Contraloria detalla irregularidades en trato directo de compra de terreno para centro deportivo en La Serena

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Investigación del Ministerio Público por presunto fraude al Fisco del Gobierno Regional de Coquimbo, por la compra de un terreno que costó $10 mil millones para fines deportivos, complica a la Intendenta Lucía Pinto y a funcionarios de este organismo público.

En un comunicado público Pinto señala “Contraloría puede investigar cualquier hecho que lo requiera, tenemos absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.

En respuesta, Contraloría detalló lo siguiente:

• La Contraloría General de la República rechazó en cuatro oportunidades el contrato de compra —vía trato directo— de un terreno para la construcción del Centro Deportivo San Ramón de La Serena, suscrito entre el entre el Gobierno Regional (GORE) y la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el 9 de octubre de 2019.

• La Contraloría determinó que el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato directo.

• El organismo de control no tuvo a la vista evidencia suficiente que justificara que el precio fijado en el contrato, $9.800.000.000, correspondiera a su justo valor, ya que el GORE de Coquimbo aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes.

• De hecho, la Contraloría detectó que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta, el 22 de enero de 2019. Además, el valor de la UF considerado corresponde al 4 y 5 de febrero de 2020, posterior a la firma del contrato.

• Por otra parte, se advirtió que los recursos previstos en el presupuesto del GORE para este ítem, $8.215.104.000 para este año, no son suficientes para para solventar el valor del contrato.

• Además, la Contraloría advirtió que el terreno fue inscrito en el Conservador de Bienes y Raíces a nombre del Gobierno Regional y pagó a la Inmobiliaria Guayacán SpAy otros, 9.800.000.000 sin que la Contraloría haya visado la legalidad del contrato de compra.

• El prescindir del control jurídico de la Contraloría implica una infracción al principio de irretroactividad y una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Por lo anterior, la Contraloría instruyó la realización de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso.

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