Según publicó La Tercera, la Corte Suprema finalmente se pronunció sobre Minera Dominga y decidió rechazar las reclamaciones presentadas por Andes Iron, devolviendo el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, el que ahora deberá analizar el fondo del caso.
La Corte Suprema estableció en un fallo de más de 180 páginas que “se rechaza el segundo capítulo de la reclamación deducida por Andes Iron SpA, vinculados a la denuncia de vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros”.
Además indicó que “el Primer Tribunal Ambiental, a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.
La iniciativa de Andes Iron, ligada a la familia Délano y Garcés, había sido rechazada tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros en 2017.
Cabe recordar que la votación en esa instancia generó un verdadero terremoto político durante el gobierno de Michelle Bachelet, el que finalmente se tradujo en la salida del equipo económico de esa administración y que estaba liderado por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y su par de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Dominga es un proyecto integrado de mina y puerto, que se ubicará en la comuna de La Higuera, al norte de la Región de Coquimbo.
En construcción creará 10.000 puestos de trabajo directos y 1.450 cuando esté en operación. Según la empresa, por cada empleo directo se generan unas 2,5 plazas laborales.
El proyecto con una vida útil estimada de 26,5 años contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.
DETALLES
La decisión del Máximo Tribunal es favorable para la reclamación que presentaron los ambientalistas y no para Andes Iron, empresa que acusó vicios en el proceso que llevó adelante el Comité de Ministro.
La Corte Suprema retrotrae el proceso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, indicándole que se pronuncie sobre el fondo del proceso -anteriormente lo hizo solo sobre la forma- y analizar si la información ambiental que se desarrolló en el proceso de evaluación ambiental es suficiente o no para aprobar la iniciativa.
