Luego de 13 años de tramitación, la Ley para la Naturaleza finalizó su tramitación
legislativa luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el informe
que emitió la Comisión Mixta a fines de mayo. Así, el proyecto quedó listo para su
promulgación.
Con 131 votos a favor la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el
informe de la Comisión Mixta que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas (SBAP), quedando ad-portas de convertirse en ley y que busca
resguardar la naturaleza.
Esta ley llevaba 13 años de tramitación en el Congreso y permitirá concretar la
creación de un organismo público para el cuidado de las áreas protegidas del país
y de la biodiversidad que se encuentran al interior y exterior de esos territorios.
Además, este nuevo servicio podrá enfrentar de mejor manera las graves crisis de
pérdida de biodiversidad y cambio climático que afectan a Chile y al planeta.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que “hoy nuestro país dio un
paso histórico para la protección de nuestra rica naturaleza. El Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas es una poderosa herramienta para hacer frente a
la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a
Chile y al mundo entero”.
La ministra agregó que “como Gobierno estamos convencidos de que enfrentar la
crisis de pérdida de especies y ecosistemas es un imperativo, y la creación del
SBAP es una condición habilitante para aquello, porque dotará al
país de un servicio público 100% enfocado en la protección de
naturaleza terrestre y marina, que además contará con el financiamiento para
gestionar las áreas protegidas", agregó.
El proyecto de Ley para la Naturaleza ingresó al Congreso como un requerimiento
para completar la institucionalidad ambiental chilena, conformada actualmente por
el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) y los tribunales ambientales.
Áreas Protegidas de la región de Coquimbo
Según el Ministerio del Medio Ambiente en la región de Coquimbo existen áreas
protegidas con diferentes categorías de conservación, tales como: 1 Parque
Nacional, 2 Reservas Nacionales, 1 Monumento Natural, 4 Sitios Ramsar, 10
Santuarios de la Naturaleza, 2 Bienes Nacionales Protegidos y Reservas Marinas.
Al respecto, el Seremi del Medio Ambiente de la región de Coquimbo Leonardo
Gros destacó que “desde hoy vamos a contar una ley de resguardo para la
naturaleza que permitirá contar con un servicio técnico dependiente del Ministerio
del Medio Ambiente, especializado en la administración, el manejo y la proyección
de todos los ecosistemas que están bajo distintas figuras de protección.”
Actualmente estos lugares de abundante flora y fauna son administrados por
diferentes servicios públicos, entidades privadas y comunidades agrícolas. La
aprobación del SBAP permitirá concentrar la gestión y supervigilancia de las áreas
protegidas en una sola entidad, haciendo más eficiente la gestión del Estado.
Además, se podrá trabajar en planes para el control y la erradicación de especies
exóticas en ecosistemas relevantes, resguardando toda la biodiversidad del país.
El SBAP se levanta sobre cuatro pilares:
• Crea un servicio público robusto que se encarga de la
protección de la biodiversidad.
• Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora
estaban repartidas en más de 5 servicios públicos, provocando un manejo
desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021.
• Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad
en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como
identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración
ecológica y protección de humedales.
• Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la
conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas
(42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con
este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del
Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%.
