Limpieza de pozos, medición del nivel de agua, calidad de la misma, problemas de servidumbre y títulos o dominio de derechos de agua, fiscalización y regulación de la extracción de agua, y capacitación a los dirigentes sobre la nueva ley de APR, son entre otros, los principales problemas que hasta ahora ha detectado la comisión especial del APR constituida por acuerdo del Consejo Regional (CORE) y que tras cuatro sesiones ya comienza a tomar forma la propuesta de trabajo que será presentada al intendente para buscar en conjunto soluciones a los problemas.
Así lo planteó la consejera de Choapa, Angela Rojas, presidenta de la comisión Especial de APR, tras la celebración de la cuarta sesión, esta vez con dirigentes de los APR de la provincia de Choapa.
La consejera señaló que la comisión nace fundamentalmente de la preocupación por la problemática del consumo del agua en las áreas rurales de la región, abastecida principalmente por los comités de Agua Potable Rural que administra la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, y los APR artesanales o vulnerables.
En cuanto a su objetivo, indicó que “la idea es trabajar sobre la base de un diagnóstico certero, recopilando toda la información respecto a estudios, pero también recabar información de dirigentes y asociaciones provinciales y comunales de APR que existen en la región, además de conversar con ellos acerca de los problemas y sus posibles soluciones”.
La comisión fijó un plazo de seis meses para recopilar información y desarrollar el plan de trabajo, sosteniendo reuniones virtuales con representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y con dirigentes de las asociaciones de APR de Limarí y Choapa, prosiguiendo luego con los APR de la provincia de Elqui; el observatorio de agua potable rural del CEAZA; y la Subdere con los APR no MOP, entre otros, trabajo que a juicio de la presidenta de la comisión especial, “ha sido muy productivo en términos de que se han detectado problemas comunes a los APR”.
Esta semana se reunió de manera virtual con los dirigentes de la asociación de APR de Choapa, oportunidad en que la presidenta de la organización, Marta Pereira, fue categórica a la hora de exponer los problemas que afectan a los distintos comités y que los tienen preocupados por la baja en los niveles de los pozos.
“Tenemos el tema de las servidumbres, de título o dominio de derechos de agua, de inscripción de pozos, de la profundidad de los pozos, que es de 20 a 25 metros, otros tienen menos, y los agricultores tiene pozos de 50 o 100 metros y ahí quedamos en desigualdad. Hoy en día tenemos problemas en el APR Cañas 1. El pozo no está al 100 %, el nivel bajo en seis metros, estamos preocupadísimos porque se nos van a secar los pozos y nos vamos a quedar sin agua, y yo no digo que los agricultores no hagan plantaciones, pero esto tiene que ser regulado, porque si ellos van a regar, no va a haber agua para la bebida. Y este no es el único caso, esta Canas 2, Doña Juana, Quebrada de Cárcamo, Plan de Horno, estamos en una situación demasiado grave”, puntualiza la dirigente.
Capacitación Ley de SSR
La primera tarea abordada por la comisión con el MOP y la DOH fue la capacitación de los dirigentes sociales de las Asociaciones de APR de la región sobre la implementación y puesta en marcha de la nueva ley N° 29.980 de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en vigencia desde el 10 de noviembre, tras la publicación del reglamento que la regirá.
El gran problema, dice la presidenta de la comisión, es el desconocimiento que existe en las organizaciones de APR respecto a la nueva ley 29.998 y su reglamento para enfrentar los desafíos que vienen, porque el nivel de desarrollo de los APR es muy dispar, “porque unos son muy avanzados en término organizacional y otros bastantes precarios, de manera que las políticas y actividades con cada uno de ellos es variable, de modo que para algunos va a ser fácil acatar la ley, y para otros APR, que no tienen mayor preparación técnica, va a ser muy difícil que se puedan insertar en la nueva modalidad de trabajo”.
En ese sentido, la idea de la comisión integrada por consejeros de las tres provincias es avanzar y ojalá para el mes de abril tener una propuesta concreta que involucre todas las problemáticas detectadas y las eventuales soluciones.
Acuerdos para avanzar
Cabe consignar que independiente del tiempo destinado a este trabajo, la comisión ha ido avanzando en sus propósitos, mediante acuerdos en términos presupuestarios. Uno de esos acuerdos fue solicitar al ejecutivo que el 5% de emergencia del año 2021, se destine en su mayoría para solucionar problemas de los APR de toda la región.
En ese sentido, la presidenta del CORE, Adriana Peñafiel, dijo que recabarán toda la información de las instancias pertinentes, con carácter de urgente para tomar decisiones necesarias para definir acciones concretas.
“Vamos a solicitar al Ejecutivo que se nos informe de la ejecución del 5% de emergencia del año 2020 y el Plan Hídrico que hay para las soluciones sanitarias rurales consideradas por parte de nuestro Consejo Regional como prioridad para la ejecución del presupuesto 2021. Y a la DOH le solicitaremos el catastro de soluciones sanitarias y la demanda de intervención en estos sistemas, con carácter de urgente, porque es necesario conocer o tener a la vista estos antecedentes, y que nos informen de la programación técnica”, precisó la presidenta del CORE.
El CORE como articulador y fiscalizador
En cuanto a lo que puede aportar el CORE, la consejera Ángela Rojas dijo que, es evidente que el Consejo por sí solo, no es mucho lo que puede hacer porque es un problema complejo, pero lo que si pueden hacer es aunar voluntades de los distintos servicios para avanzar más rápido.
“Yo creo que en los dos ámbitos podemos aportar, uno es el rol fiscalizador, que lo tenemos por ley, pero también el rol articulador que podemos ejercer para desarrollar las tareas y funciones que vayan en beneficio del mejoramiento de los APR, porque aquí intervienen muchos problemas, tanto legales, técnicos, organizacionales, laborales. Entonces, son muchas las instituciones que pueden aportar en ir solucionado o apoyando a los distintos Servicios Sanitarios Rurales como se van a llamar ahora. Pero lo que nosotros queremos es cumplir ese rol articulador para ver el problema que ese servicio puede resolver”.
Los pozos ilegales
En cuanto a la sequía que arrastra la región por tanto tiempo, la consejera Rojas dijo que, efectivamente, hay grandes problemas que son directamente a causa de la sequía, pero también hay que reconocer que esos problemas de desabastecimiento vienen dados principalmente por la existencia de pozos que no cumplen todas las condiciones para operar en épocas desfavorables.
La consejera, de amplio conocimiento en el tema hídrico, señala que cuando hay agua sobrante, un pozo de 5 a 10 metros tiene agua, pero a la primera sequía, esos pozos se secan. Entonces lo que hay que incentivar y motivar es a que haya pozos de calidad, pozos profundos que aseguren el abastecimiento de agua, ojalá en el 100 % del tiempo.
Señala que en la región se optó por cubrir la necesidad de agua con los APR, sin ver muy bien cuál era la calidad de las fuentes de abastecimiento. Pero son problemas que se pueden solucionar.
Sobre los pozos ilegales que denuncian los dirigentes, comentó que los pozos ilegales son un tema de toda la región, pero que el problema principal se centra en la falta de recursos y de personal para fiscalizar y de una infraestructura adecuada para la Dirección General de Agua (DGA), servicio del Ministerio de Obras Públicas que cuenta con menos recursos, a lo que se suma la burocracia que envuelve al sistema.
