar ayuda, detenerse y dar cuenta a la autoridad “es parte de otro delito”.
El imputado resultó en prisión preventiva por la cantidad de delitos formalizados y la prognosis de pena, en caso que se prueben los hechos.
Además, fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de diligencias de investigación faltantes, entre ellas, la ubicación de más testigos.
