El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, presentó a las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara una nueva propuesta para sumar al proyecto que fortalece el Estatuto de Protección a las Policías, en la que aclara ocasiones en que funcionarios podrían quedar libres de responsabilidad penal.
De acuerdo a La Tercera, el documento plantea que quedan “exentos de responsabilidad penal cuando se haga uso racional de la fuerza en el ejercicio de sus funciones o en cumplimiento de sus deberes permanentes: Miembros de Carabineros, Policía de Investigaciones, de Gendarmería de Chile, Autoridad Marítima y su personal, en el desempeño de sus funciones de Policía Marítima; Miembros de Fuerzas Armadas, en las funciones que ejercen durante estados de excepción constitucional y actos electorales y plebiscitarios”.
A partir de lineamientos establecidos por la ONU en 1990, el texto “regula las hipótesis en que se entenderá que hay uso racional de la fuerza aplicando principios de necesidad y proporcionalidad de la fuerza policial”, por ejemplo, al cumplir una orden administrativa, como un desalojo, durante una “detención, evitar concreción de riesgo vital, repeler agresión, evitar fuga y disolución de reuniones no pacíficas o con armas”.
Según el Gobierno, esta precisión viene a subsanar la falta de una norma clara que delimite cuándo el efectivo puede usar su arma de servicio -a excepción de lo vertido en el Código de Justicia Militar de 1944-, todo cuando “gran parte de la discusión en tribunales se centra en si se cumplen los requisitos de la legítima defensa general del Código Penal, no las reglas específicas mencionadas”.
“¿Cuál es el nivel de fuerza que un policía puede usar para detener a una persona ante la comisión de un delito? Hoy, el Código Procesal Penal da para detener, pero tenemos distintas interpretaciones y regulaciones. Es necesario entregar la legitimidad que requieren las policías y los encargados del orden público en la actualidad”, expuso Galli ante el Senado.
Con el fin de que la iniciativa se redacte en la ley, la Subsecretaría del Interior pidió a parlamentarios oficialistas ingresar una indicación que norme el uso racional de la fuerza, algo que ya hizo el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) en la Comisión de Seguridad Ciudadana, indicando que la eximente de responsabilidad penal establezca reglas apegadas a los estándares internacionales de derechos humanos.
Agravantes y limitantes contra agresores de funcionarios
Por otra parte, la propuesta del Gobierno busca crear una agravante en ataques a funcionarios de Carabineros, la PDI o Gendarmería, y pide que esta contemple el intento de homicidio, castración, lesiones, acometimiento o resistencia violenta, empleo de fuerza o intimidación contra funcionario, que el imputado esté con el rostro cubierto para ocultar su identidad, o actúe “en grupo o en despoblado”.
El Ejecutivo también pretende indicar en un inciso que condenados por ataques contra efectivos policiales o gendarmes deban cumplir dos tercios de su pena para acceder al beneficio de libertad condicional.
