Una auditoria realizada por Contraloría a los proyectos del año 2018 financiados por el 6% del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) del Gobierno Regional, arrojó graves vulneraciones en las bases administrativas, convenios y reglamentaciones en distintas áreas de los proyectos, tanto en su evaluación técnica, y en su rendición contable. De hecho, se indica en este informe final que se encuentra pendiente de rendición al 8 de noviembre de 2019, un total de $2.443.784.901, desconociéndose a la fecha desde cuándo se encuentran pendientes.
La revisión tuvo por objeto verificar la correcta ejecución de los proyectos de cultura, social, deporte, medio ambiente y seguridad ciudadana adjudicados con recursos del 6% del FNDR durante el período indicado, con el propósito de comprobar si las transacciones realizadas cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias; se ejecutaron teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economicidad; se encuentran debidamente autorizadas, acreditadas y documentadas; sus cálculos son exactos y si están correctamente contabilizadas.
En la primera parte de los resultados de este informe se logró constatar que “el consejero regional Hanna Jarufe participó como proveedor de 20 proyectos, adjudicados por un monto de más de 15 millones de pesos. Por otra parte, la hija de la ex consejera regional Gloria Torres, participó como proveedora de 17 iniciativas valorizadas en un monto de más de 30 millones de pesos”. Actos que significan una transgresión a la probidad administrativa y responsabilidad civil de acuerdo a la ley N° 19.175, debido a que ningún consejero debería formar parte en la discusión y votación de proyectos en que este o sus parientes (hasta la cuarta generación), estén interesados.
En cuanto al mal uso de los presupuestos, esta auditoría corroboró que se usó el “98% de los recursos destinados a 47 proyectos de Capital Social en gastos complementarios, es decir, se usaron solo para cubrir traslados, alimentación y alojamiento, lo que según el informe causó un grave desmedro en los objetivos iniciales de las iniciativas”.
Asimismo, en el informe se precisa que “en 24 iniciativas las rendiciones presentadas no respetaron la estructura de gastos prescritas en los pliegos de condiciones, del mismo modo, se determinó que 53 proyectos no se ajustaron a los plazos de ejecución y rendición estipulados al efecto, a su vez, en 121 iniciativas no se presentaron la totalidad de los antecedentes correspondientes a la rendición de cuentas cualitativa y/o informe de cierre que exige la normativa”.
El informe señala que lo anterior se agrava porque frente a las situaciones enunciadas “el GORE no efectuó en ese período ninguna supervisión a las iniciativas financiadas con el 6% de los fondos enunciados”.
Sobre esta problemática la presidenta del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, señaló en entrevista con “Está Pasando Noticias” de Radio Guayacán que “llamó la atención por cómo se estaba distribuyendo este presupuesto, pero en junio del 2018 nosotros pedimos que se realizara una auditoría, sin embargo, no se hizo”.
Sobre a quién se le solicitó la auditoría en junio del 2018, la consejera regional precisó que se pidió al Ejecutivo del Gobierno Regional. Consultada si corresponde a la Intendenta Lucía Pinto, la consejera respondió “el ejecutivo, efectivamente la Intendenta”.
Sobre la razones por las cuales se postergó la auditoría solicitada en junio de 2018, la presidenta del CORE indicó que “yo desconozco las razones del por qué no se realizó la auditoría, no obstante, este informe se ejecuta debido a que la Intendenta pidió a Contraloría que se haga”.
Acerca de las sanciones que se emitirán a los consejeros involucrados en estas faltas, Peñafiel recalcó que “hay medidas disciplinarias que se pueden tomar en el plano del proceso administrativo y lo otro en materia pública. Pero también pueden haber sanciones penales y en los tribunales electorales”.
Consultada sobre el deber del CORE de llevar este caso a Tribunal Electoral, Peñafiel responde “el informe no obliga hay que dejarlo en claro, la decisión que nosotros tomemos después surgirá del análisis que tengamos del informe”.
La consejera recalcó que este documento no constituye una obligatoriedad de enviar esta causa al Tribunal Electoral Regional, para destituir de su cargo al consejero involucrado, aún cuando la ley N° 19.175 establece que un consejero que realice un acto grave contra la probidad administrativa, podría ser ser enviado a este organismo para tal efecto.
Pese a lo que dice la Presidenta del CORE y la decisión que puedan tomar los Cores la próxima semana, el informe de Contraloría afirma sobre las vulneraciones cometidas y que involucra a un actual CORE y un ex CORE “(…) No obstante, también se comunicará a la Fiscalía Local de La Serena del Ministerio Público para los fines legales que correspondan”.
Sobre los proyecto objetados, el informe señala además, que “el Gobierno Regional debe iniciar un proceso disciplinario con el fin determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos”.
Sobre los recursos aun no rendidos $2.443.784.901, “el Gobierno Regional deberá elaborar un plan de regularización a través de la obtención de las rendiciones de cuentas considerando acciones administrativas y judiciales y/o ajustes contables fundados, que permitan normalizar el saldo objetado”.
El Consejo Regional se reunirá lunes y martes de la próxima semana para revisar este Informe Final de Contraloría de 182 páginas.
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